Asturias
Los trabajadores cobrarán hasta 325 euros más al mes por el plan de actuación en los juzgados
El personal podrá dedicar dos horas y media más a la semana en un periodo de tres meses para desatascar las salas tras la huelga UGT considera «irrealizable» el objetivo del Gobierno y critica «la desaparición» de Bermejo
10.04.08 -
PAPELES. Un funcionario del Juzgado de Primera Instancia número 5 y Registro Civil de Gijón, tras una montaña de expedientes. / L. SEVILLA
La prolongación de la jornada para hacer frente a la sobrecarga de trabajo pendiente generada tras dos meses de huelga permitirá al personal de la administración de justicia cobrar hasta 325 euros más al mes. El portavoz del sindicato CSI-CSIF en Asturias, Luis Pérez, calculó ayer que, según los términos del acuerdo logrado el domingo, el plan del ministerio para desatascar los juzgados permitirá a cada funcionario prolongar su jornada semanal en dos horas y media, hasta un máximo de 40. Aunque la fórmula concreta para aplicar esas medidas aún está pendiente de una nueva negociación entre las centrales sindicales y el Gobierno, Pérez señaló que puede avanzarse que se implantará un horario flexible y de libre elección entre las 7.30 y las 18 horas.
El horario obligatorio en los juzgados va desde las 9 a las 14 horas. El resto de la jornada podría hacerse antes o después de esos dos límites. En cualquier caso, ningún trabajador podrá dedicar a la recuperación de las labores atrasadas por el conflicto más de dos horas y media a la semana. La legislación vigente en las administraciones públicas fija en 40 horas semanales el tiempo máximo de trabajo para aplicar planes especiales de actuación. Como máximo, cada empleado podrá añadir a su nómina 12 puntos de retribución al mes. Cada uno de ellos está valorado en 27,11 euros, lo que arroja un total de 325 euros para quienes completen su cupo. Con una excepción. Quienes aprovechen los horarios de las guardias para adelantar trabajo recibirán una compensación superior y podrán rebasar los 400 euros al mes.
Fuentes ministeriales señalaron el domingo, tras el anuncio del acuerdo con los sindicatos, que el plan de recuperación estaría en vigor tres meses prorrogables por otros tres. Sin embargo, los días transcurridos desde entonces han arrojado dudas sobre la viabilidad de ese objetivo desde varias direcciones. Por la parte sindical, el representante de UGT en Asturias, Juan Miranda, cree que ese objetivo «resulta irrealizable» y que llevará mucho más tiempo superar las consecuencias de la crisis. «Incluso tres años», vaticina.
Informe pendiente
Los jueces, por su parte, también aprecian sombras en los cálculos de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial solicitó el martes colaborar con el Gobierno en el diseño de un plan de choque para minimizar el impacto del conflicto. El ministerio, en todo caso, esperará a tener en su poder los resultados de un análisis de la situación encargado a los secretarios judiciales antes de fijar las prioridades y dar cualquier otro paso. Entre tanto, las salas recuperan lentamente el pulso habitual. «El ministro Bermejo vuelve a estar desaparecido, cuando faltan tantas cosas por arreglar. El sistema sólo funciona porque cada juzgado se organiza por su cuenta», lamenta Miranda.
El horario obligatorio en los juzgados va desde las 9 a las 14 horas. El resto de la jornada podría hacerse antes o después de esos dos límites. En cualquier caso, ningún trabajador podrá dedicar a la recuperación de las labores atrasadas por el conflicto más de dos horas y media a la semana. La legislación vigente en las administraciones públicas fija en 40 horas semanales el tiempo máximo de trabajo para aplicar planes especiales de actuación. Como máximo, cada empleado podrá añadir a su nómina 12 puntos de retribución al mes. Cada uno de ellos está valorado en 27,11 euros, lo que arroja un total de 325 euros para quienes completen su cupo. Con una excepción. Quienes aprovechen los horarios de las guardias para adelantar trabajo recibirán una compensación superior y podrán rebasar los 400 euros al mes.
Fuentes ministeriales señalaron el domingo, tras el anuncio del acuerdo con los sindicatos, que el plan de recuperación estaría en vigor tres meses prorrogables por otros tres. Sin embargo, los días transcurridos desde entonces han arrojado dudas sobre la viabilidad de ese objetivo desde varias direcciones. Por la parte sindical, el representante de UGT en Asturias, Juan Miranda, cree que ese objetivo «resulta irrealizable» y que llevará mucho más tiempo superar las consecuencias de la crisis. «Incluso tres años», vaticina.
Informe pendiente
Los jueces, por su parte, también aprecian sombras en los cálculos de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial solicitó el martes colaborar con el Gobierno en el diseño de un plan de choque para minimizar el impacto del conflicto. El ministerio, en todo caso, esperará a tener en su poder los resultados de un análisis de la situación encargado a los secretarios judiciales antes de fijar las prioridades y dar cualquier otro paso. Entre tanto, las salas recuperan lentamente el pulso habitual. «El ministro Bermejo vuelve a estar desaparecido, cuando faltan tantas cosas por arreglar. El sistema sólo funciona porque cada juzgado se organiza por su cuenta», lamenta Miranda.
