Politica
El Estatuto calienta motores
La reforma estatutaria de Asturias puede ser una de las primeras en salir adelante en la nueva legislatura, tras cerrarse la pasada con seis textos aprobados
06.04.08 -
PARLAMENTO. Los integrantes de la ponencia, con la presidenta de la Junta. / JESÚS DÍAZ
En el discurso de investidura con el que inició la legislatura que acaba de concluir, el 15 de abril de 2004, José Luis Rodríguez Zapatero abrió la posibilidad de reformar los estatutos de autonomía de todas las comunidades que así lo decidiesen. Prácticamente todas pusieron en marcha el proceso o, al menos, algún tipo de diálogo político al efecto, pero el mandato se ha cerrado con sólo seis textos aprobados. En el resto de los territorios, Asturias entre ellos, distintas dificultades en el debate entre los partidos en cada comunidad o en la tramitación en el Parlamento español han obligado a aparcar las reformas hasta la legislatura que nace de las elecciones generales del pasado 9 de marzo.
El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, adelantaba a EL COMERCIO el mismo día de la investidura de Zapatero su voluntad de emprender la reforma del Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el procedimiento escogido, con un largo periodo de elaboración de informes por parte de expertos juristas y del Consejo Consultivo y, posteriormente, la negativa del Partido Popular a iniciar el debate político a través de la correspondiente la ponencia parlamentaria antes de las elecciones autonómicas del pasado mayo imposibilitaron hasta entonces iniciar siquiera la tramitación en la Junta General.
Esta situación había dejado al Principado en el furgón de cola del proceso de reformas. Sin embargo, en varias de las comunidades autónomas que ya habían iniciado el debate político sobre sus estatutos antes que Asturias surgieron discrepancias que paralizaron o retrasaron sus tramitaciones. Mientras, en el Principado, después de los comicios regionales se constituyó la ponencia y, aunque está aún en una fase inicial de su trabajo, todos los grupos parlamentarios coinciden en que el debate se puede desarrollar con rapidez y que el nuevo Estatuto puede ser aprobado por las Cortes en la primera mitad de la nueva legislatura nacional. Eso situaría a la región hacia la mitad en el orden cronológico de las reformas.
Situación por territorios
Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía, Aragón y Castilla y León fueron, por este orden, las que consiguieron terminar todo el proceso de modificación estatutaria en el mandato recién concluido. Antes, el Congreso había rechazado tomar en consideración la propuesta de reforma del País Vasco, el polémico 'plan Ibarretxe'. Canarias y Castilla-La Mancha también llegaron a aprobar sus proyectos en los parlamentos autonómicos y a presentarlos en la Cámara Baja (los estatutos necesitan de esa doble aprobación), pero no pudieron llegar a buen fin antes de la disolución de las Cortes. En el caso canario, por las discrepancias entre las fuerzas políticas en el Congreso y en el castellano-manchego, por falta de tiempo material.
Después de estas dos comunidades, el Principado podría ser la tercera en aprobar su Estatuto en la nueva legislatura. Extremadura, Murcia y La Rioja cuentan también con tener sus textos aprobados el próximo cuatrienio, pero su tramitación está aún en fases más iniciales que la asturiana.
En Galicia, las discrepancias entre los partidos impidieron alcanzar un acuerdo imprescindible dada la composición de su Parlamento autonómico, que hace necesario el apoyo tanto de PSOE como de PP y BNG para sacar adelante la reforma. La política lingüística fue una de las cuestiones en las que el consenso fue imposible, como había sucedido ya mucho antes en Navarra, que también tiene paralizada la modificación estatutaria, llamada allí Amejoramiento del Fuero.
Madrid y Cantabria ni siquiera arrancaron el proceso, aunque en el primer caso los responsables del PP, partido que gobierna en esa comunidad, hicieron pública su intención de reformar su Estatuto. Pero la falta de acuerdo de los populares con PSOE e IU ha impedido hasta ahora dar cualquier paso en este sentido.
En Asturias, el pasado 5 de octubre inició su andadura la ponencia parlamentaria que se ocupará de negociar los nuevos contenidos del Estatuto de Autonomía del Principado, integrada por tres diputados de cada uno de los tres grupos parlamentarios, entre los que están los máximos responsables de las formaciones políticas: el secretario general de la FSA, Javier Fernández; el presidente del PP, Ovidio Sánchez, y el coordinador general de Izquierda Unida, Jesús Iglesias. El debate, por tanto, trasciende el ámbito parlamentario e incluye también el de los partidos.
Para sacar adelante la reforma, resulta imprescindible el acuerdo entre socialistas y populares, ya que sin ellos no puede alcanzarse la mayoría cualificada de tres quintos de la Junta General exigido para modificar el Estatuto. Izquierda Unida es matemáticamente prescindible, aunque en principio todos los grupos coinciden en manifestar su preferencia por incluirla en el consenso. Pero si la coalición insiste en considerar imprescindibles asuntos como la oficialidad del asturiano, que la FSA rechaza de plano, lo más probable es que la reforma se adopte por un acuerdo entre las dos formaciones mayoritarias, como se ha venido haciendo hasta ahora en Asturias.
El debate sobre contenidos concretos, en todo caso, aún no ha comenzado, ya que la ponencia, tras paralizar su actividad con motivo de la campaña electoral, terminó sus trabajos preparatorios el pasado día 17 con la recepción de un informe redactado por el letrado mayor de la Junta, Alberto Arce, sobre la materia abordada en las reformas llevadas a cabo en otras comunidades. Su examen por los nueve diputados se llevará a cabo hasta la próxima reunión, el 14 de abril, en la que todos los grupos coinciden en que se pondrán ya sobre la mesa propuestas concretas sobre el nuevo texto del Estatuto asturiano.
El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, adelantaba a EL COMERCIO el mismo día de la investidura de Zapatero su voluntad de emprender la reforma del Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el procedimiento escogido, con un largo periodo de elaboración de informes por parte de expertos juristas y del Consejo Consultivo y, posteriormente, la negativa del Partido Popular a iniciar el debate político a través de la correspondiente la ponencia parlamentaria antes de las elecciones autonómicas del pasado mayo imposibilitaron hasta entonces iniciar siquiera la tramitación en la Junta General.
Esta situación había dejado al Principado en el furgón de cola del proceso de reformas. Sin embargo, en varias de las comunidades autónomas que ya habían iniciado el debate político sobre sus estatutos antes que Asturias surgieron discrepancias que paralizaron o retrasaron sus tramitaciones. Mientras, en el Principado, después de los comicios regionales se constituyó la ponencia y, aunque está aún en una fase inicial de su trabajo, todos los grupos parlamentarios coinciden en que el debate se puede desarrollar con rapidez y que el nuevo Estatuto puede ser aprobado por las Cortes en la primera mitad de la nueva legislatura nacional. Eso situaría a la región hacia la mitad en el orden cronológico de las reformas.
Situación por territorios
Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía, Aragón y Castilla y León fueron, por este orden, las que consiguieron terminar todo el proceso de modificación estatutaria en el mandato recién concluido. Antes, el Congreso había rechazado tomar en consideración la propuesta de reforma del País Vasco, el polémico 'plan Ibarretxe'. Canarias y Castilla-La Mancha también llegaron a aprobar sus proyectos en los parlamentos autonómicos y a presentarlos en la Cámara Baja (los estatutos necesitan de esa doble aprobación), pero no pudieron llegar a buen fin antes de la disolución de las Cortes. En el caso canario, por las discrepancias entre las fuerzas políticas en el Congreso y en el castellano-manchego, por falta de tiempo material.
Después de estas dos comunidades, el Principado podría ser la tercera en aprobar su Estatuto en la nueva legislatura. Extremadura, Murcia y La Rioja cuentan también con tener sus textos aprobados el próximo cuatrienio, pero su tramitación está aún en fases más iniciales que la asturiana.
En Galicia, las discrepancias entre los partidos impidieron alcanzar un acuerdo imprescindible dada la composición de su Parlamento autonómico, que hace necesario el apoyo tanto de PSOE como de PP y BNG para sacar adelante la reforma. La política lingüística fue una de las cuestiones en las que el consenso fue imposible, como había sucedido ya mucho antes en Navarra, que también tiene paralizada la modificación estatutaria, llamada allí Amejoramiento del Fuero.
Madrid y Cantabria ni siquiera arrancaron el proceso, aunque en el primer caso los responsables del PP, partido que gobierna en esa comunidad, hicieron pública su intención de reformar su Estatuto. Pero la falta de acuerdo de los populares con PSOE e IU ha impedido hasta ahora dar cualquier paso en este sentido.
En Asturias, el pasado 5 de octubre inició su andadura la ponencia parlamentaria que se ocupará de negociar los nuevos contenidos del Estatuto de Autonomía del Principado, integrada por tres diputados de cada uno de los tres grupos parlamentarios, entre los que están los máximos responsables de las formaciones políticas: el secretario general de la FSA, Javier Fernández; el presidente del PP, Ovidio Sánchez, y el coordinador general de Izquierda Unida, Jesús Iglesias. El debate, por tanto, trasciende el ámbito parlamentario e incluye también el de los partidos.
Para sacar adelante la reforma, resulta imprescindible el acuerdo entre socialistas y populares, ya que sin ellos no puede alcanzarse la mayoría cualificada de tres quintos de la Junta General exigido para modificar el Estatuto. Izquierda Unida es matemáticamente prescindible, aunque en principio todos los grupos coinciden en manifestar su preferencia por incluirla en el consenso. Pero si la coalición insiste en considerar imprescindibles asuntos como la oficialidad del asturiano, que la FSA rechaza de plano, lo más probable es que la reforma se adopte por un acuerdo entre las dos formaciones mayoritarias, como se ha venido haciendo hasta ahora en Asturias.
El debate sobre contenidos concretos, en todo caso, aún no ha comenzado, ya que la ponencia, tras paralizar su actividad con motivo de la campaña electoral, terminó sus trabajos preparatorios el pasado día 17 con la recepción de un informe redactado por el letrado mayor de la Junta, Alberto Arce, sobre la materia abordada en las reformas llevadas a cabo en otras comunidades. Su examen por los nueve diputados se llevará a cabo hasta la próxima reunión, el 14 de abril, en la que todos los grupos coinciden en que se pondrán ya sobre la mesa propuestas concretas sobre el nuevo texto del Estatuto asturiano.
