Así lo ha podido constatar la agencia Efe tras consultar con las distintas consejerías de Economía de las diecisiete comunidades autónomas el compromiso del presidente del Gobierno en funciones de publicar por primera vez las balanzas fiscales, atendiendo a una vieja reivindicación de los nacionalistas catalanes.
En concreto, estas estadísticas, que hasta ahora no se hacían públicas, reflejan lo que cada comunidad autónoma aporta al Estado y lo que recibe de éste.
Comunidades de distinto color político, como Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias, Galicia y La Rioja, han expresado su preocupación por que su publicación pudiera implicar un «mal uso» de las mismas y poner en evidencia las diferencias entre regiones en su aportación al Estado. El Gobierno andaluz ha manifestado su convencimiento de que la publicación de las balanzas no perjudicará a esta autonomía en «ningún supuesto», porque establecerá la aportación de la comunidad a la riqueza nacional y «contribuirá a desterrar algunos tópicos, como la Andalucía subsidiada».
Extremadura ha sido la única autonomía que se ha opuesto radicalmente a la publicación de las balanzas, ya que teme que «algunos las utilicen para socavar el papel que debe tener el Estado en la cohesión del territorio». En este sentido, gran parte de las autonomías que son escépticas al anuncio han apelado a los principios de igualdad y solidaridad entre regiones que consagra la Constitución.
Otras, como Aragón, consideran que la publicación de las balanzas enriquecerá el debate sobre la financiación, si bien confían en que éste finalmente «no sea doloso» para ninguna región. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Economía del Gobierno aragonés, Alberto Larraz, quien ha advertido de que la reforma de la financiación deberá atender a los incrementos de población de las comunidades.
En el mismo sentido se han pronunciado los responsables de este área de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, quienes han recordado que el modelo actualmente vigente de financiación toma el censo de población del año 1999.





