
La publicación de las balanzas fiscales, una de las peticiones históricas de CiU y cuyo portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, se encargó de recordar el pasado martes, ha abierto el debate sobre la nueva financiación de las autonomías, aunque el presidente del Gobierno advirtió en el debate de su investidura que la reforma del sistema de financiación autonómica deberá hacerse «por consenso» y respetando los estatutos de autonomía.
El Gobierno catalán encargó el mismo día del anuncio de la publicación de las balanzas fiscales la actualización del informe que ya elaboró en 2005. Los expertos actualizarán la balanza fiscal de Cataluña hasta el último año con datos disponibles con el objetivo de poder disponer de «cifras rigurosas e incontrovertibles que puedan ser aceptadas por todas las fuerzas políticas catalanas».
Desde el Gobierno asturiano se aseguró que la publicación de las balanzas fiscales no supone ningún problema para su comunidad, si bien matizó que sería muy distinto si estos datos se utilizasen para establecer criterios en relación a la financiación autonómica. «Si alguien las pretende utilizar para esto, no estaremos de acuerdo», advirtió el consejero de Economía del Principado, Jaime Rabanal, para quien las balanzas sólo reflejan que «los ricos pagan más».
En esta línea también se manifiesta el PP regional, que anima a todos los partidos a estar «unidos» para defender los principios de igualdad y solidaridad. En opinión de su presidente, Ovidio Sánchez, el problema no es la publicación de las balanzas , sino la utilización que los grupos nacionalistas, fundamentalmente los catalanes, pretenden hacer con la misma y advirtió de que los principios de igualdad y de solidaridad entre los distintos territorios de España «están en peligro». No dista mucho el mensaje que lanzan desde la Junta de Extremadura, una región también gobernada por los socialistas. Ésta se opone «radicalmente» a que la publicación de las balanzas fiscales condicionen las negociaciones para la reforma del sistema de financiación.
El presidente socialista, Guillermo Fernández Vara, fue más allá y afirmó que la Junta centrará «todos sus esfuerzos» en que la en dicha negociación se base en conceptos como la «solidaridad y la suficiencia».
En esta misma línea se expresó el presidente del PP extremeño, Carlos Floriano, para quien la publicación de las balanzas fiscales es un «ataque explícito» contra Extremadura y «un apoyo explícito de los intereses nacionalistas». «La intención de vincular esas balanzas posteriormente al sistema de financiación es evidente», señaló el dirigente popular, alertando de estos «planes nacionalistas» perjudicarán sobre todo a las regiones 'pobres'.
A juicio de la Junta de Andalucía, «no tiene sentido» comparar los resultados de las balanzas fiscales desde el punto de vista del sistema de financiación puesto que «cada uno paga según su capacidad económica, independientemente del sitio donde resida».
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, insistió en que la publicación de las balanzas fiscales «no beneficia», en absoluto, a Andalucía. A su entender, dar a conocer estos datos hace que «sobrevuele el fantasma de la insolidaridad» y que «vayan tomando cuerpo la insolidaridad y la desigualdad» que pretenden «algunos nacionalismos» y los gobiernos «de algunas comunidades» para que las regiones reciban más financiación en función de su mayor riqueza.
El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, el popular José Manuel Soria, espera que la publicación de las balanzas fiscales no sea para que aquellas comunidades que transfieren «pueden hacer recortes», sino para que se pueda seguir poniendo en práctica «el principio constitucional de solidaridad que permita el desarrollo de infraestructuras y servicios» entre las autonomías con menos recursos.
Estrategia común
El presidente del Gobierno balear, el socialista Francesc Antich, recalcó que Baleares es la región «con diferencia» peor financiada del Estado, mientras que, a su vez, es una región que aporta «mucho» dinero a las arcas públicas. Por ello, se mostró partidario de la publicación de las balanzas, porque permitirá conocer lo que aporta cada una de las regiones.
A finales de marzo, el responsable económico del Gobierno balear acordó con su homólogo catalán buscar una «estrategia común» en la negociación de la financiación con el Ejecutivo central, para lo que se comprometieron a mantener «contactos estables» con el fin de «contrastar» sus propuestas.
El consejero de Economía y Hacienda, Antoni Castells, del PSC, recalcó tras la reunión que «no se puede basar la negociación de la financiación exclusivamente en el déficit fiscal», pero que las balanzas fiscales «pueden ahorrar debates muy agresivos con Cataluña» que ponen en duda su solidaridad.
La Fundación BBVA presentó un informe a finales del año pasado según el cual Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares son las cuatro regiones que presentaron en el periodo 1991-2005 una balanza fiscal negativa, es decir, que recibieron menos de la Administración Pública Central de lo que aportaron sus ingresos. Con saldo positivo destacó sobre todo Andalucía (10.237 millones), seguida de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura. JAIME RABANAL
OVIDIO SÁNCHEZ





