
En este sentido, el concejal y secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Manuel Sariego, se mostró ayer contundente. «Se trata de una concesión de la Autoridad Portuaria a una empresa privada. La única responsable del proyecto es la concesionaria», sentenció. «No podemos interferir».
La responsable de la obra es la sociedad Talasoponiente, formada por las firmas asturianas Jesús Martínez Construcciones, El Caleyo y Contratas Iglesias y por la gallega Gaia Gestión Deportiva. Sariego aseguró que «al Ayuntamiento, como a cualquier otro ciudadano, le interesa que este proyecto salga adelante».
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Jesús Montes Estrada, lamentó que toda esta polémica «empañe un proyecto estrella» porque, arguyó, «al final parece que se pone en cuestión al propio centro».
Montes Estrada recordó que «el balneario fue una apuesta tremenda, un proyecto de gran importancia para la ciudad, que será un complemento para la oferta turística gijonesa». Respecto la sustitución en la gerencia del balneario, afirmó que «en cierta medida, Susana de la Rubia era la expresión del gobierno municipal en el proyecto, y sorprende su salida extemporánea». Asimismo, aseguró que «me preocupa que la obra se esté retrasando excesivamente en el tiempo, aunque no creo que los cabreos personales sean lo más apropiado».
En este sentido, anunció que en la próxima junta de gobierno, que tendrá lugar mañana, pedirá explicaciones «acerca de los retrasos, el presupuesto final y sobre la situación en general» de la construcción del futuro complejo termal.
También lamentó Montes Estrada que la gerente del balneario no informara al Ayuntamiento de la marcha de las obras. «Debería haber enviado un informe interno, o al menos, haber comunicado verbalmente la situación».
«Incumplidores»
El concejal del Partido Popular, Luis Crego calificó el planteamiento de las obras del futuro balneario como «un fracaso absoluto, el culmen de los despropósitos». Al mismo tiempo aseguró que «la alcaldesa no se puede desvincular, porque es absurdo decir que es un asunto privado. Lo cierto es que es una concesión administrativa de la Autoridad Portuaria. Además, la alcaldesa formaba parte de ella cuando se autorizó».
Crego criticó a los miembros del gobierno municipal, a los que llamó «incumplidores patológicos» y se preguntó «cómo se puede llegar a este nivel de ineficacia». Aseguró que las declaraciones de Susana de la Rubia son «la última entrega de desafueros». Y añadió: «Me imagino que la alcaldesa no se atreverá a decir que De la Rubia miente, cuando además, ha sido su asesora».
El edil popular recordó que «hace dos meses ya señalamos que no era un proyecto privado» y que estas declaraciones se produjeron tras mucho tiempo «aguantando». Según dice, «no dijimos nada cuando el balneario se trasladó desde la Ería del Piles a Poniente; ni cuando decidieron no construir el edificio 'Salamandra'. Ya no habrá ni hotel, ni edificio emblemático ni nada y aún así permanecimos en silencio, pero lo de ahora...».





