OPINIÓN ARTICULOS
El eterno problema de la Justicia
10.04.08 -
EL 24 de diciembre de 1811 Agustín de Argüelles, diputado por el Principado de Asturias en las Cortes reunidas en Cádiz desde agosto del año anterior, concluyó la lectura pública del 'Discurso preliminar a la Constitución de la Monarquía Española', redactado por él. En uno de los puntos del 'discurso' se dice: «Uno de los principales objetos de la Constitución es fijar las bases de la potestad judicial, para que la administración de justicia sea en todos los casos efectiva, pronta e imparcial. Esto es, que en los juicios civiles el que litiga con derecho y buena fe pueda estar seguro que obtendrá lo que solicita, o que no será despojado de su propiedad o perjudicado en sus intereses; y en las causas criminales, convencido el delincuente que nada podrá salvarle de la pena condigna a su delito, y el inocente seguro de hallar en la ley todos los medios de triunfar de las artes, malicia y poder de sus enemigos».
Y, más adelante, bajo la rúbrica 'Administración de Justicia', añade: «La reforma de las leyes criminales es sobre todo muy urgente, porque teniendo por objeto las acciones en que pueden interesarse inmediatamente la vida, la libertad y la buena reputación de las personas, toda dilación en su mejora es de la más grave trascendencia, todo error puede acarrear daños irreparables. De aquí se sigue que el arreglo de la potestad judicial en toda la extensión que comprehende la administración de justicia en lo civil y criminal exige mucha escrupulosidad y circunspección. No bastan leyes que arreglen los derechos entre los particulares, que castiguen los delitos y protejan la inocencia; es necesario que lo que disponen sea, según se ha dicho, ejecutado irremisiblemente con prontitud e imparcialidad».
Es muy triste pensar que, casi doscientos años después de redactado el texto anterior, previo a la Constitución liberal gaditana cuyo bicentenario celebraremos en 2012, una de las quejas más habituales sobre la Justicia sea la relativa a su lentitud. Pero lo cierto es que dos noticias recientes vienen a desacreditar al tercer poder constitucional del Estado: la muerte de la niña onubense Mari Luz Cortés y la prescripción de la responsabilidad criminal del grapo Martín Ponce. Únase al primero de los casos citados el lamento de los jueces sevillanos, al que se refería el pasado domingo un diario madrileño, que reconocen ser incapaces de resolver los más de 14.000 asuntos que se acumulan sobre las mesas, sillas y suelos de sus juzgados, y el panorama resultará desolador para los abogados, incapaces de satisfacer los intereses de sus clientes en un plazo razonable de tiempo, desalentador para jueces y magistrados -en algunos casos, poco motivados-, y vergonzante para el Estado de Derecho. Éste, aparece descompensado y 'cojo', en la medida en que uno de sus tres poderes se arrastra renqueante a la vista de los ciudadanos que integran el pueblo español, del que emana la justicia, quienes asisten indiferentes a una representación que sólo produce su indignación cuando salen a escena las emociones más primarias.
El pasado domingo José Aurelio Álvarez, abogado y antiguo alcalde de Siero, opinaba en EL COMERCIO que es una hipocresía escandalizarse por los retrasos crónicos de los juzgados, conocidos y tolerados por los políticos, los profesionales del Derecho y la misma «ciudadanía, que prefiere leer la sección de deportes y que se manifiesta cuando su equipo desciende y abuchea al entrenador».
El mismo día, por la noche, veía en televisión la escenificación del acuerdo entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios no transferidos a las comunidades autónomas, que ponía fin a una huelga prolongada durante dos meses. Un representante sindical lamentaba que el legítimo ejercicio del derecho de huelga afectase a los ciudadanos usuarios del servicio público en que, a su juicio, consiste la Justicia. Por aquí empiezan los problemas: la Justicia no es un servicio público -como pueden serlo la Sanidad o la Enseñanza- si no un poder constitucional del Estado, junto con el legislativo y el ejecutivo, al que el mismo Estado viene obligado a dotar de medios suficientes y modernos para que los responsables de administrarla -jueces y magistrados- no encuentren en la falta de aquellos una excusa para no cumplir con las obligaciones del que probablemente sea -junto con el de abogado- el más delicado y difícil oficio de jurista.
No basta, pues, con asegurar el acceso de los ciudadanos a la Justicia -como si se tratase de asegurarles su atención sanitaria o su educación básica- si, una vez producido, alcanzarla con prontitud y con solvencia se convierte en tarea poco menos que imposible. Es necesario que todos tomemos conciencia de la gravedad de este asunto, por cuanto una Justicia 'degradada' a la condición de servicio público -dicho sea con todo el respeto para los servicios públicos- condiciona el armazón todo del Estado de Derecho. Debemos, por tanto, reclamar que el tercer poder se revista de la dignidad que le corresponde, exigiendo del Estado los mejores medios materiales, de los jueces y magistrados respeto por el Derecho, de los funcionarios judiciales conciencia de su condición de servidores del Estado, de los abogados auténtica vocación jurídica y autoexigencia y, en fin, de todos, la excelencia que debemos a nuestros conciudadanos. Todo ello, por nosotros mismos, y para que dentro de doscientos años nadie pueda recordar las palabras de Argüelles para escribir un artículo como éste.
Y, más adelante, bajo la rúbrica 'Administración de Justicia', añade: «La reforma de las leyes criminales es sobre todo muy urgente, porque teniendo por objeto las acciones en que pueden interesarse inmediatamente la vida, la libertad y la buena reputación de las personas, toda dilación en su mejora es de la más grave trascendencia, todo error puede acarrear daños irreparables. De aquí se sigue que el arreglo de la potestad judicial en toda la extensión que comprehende la administración de justicia en lo civil y criminal exige mucha escrupulosidad y circunspección. No bastan leyes que arreglen los derechos entre los particulares, que castiguen los delitos y protejan la inocencia; es necesario que lo que disponen sea, según se ha dicho, ejecutado irremisiblemente con prontitud e imparcialidad».
Es muy triste pensar que, casi doscientos años después de redactado el texto anterior, previo a la Constitución liberal gaditana cuyo bicentenario celebraremos en 2012, una de las quejas más habituales sobre la Justicia sea la relativa a su lentitud. Pero lo cierto es que dos noticias recientes vienen a desacreditar al tercer poder constitucional del Estado: la muerte de la niña onubense Mari Luz Cortés y la prescripción de la responsabilidad criminal del grapo Martín Ponce. Únase al primero de los casos citados el lamento de los jueces sevillanos, al que se refería el pasado domingo un diario madrileño, que reconocen ser incapaces de resolver los más de 14.000 asuntos que se acumulan sobre las mesas, sillas y suelos de sus juzgados, y el panorama resultará desolador para los abogados, incapaces de satisfacer los intereses de sus clientes en un plazo razonable de tiempo, desalentador para jueces y magistrados -en algunos casos, poco motivados-, y vergonzante para el Estado de Derecho. Éste, aparece descompensado y 'cojo', en la medida en que uno de sus tres poderes se arrastra renqueante a la vista de los ciudadanos que integran el pueblo español, del que emana la justicia, quienes asisten indiferentes a una representación que sólo produce su indignación cuando salen a escena las emociones más primarias.
El pasado domingo José Aurelio Álvarez, abogado y antiguo alcalde de Siero, opinaba en EL COMERCIO que es una hipocresía escandalizarse por los retrasos crónicos de los juzgados, conocidos y tolerados por los políticos, los profesionales del Derecho y la misma «ciudadanía, que prefiere leer la sección de deportes y que se manifiesta cuando su equipo desciende y abuchea al entrenador».
El mismo día, por la noche, veía en televisión la escenificación del acuerdo entre el Ministerio de Justicia y los funcionarios no transferidos a las comunidades autónomas, que ponía fin a una huelga prolongada durante dos meses. Un representante sindical lamentaba que el legítimo ejercicio del derecho de huelga afectase a los ciudadanos usuarios del servicio público en que, a su juicio, consiste la Justicia. Por aquí empiezan los problemas: la Justicia no es un servicio público -como pueden serlo la Sanidad o la Enseñanza- si no un poder constitucional del Estado, junto con el legislativo y el ejecutivo, al que el mismo Estado viene obligado a dotar de medios suficientes y modernos para que los responsables de administrarla -jueces y magistrados- no encuentren en la falta de aquellos una excusa para no cumplir con las obligaciones del que probablemente sea -junto con el de abogado- el más delicado y difícil oficio de jurista.
No basta, pues, con asegurar el acceso de los ciudadanos a la Justicia -como si se tratase de asegurarles su atención sanitaria o su educación básica- si, una vez producido, alcanzarla con prontitud y con solvencia se convierte en tarea poco menos que imposible. Es necesario que todos tomemos conciencia de la gravedad de este asunto, por cuanto una Justicia 'degradada' a la condición de servicio público -dicho sea con todo el respeto para los servicios públicos- condiciona el armazón todo del Estado de Derecho. Debemos, por tanto, reclamar que el tercer poder se revista de la dignidad que le corresponde, exigiendo del Estado los mejores medios materiales, de los jueces y magistrados respeto por el Derecho, de los funcionarios judiciales conciencia de su condición de servidores del Estado, de los abogados auténtica vocación jurídica y autoexigencia y, en fin, de todos, la excelencia que debemos a nuestros conciudadanos. Todo ello, por nosotros mismos, y para que dentro de doscientos años nadie pueda recordar las palabras de Argüelles para escribir un artículo como éste.
