
Por todo ello, solicitan a la Cuota «la paralización inmediata de las obras, la apertura de un expediente sancionador y la restitución a su estado original de lo ilegalmente ejecutado, así como el restablecimiento de la legalidad urbanística».
Y es que, según Tirapu, «aunque la alcaldía ya ha aprobado la licencia, no disponen de permiso de Carreteras pese a que se accede directamente desde la carretera AS-115; no cuentan con informe de la Confederación Hidrográfica en relación al tratamiento de aguas residuales y a pesar de estar al lado del Río de Las Cabras, y tampoco cuentan con permiso de la Consejería de Medio Rural, a pesar de que la parcela está en el monte de utilidad pública del Cuera.
También denuncian que esos terrenos aparecen en el PGOU llanisco como «suelo urbanizable no sectorizado», lo que impide la instalación allí de grandes industrias. «Nosotros creemos que una fábrica de hormigón es una gran industria», explicó Tirapu. Critican además que dicha empresa se vaya a asentar «a menos de 900 metros de un lugar habitado, cuando la normativa exige que esté a más de 2.000». Además, creen que hay «un efecto aditivo», esto es, que hay más empresas de ese tipo en la zona y que, por lo tanto, «se suman las molestias y los riesgos, pero el expediente no tiene nada de esto en cuenta».
Por todo ello, en Avall consideran «ilegal» la concesión de la licencia, lo que les ha llevado a iniciar «un contencioso administrativo» contra la misma. En la rueda de prensa, Tirapu también indicó que uno de los propietarios de la empresa era hermano de la alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, aunque añadió que «por el momento no vamos a entrar en eso» y que se limitan a denunciar las irregularidades detectadas para que sean los organismos competentes los que tomen las medidas oportunas.





