El Gobierno de La Rioja, presidido por el popular Pedro Sanz, puso en marcha en 2006 un grupo de estudio con la misión de elaborar una propuesta sobre la que después dictaminó un grupo de juristas. El PSOE -pese a que en Asturias había promovido un procedimiento muy similar- se opuso a este método, alegando que el trabajo debería iniciarse en el Parlamento autonómico. Ahora se espera que en el presente año inicie su andadura la ponencia parlamentaria, con el objeto de aprobar el texto en la próxima legislatura.





