Además, el texto publicado establece un plazo de un año para que los titulares de los terrenos afectados -que disponen de un mes para interponer un recurso de reposición o dos meses para plantear un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional- puedan solicitar la correspondiente concesión de uso.
Por otra parte, está abierto el plazo de quince días estipulado para examinar los expedientes de deslinde público marítimo-terrestre relativos a los tramos comprendidos entre El Picu y el río Sebrayu -que no recoge cambios respecto al acta de apeo- y entre la Enciena de Tornón y el porreo del Salín, en el que sí se han introducido modificaciones. Ambos documentos podrán ser consultados en la sede regional de la Demarcación de Costas.
Plataforma nacional
Entretanto, los maliayos afectados por la delimitación de terreno pública iniciada por el Ministerio de Medio Ambiente han iniciado los trámites para la constitución de una asociación en defensa de sus intereses. No obstante, esperan la próxima visita de José Ortega, presidente de la plataforma nacional de afectados por Costas, para «dar los últimos pasos e integrarnos en ella», explicó José Heredia, uno de los damnificados, quien subrayó la «arbitrariedad» de las decisiones de la Demarcación.





