Politica
El PSOE garantiza una financiación «solidaria» que atienda los criterios que defiende Asturias
«La población es importante, pero el envejecimiento o la dispersión también cuentan», asegura Carmen Hermosín, responsable de Política Autonómica La dirección nacional dice que la existencia de cláusulas de inversión del Estado en los estatutos de Cataluña y Andalucía «no debilitará el sistema común»
El PSOE contempla el aumento de la población en España como un criterio «muy importante» de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque también tendrá en cuenta las «especificidades» que presentan las distintas comunidades, como ocurre en Asturias con el envejecimiento de la sociedad o la dispersión de sus ciudadanos por las peculiaridades orográficas. Es la posición de partida que avanza a EL COMERCIO la secretaria de Política Autonómica de la ejecutiva federal socialista, Carmen Hermosín, que asegura que el acuerdo que se alcance entre el Estado y las regiones tendrá una base «estrictamente multilateral, aunque eso no signifique que el Gobierno no pueda mantener conversaciones bilaterales con una u otra autonomía». Hermosín, asimismo, señala que las cláusulas de inversión estatal recogidas en los nuevos estatutos de Cataluña o Andalucía «no debilitarán ni afectarán» al sistema común del que se beneficia el conjunto del país.
En el PSOE se da por sentado que en esta legislatura no sucederá lo mismo que en la pasada y que, esta vez sí, se abrirá el proceso para consensuar un nuevo modelo de financiación. Cabe recordar que entre 2004 y 2008, y pese a que la reforma se había anunciado como uno de los objetivos fundamentales, no se dio ni un solo paso. ¿Cuándo se comenzará a dialogar? Hermosín es cautelosa en la medida en que el Gobierno aún está en funciones y que, al tratarse de una «competencia directa» del ministro de Economía, toca esperar a su ratificación por parte de José Luis Rodríguez Zapatero para dar los primeros pasos. Pese a estas incertidumbres, la dirigente socialista considera que Pedro Solbes, que repetirá en el cargo, priorizará esta cuestión y la abordará «en la primera parte del mandato».
Hay varios elementos que, desde la perspectiva asturiana, preocupan a los responsables políticos. El primero y más relevante es que el Gobierno central tenga en cuenta la población como un principio hegemónico, lo que beneficiaría a las regiones que en los últimos años han ganado más habitantes -caso de Madrid o la Comunidad Valenciana- y dañaría a las que han sufrido un estancamiento demográfico, como ha sucedido con el Principado. «Es lógico que la población sea un criterio indiscutible», admite en este sentido Hermosín, «pero, por supuesto, habrá que contemplar otros factores que tendrán más o menos peso en función de lo que se pacte». El objetivo, argumenta, es «hacer compatibles» las demandas de las autonomías, aunque siempre dentro de unos límites que no conviertan el sistema en un jeroglífico indescifrable.
Frente común
A este respecto, hay comunidades que, incluso a pesar de ser de distinto signo político, comparten intereses comunes y ya han dado los primeros pasos para consensuar una estrategia que haga más fuerte su posición. Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, ha anunciado su intención de construir una 'entente del Noroeste' que incluya, al menos, a Asturias y Galicia. «Es lógico y razonable que haya regiones que coincidan en sus postulados y quieran hacer fuerza, pero siempre que eso no suponga construir frentes de unos contra otros», apostilla Hermosín.
Otra cuestión relevante es el formato en que se desarrollen las negociaciones. La responsable de Política Autonómica asegura que la multilateralidad del diálogo está garantizada, sin que ello impida que el Gobierno pueda conversar sobre el tema con una u otra comunidad autónoma en un momento determinado. Pero el acuerdo final «se hará entre todas las regiones», sentencia. En relación con este tema, cabe recordar que la mayoría de las reformas estatutarias aprobadas hasta ahora ya contemplan comisiones bilaterales entre el Estado y las administraciones autonómicas en materia económica y fiscal, tal y como recoge el informe elaborado por el letrado mayor de la Junta General del Principado.
La relación entre los estatutos de autonomía y el modelo de financiación es otro elemento significativo, después de que en algunas reformas se hayan introducido cláusulas que orientan la inversión del Estado en la comunidad. Así sucede en Cataluña y Andalucía, aunque Hermosín quiere poner claridad sobre el tema. «Esas cláusulas no tienen que ver con la financiación, se limitan a un periodo de tiempo concreto y se centran únicamente en la inversión estatal», detalla. Por tanto, agrega, «no afectarán al modelo común» que asegura la suficiencia económica del conjunto de regiones. Además, quita valor a su trascendencia. «Asturias no las tiene y es la comunidad que recibe más inversión por habitante de las arcas del Gobierno», recuerda.
«Racionalidad»
Frente a las posiciones políticas que alertan del riesgo de que una reforma de la financiación resquebraje el principio de solidaridad interterritorial, la dirigente socialista hace un llamamiento a la calma y a la prudencia política. «La solidaridad está garantizada porque el Gobierno de España asume esa función», destaca, apelando a todas las partes implicadas en el próximo proceso negociador a afrontar el debate «con racionalidad». De lo contrario, «si se utiliza este tema sólo como un arma política, no habrá un nuevo modelo» y las comunidades autónomas, a su juicio, seguirán padeciendo los graves déficits del actual.
asuarez@elcomerciodigital.com
En el PSOE se da por sentado que en esta legislatura no sucederá lo mismo que en la pasada y que, esta vez sí, se abrirá el proceso para consensuar un nuevo modelo de financiación. Cabe recordar que entre 2004 y 2008, y pese a que la reforma se había anunciado como uno de los objetivos fundamentales, no se dio ni un solo paso. ¿Cuándo se comenzará a dialogar? Hermosín es cautelosa en la medida en que el Gobierno aún está en funciones y que, al tratarse de una «competencia directa» del ministro de Economía, toca esperar a su ratificación por parte de José Luis Rodríguez Zapatero para dar los primeros pasos. Pese a estas incertidumbres, la dirigente socialista considera que Pedro Solbes, que repetirá en el cargo, priorizará esta cuestión y la abordará «en la primera parte del mandato».
Hay varios elementos que, desde la perspectiva asturiana, preocupan a los responsables políticos. El primero y más relevante es que el Gobierno central tenga en cuenta la población como un principio hegemónico, lo que beneficiaría a las regiones que en los últimos años han ganado más habitantes -caso de Madrid o la Comunidad Valenciana- y dañaría a las que han sufrido un estancamiento demográfico, como ha sucedido con el Principado. «Es lógico que la población sea un criterio indiscutible», admite en este sentido Hermosín, «pero, por supuesto, habrá que contemplar otros factores que tendrán más o menos peso en función de lo que se pacte». El objetivo, argumenta, es «hacer compatibles» las demandas de las autonomías, aunque siempre dentro de unos límites que no conviertan el sistema en un jeroglífico indescifrable.
Frente común
A este respecto, hay comunidades que, incluso a pesar de ser de distinto signo político, comparten intereses comunes y ya han dado los primeros pasos para consensuar una estrategia que haga más fuerte su posición. Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, ha anunciado su intención de construir una 'entente del Noroeste' que incluya, al menos, a Asturias y Galicia. «Es lógico y razonable que haya regiones que coincidan en sus postulados y quieran hacer fuerza, pero siempre que eso no suponga construir frentes de unos contra otros», apostilla Hermosín.
Otra cuestión relevante es el formato en que se desarrollen las negociaciones. La responsable de Política Autonómica asegura que la multilateralidad del diálogo está garantizada, sin que ello impida que el Gobierno pueda conversar sobre el tema con una u otra comunidad autónoma en un momento determinado. Pero el acuerdo final «se hará entre todas las regiones», sentencia. En relación con este tema, cabe recordar que la mayoría de las reformas estatutarias aprobadas hasta ahora ya contemplan comisiones bilaterales entre el Estado y las administraciones autonómicas en materia económica y fiscal, tal y como recoge el informe elaborado por el letrado mayor de la Junta General del Principado.
La relación entre los estatutos de autonomía y el modelo de financiación es otro elemento significativo, después de que en algunas reformas se hayan introducido cláusulas que orientan la inversión del Estado en la comunidad. Así sucede en Cataluña y Andalucía, aunque Hermosín quiere poner claridad sobre el tema. «Esas cláusulas no tienen que ver con la financiación, se limitan a un periodo de tiempo concreto y se centran únicamente en la inversión estatal», detalla. Por tanto, agrega, «no afectarán al modelo común» que asegura la suficiencia económica del conjunto de regiones. Además, quita valor a su trascendencia. «Asturias no las tiene y es la comunidad que recibe más inversión por habitante de las arcas del Gobierno», recuerda.
«Racionalidad»
Frente a las posiciones políticas que alertan del riesgo de que una reforma de la financiación resquebraje el principio de solidaridad interterritorial, la dirigente socialista hace un llamamiento a la calma y a la prudencia política. «La solidaridad está garantizada porque el Gobierno de España asume esa función», destaca, apelando a todas las partes implicadas en el próximo proceso negociador a afrontar el debate «con racionalidad». De lo contrario, «si se utiliza este tema sólo como un arma política, no habrá un nuevo modelo» y las comunidades autónomas, a su juicio, seguirán padeciendo los graves déficits del actual.
asuarez@elcomerciodigital.com
