Politica
El difícil equilibrio de las balanzas fiscales
Los expertos discrepan sobre la conveniencia de publicar las polémicas estadísticas y cuestionan su utilización política por los nacionalistas con vistas a la reforma del sistema de financiación
13.04.08 -
ÁNGEL DE LA FUENTE
JAVIER SUÁREZ PANDIELLO
CARLOS MONASTERIO
Balanzas fiscales. Dícese, según la jerga económica, del balance entre la aportación de una comunidad al Estado a través de los fondos que recauda por la vía impositiva y la inversión estatal que recibe ese mismo territorio. Para algunas formaciones nacionalistas, se trata más bien del pivote sobre el que impulsar una reforma de la financiación autonómica que les resulte más beneficiosa. Y, para las regiones más necesidades de la solidaridad del resto, es un concepto que pone los pelos de punta a sus gobernantes en cuanto sale a relucir. El reciente anuncio del presidente del Gobierno de hacer públicas las balanzas fiscales, a petición de CiU, ha situado este abstruso concepto en el epicentro del debate político, generando una corriente de opiniones encontradas. Los expertos consultados por EL COMERCIO discrepan sobre la conveniencia de poner sobre la mesa estos datos pero coinciden en constatar la utilización política de los mismos que pretenden hacer determinados partidos.
Javier Suárez Pandiello, catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo, pone la primera objeción. «Se dice que publicarlas aporta transparencia pero no es cierto», alega, «porque, en primer lugar, hay distintas formas de calcular una balanza fiscal». Por tanto, agrega, en función de los criterios que se utilicen «saldrá un resultado distinto». Lo que aquí se persigue, opina Pandiello, es que el Gobierno «diga qué balanza fiscal es la buena». Y eso «no es serio».
«No hay verdad oficial»
Este mismo criterio es compartido por Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública, que recuerda que ya hay numerosas balanzas fiscales publicadas por distintos organismos, la última «y más completa» a cargo de la Fundación BBVA. Instar al Gobierno a instaurar una especie de «verdad oficial» es, a su juicio, «absurdo».
Ángel de la Fuente, vicedirector del Instituto de Análisis Económico del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es, de mano, el único en apoyar la decisión de Zapatero. «Es un ejercicio de transparencia», dice, añadiendo que no sólo deben hacerse públicos los saldos generales sino también «el detalle de cómo se gasta el dinero en cada sitio». La base de su argumento es, sin embargo, diametralmente opuesta a la que puede sostener CiU. «Los nacionalistas, con un discurso demagogo, quieren dar la sensación de que el Estado explota a Cataluña, y la mejor forma de combatir ese discurso es sacar los datos y explicarlos; así se combate el victimismo», sentencia.
Porque, en opinión de los expertos, del análisis minucioso de la balanza fiscal sólo podrán obtenerse obviedades. La más relevante, «que hay regiones más ricas que aportan más de lo que reciben, y regiones más pobres que reciben más de lo que aportan», afirma Pandiello. «¿Y, a partir de ahí, qué?», plantea. El profesor de Economía entiende que si se pide que se hagan públicas las balanzas, el objetivo de quien lo hace no sería otro que equilibrarlas. En este caso extremo, «cada comunidad pagaría lo mismo que recibiría y, por tanto, los españoles no estarían en una situación de igualdad» a la hora, por ejemplo, de beneficiarse de los servicios públicos. ¿Resultado final?: «Se pondría en cuestión la solidaridad interterritorial».
Monasterio añade que la constatación de que las comunidades más ricas aportan más al sistema y las más pobres se benefician en mayor medida «demuestra que las políticas públicas funcionan como esperamos». Esto es, con criterios de solidaridad. «Lo raro», puntualiza, «es que los ricos pagaran poco y recibieran mucho».
Financiación
Los tres expertos consultados, por otra parte, tienen claro que la exigencia de Convergencia i Unió de que el Gobierno oficialice esas estadísticas está directamente relacionada con la próxima reforma del sistema de financiación. Monasterio lo cree así, pero no comparte en absoluto el argumento. «Si un partido plantea que Cataluña no siga participando en la redistribución, que proponga la independencia, pero que no lo haga a través de las balanzas fiscales», aduce Monasterio, que entiende que «para eso está el Parlamento».
La opinión de Pandiello no dista mucho de esa idea. «Intuyo que quieren utilizar las balanzas para reformar el sistema en su beneficio y contribuir menos a la solidaridad», destaca, minimizando el riesgo en la medida en que, «con publicación o sin publicación, el nuevo modelo se pactará en el Consejo de Política Fiscal». De la Fuente, mientras, se ciñe a las palabras de Zapatero durante la investidura, «cuando aseguró que esta cuestión no tiene nada que ver con la financiación autonómica». Por tanto, «no tendría por qué haber ningún problema».
asuarez@elcomerciodigital.com
JAVIER SUÁREZ PANDIELLO
CARLOS MONASTERIO
Balanzas fiscales. Dícese, según la jerga económica, del balance entre la aportación de una comunidad al Estado a través de los fondos que recauda por la vía impositiva y la inversión estatal que recibe ese mismo territorio. Para algunas formaciones nacionalistas, se trata más bien del pivote sobre el que impulsar una reforma de la financiación autonómica que les resulte más beneficiosa. Y, para las regiones más necesidades de la solidaridad del resto, es un concepto que pone los pelos de punta a sus gobernantes en cuanto sale a relucir. El reciente anuncio del presidente del Gobierno de hacer públicas las balanzas fiscales, a petición de CiU, ha situado este abstruso concepto en el epicentro del debate político, generando una corriente de opiniones encontradas. Los expertos consultados por EL COMERCIO discrepan sobre la conveniencia de poner sobre la mesa estos datos pero coinciden en constatar la utilización política de los mismos que pretenden hacer determinados partidos.
Javier Suárez Pandiello, catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo, pone la primera objeción. «Se dice que publicarlas aporta transparencia pero no es cierto», alega, «porque, en primer lugar, hay distintas formas de calcular una balanza fiscal». Por tanto, agrega, en función de los criterios que se utilicen «saldrá un resultado distinto». Lo que aquí se persigue, opina Pandiello, es que el Gobierno «diga qué balanza fiscal es la buena». Y eso «no es serio».
«No hay verdad oficial»
Este mismo criterio es compartido por Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública, que recuerda que ya hay numerosas balanzas fiscales publicadas por distintos organismos, la última «y más completa» a cargo de la Fundación BBVA. Instar al Gobierno a instaurar una especie de «verdad oficial» es, a su juicio, «absurdo».
Ángel de la Fuente, vicedirector del Instituto de Análisis Económico del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es, de mano, el único en apoyar la decisión de Zapatero. «Es un ejercicio de transparencia», dice, añadiendo que no sólo deben hacerse públicos los saldos generales sino también «el detalle de cómo se gasta el dinero en cada sitio». La base de su argumento es, sin embargo, diametralmente opuesta a la que puede sostener CiU. «Los nacionalistas, con un discurso demagogo, quieren dar la sensación de que el Estado explota a Cataluña, y la mejor forma de combatir ese discurso es sacar los datos y explicarlos; así se combate el victimismo», sentencia.
Porque, en opinión de los expertos, del análisis minucioso de la balanza fiscal sólo podrán obtenerse obviedades. La más relevante, «que hay regiones más ricas que aportan más de lo que reciben, y regiones más pobres que reciben más de lo que aportan», afirma Pandiello. «¿Y, a partir de ahí, qué?», plantea. El profesor de Economía entiende que si se pide que se hagan públicas las balanzas, el objetivo de quien lo hace no sería otro que equilibrarlas. En este caso extremo, «cada comunidad pagaría lo mismo que recibiría y, por tanto, los españoles no estarían en una situación de igualdad» a la hora, por ejemplo, de beneficiarse de los servicios públicos. ¿Resultado final?: «Se pondría en cuestión la solidaridad interterritorial».
Monasterio añade que la constatación de que las comunidades más ricas aportan más al sistema y las más pobres se benefician en mayor medida «demuestra que las políticas públicas funcionan como esperamos». Esto es, con criterios de solidaridad. «Lo raro», puntualiza, «es que los ricos pagaran poco y recibieran mucho».
Financiación
Los tres expertos consultados, por otra parte, tienen claro que la exigencia de Convergencia i Unió de que el Gobierno oficialice esas estadísticas está directamente relacionada con la próxima reforma del sistema de financiación. Monasterio lo cree así, pero no comparte en absoluto el argumento. «Si un partido plantea que Cataluña no siga participando en la redistribución, que proponga la independencia, pero que no lo haga a través de las balanzas fiscales», aduce Monasterio, que entiende que «para eso está el Parlamento».
La opinión de Pandiello no dista mucho de esa idea. «Intuyo que quieren utilizar las balanzas para reformar el sistema en su beneficio y contribuir menos a la solidaridad», destaca, minimizando el riesgo en la medida en que, «con publicación o sin publicación, el nuevo modelo se pactará en el Consejo de Política Fiscal». De la Fuente, mientras, se ciñe a las palabras de Zapatero durante la investidura, «cuando aseguró que esta cuestión no tiene nada que ver con la financiación autonómica». Por tanto, «no tendría por qué haber ningún problema».
asuarez@elcomerciodigital.com
