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Los jueces dicen que tardarán al menos 6 meses en subsanar el retraso de la huelga
Un informe de la Inspección señala que el conflicto paralizó la actividad del TSJA, la Audiencia y la primera instancia El personal aprueba el acuerdo en el referendo de CSI-CSIF y STAJ y volverá al trabajo con normalidad esta mañana

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FINAL. Los trabajadores votaron ayer en Oviedo. / MARIO ROJAS
El personal de la administración de justicia volverá hoy a trabajar con normalidad después de dos meses de huelga en Asturias, pero los tribunales y los juzgados tardarán en digerir la gran cantidad de asuntos atascados a causa de la larga duración del conflicto laboral. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calcula que los retrasos acumulados equivalen al menos a medio año de labor. El Servicio de Inspección ya tiene lista una radiografía de las consecuencias del conflicto que hoy analizará la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces. Sus conclusiones alertan de que los paros podrían haber llevado al sistema judicial a «graves disfunciones» en poco tiempo.

Según ese documento, el Tribunal Supremo se hallaba ya al borde del colapso, la Audiencia Nacional se enfrentaba a la excarcelación de acusados por actividades terroristas y grandes operaciones de narcotráfico al agotarse sus plazos de prisión preventiva y, en Asturias, ninguna instancia estaba a salvo. La acumulación de expedientes es generalizada en el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), la Audiencia Provincial y casi todos los juzgados de la región. Las salas de lo Contencioso y lo Social de la máxima instancia del sistema legal en la región llevan dos meses sin celebrar vistas ni juicios, y sólo las segundas tienen pendientes de transcripción 677 sentencias y autos judiciales.

La Inspección, que maneja los mismos datos recopilados por los secretarios de gobierno de los que dispone el Ministerio de Justicia, señala también que la suspensión del reparto de asuntos mantiene paralizada la Audiencia Provincial. Sólo la sección séptima de lo Civil y la Octava de lo penal (con sede en Gijón) han celebrado algún juicio en las últimas semanas. En los juzgados de primera instancia de Asturias, el seguimiento de los paros fue desigual. Oviedo, donde las sacas del correo ni siquiera se han abierto, Gijón y Avilés se han empantanado en un largo periodo de espera, mientras que en los partidos judiciales más pequeños se dan todo tipo de circunstancias. La huelga resultó exitosa en Siero, Lena, Laviana y Grado, dejó a medio gas las salas de Langreo y Mieres, y apenas tuvo incidencia en Llanes, Luarca, Castropol y Pravia.

Trámites sin registrar

En los registros civiles, el CGPJ se ha encontrado también con dos tipos de situaciones. Los de Oviedo, Gijón y Mieres han permanecido prácticamente inactivos. Los servicios mínimos han conseguido mantener más al día los del resto de la región, aunque en ninguno se han tramitado expedientes gubernativos y se han aparado otro procedimientos que no acarrean inscripciones.

Las oficinas recuperarán hoy plenamente la normalidad tras vivir ayer una jornada en la que, a pesar de la desconvocatoria de la huelga por las cúpulas de las federaciones del sector público de CC OO y UGT, aún siguieron vivos los últimos flecos del conflicto. CSI-CSIF y STAJ organizaron un referendo para someter al juicio de los trabajadores las condiciones del acuerdo logrado el domingo en Madrid con el ministro Mariano Fernández Bermejo. El 60% de los 560 funcionarios asturianos que participaron en él optaron por aceptar la subida salarial de 190 euros al mes, que se alcanzará por tramos hasta julio de 2009, y por abandonar la huelga.

El final de las movilizaciones ha dejado heridas profundas en las relaciones entre Bermejo y los trabajadores y entre las propias centrales. UGT criticó ayer la organización del referendo y la implicación en él de la organización asturiana de CC OO, a pesar de que la ejecutiva federal del sindicato ya no lo apoyaba.

La resaca del conflicto durará varios meses. Según fuentes sindicales, quedan pendientes más de 47.000 asuntos en Asturias. A falta de negociar los detalles concretos del plan especial de actuación para asumir esa carga de trabajo, calificaron ayer de «imposible» el objetivo del Gobierno de resolverla en tres meses. Para no incumplir la legislación sobre horarios máximos, los funcionarios no podrán dedicarle más de una tarde a la semana. Las mismas fuentes consideran, además, que los jueces no tendrán tiempo material de resolver de una vez los expedientes que vayan completando los funcionarios a su cargo, que, en un juzgado medio, suelen ser siete u ocho.

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