GIJÓN
El 60% de los 12.000 pacientes con esquizofrenia de Asturias hace una vida normal
Los familiares ven necesarios cambios legales para que un juez pueda obligar a un enfermo a iniciar su tratamiento Los expertos apuntan que «las familias son las primeras víctimas» y acusan la falta de infraestructuras adecuadas
JUICIO. Los abogados de la familia de Borja Solar, el niño degollado en 2004 en el parque de Isabel la Católica, al inicio de una de las sesiones de la vista. / P. UCHA
Casi dos tercios de las personas que sufren algún grado esquizofrenia hacen una vida normal y no precisan de un control específico por parte de las autoridades sanitarias, según explicó ayer el presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Asturias (Afesa), Nel Anxelu González Zapico. De acuerdo con sus estimaciones, en el Principado existen entre 12.000 y 14.000 personas con esta enfermedad, que estadísticamente afecta a algo más del 1% de la población. Sin embargo, destaca que no todos los casos son iguales y existen diferentes niveles en la enfermedad. «Se podría decir que un 30% lleva una vida prácticamente normal y otro tanto, con tratamiento adecuado, puede hacerlo sin dificultad». Una tercera parte, sin embargo, son los que podrían considerarse como «casos severos» más específicos, que si requieren un mayor control. «Es importante que se haga un seguimiento real de las personas que verdaderamente lo necesitan». Según datos del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), en 2007 fueron atendidos en diferentes consultas 3.197 pacientes con psicosis esquizofrénica.
A raíz de la sentencia referida al asesinato del niño de 6 años Borja Solar por parte de Ramón del Barrio, que padecía esta enfermedad en uno de sus grados más severos, Nel Anxelu González recordó la necesidad de mejorar el funcionamiento del actual sistema médico de salud mental en el Principado, «con recursos que permitan una atención más completa de los enfermos».
Vieja aspiración
El presidente de Afesa recordó que una de las aspiraciones pendientes de la asociación es lograr atajar el «vacío legal» que impide que se pueda obligar a los pacientes a iniciar un tratamiento contra su propia voluntad. De hecho a lo largo de la última legislatura se plantearon modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el sentido de conseguir una normativa «que permita que los jueces cuenten con un instrumento legal que les permita, a instancias de un médico, obligar a un paciente a tomar la correspondiente medicación aunque éste se niegue a ello». Nel Anxelu apuntó que «muchos de estos enfermos no reconocen que lo son y se niegan a seguir un tratamiento. No se trata de usurpar su libertad, pues una vez inicie la medicación él mismo se dará cuenta de que tiene que seguirla».
Pese a todo, desde Afesa consideraron que la medicación «no es una panacea» y solo debe entenderse como un tratamiento inicial contra la enfermedad. «Se necesitan otro tipo de servicios sociosanitarios como programas orientados a la inserción laboral, diversos talleres... Cualquier cosa que les ayude a seguir una vida normal. La atención al enfermo debe tener un seguimiento en el tiempo, con apoyos también para la familia».
También coincide en la necesidad de poner más medios para la atención de los enfermos mentales Juan Antonio Gil López, psiquiatra y ex presidente de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría, quien asegura que «las primeras víctimas de estas personas son sus propias familias, que tienen que adaptar toda su vida las pautas, ritmos y extravagancias de los enfermos». Gil López lamentó que en muchas ocasiones los familiares se sienten inútiles «porque cuando piden ayuda apenas se les hace caso, ya que si el paciente se niega a seguir tratamientos no hay ninguna posibilidad de actuación». Exige, al igual que Afesa, que se estudie la posibilidad de intervención por parte de la autoridad judicial.
Por otra parte, aseguró que no se pueden achacar culpas a los profesionales, «porque con la elevada carga de pacientes que tienen que atender, se ven incapacitados para ofrecer tratamientos que requieren de más paciencia, como psicoterapias o terapias de apoyo a las familias». Criticó la ausencia de infraestructuras y eslabones intermedios entre los ambulatorios y los hospitales: «Se necesitan más centros de día, alojamientos de noche y, por ejemplo, talleres de laborterapia», dijo. En su opinión el panorama actual en la atención a la salud mental «es desolador, porque el enfermo mental grave no es rentable para la administración».
A raíz de la sentencia referida al asesinato del niño de 6 años Borja Solar por parte de Ramón del Barrio, que padecía esta enfermedad en uno de sus grados más severos, Nel Anxelu González recordó la necesidad de mejorar el funcionamiento del actual sistema médico de salud mental en el Principado, «con recursos que permitan una atención más completa de los enfermos».
Vieja aspiración
El presidente de Afesa recordó que una de las aspiraciones pendientes de la asociación es lograr atajar el «vacío legal» que impide que se pueda obligar a los pacientes a iniciar un tratamiento contra su propia voluntad. De hecho a lo largo de la última legislatura se plantearon modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el sentido de conseguir una normativa «que permita que los jueces cuenten con un instrumento legal que les permita, a instancias de un médico, obligar a un paciente a tomar la correspondiente medicación aunque éste se niegue a ello». Nel Anxelu apuntó que «muchos de estos enfermos no reconocen que lo son y se niegan a seguir un tratamiento. No se trata de usurpar su libertad, pues una vez inicie la medicación él mismo se dará cuenta de que tiene que seguirla».
Pese a todo, desde Afesa consideraron que la medicación «no es una panacea» y solo debe entenderse como un tratamiento inicial contra la enfermedad. «Se necesitan otro tipo de servicios sociosanitarios como programas orientados a la inserción laboral, diversos talleres... Cualquier cosa que les ayude a seguir una vida normal. La atención al enfermo debe tener un seguimiento en el tiempo, con apoyos también para la familia».
También coincide en la necesidad de poner más medios para la atención de los enfermos mentales Juan Antonio Gil López, psiquiatra y ex presidente de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría, quien asegura que «las primeras víctimas de estas personas son sus propias familias, que tienen que adaptar toda su vida las pautas, ritmos y extravagancias de los enfermos». Gil López lamentó que en muchas ocasiones los familiares se sienten inútiles «porque cuando piden ayuda apenas se les hace caso, ya que si el paciente se niega a seguir tratamientos no hay ninguna posibilidad de actuación». Exige, al igual que Afesa, que se estudie la posibilidad de intervención por parte de la autoridad judicial.
Por otra parte, aseguró que no se pueden achacar culpas a los profesionales, «porque con la elevada carga de pacientes que tienen que atender, se ven incapacitados para ofrecer tratamientos que requieren de más paciencia, como psicoterapias o terapias de apoyo a las familias». Criticó la ausencia de infraestructuras y eslabones intermedios entre los ambulatorios y los hospitales: «Se necesitan más centros de día, alojamientos de noche y, por ejemplo, talleres de laborterapia», dijo. En su opinión el panorama actual en la atención a la salud mental «es desolador, porque el enfermo mental grave no es rentable para la administración».
