
Sin que ninguno de esos aspectos haya sido puesto, oficialmente, sobre la mesa, lo cierto es que no fue el Arzobispado el único en variar ayer sustancialmente el discurso. También lo hizo el director general de Patrimonio, José Adolfo Rodríguez Asensio, quien tras asegurar, el 2 de abril, que el Principado «no se plantea» en ningún caso la desacralización, porque el proceso jurídico «acarrearía un perjuicio pastoral y religioso», ayer fue el encargado de anunciar el acuerdo «para la desacralización», porque «la Iglesia está en buena disposición y nosotros lo aceptamos».
Así lo aseguró tras la reunión mantenida por la Comisión Mixta Iglesia-Principado a la que asistieron, además de Asensio, la consejera de Cultura y Turismo, Encarna Rodríguez y el vicario general de la Diócesis de Oviedo, Juan Antonio Menéndez, además del presidente de la comisión diocesana del Patrimonio Cultural de la Iglesia, José Tuñón, y el co-secretario, Agustín Hevia.
Según explicó Rodríguez Asensio, «en unos días nos reuniremos otra vez para plasmar en un pequeño documento la desacralización», en el que figurarán tres condicionantes: el Principado se obliga a «mantener la dignidad del templo en los usos que se vayan a llevar a cabo», la capilla «podrá ser utilizada por la Iglesia en algunas actividades ocasionales, tanto litúrgicas como culturales-religiosas» y se llegará un acuerdo «respecto al uso posterior del mobiliario religioso existente en el recinto».
Altar portátil
Ante la teórica dificultad que puede suponer utilizar un recinto desacralizado para actividades religiosas, fuentes del Arzobispado aseguraron a EL COMERCIO que «no existe ningún problema», puesto que esta circunstancia «ya se da ahora en patios de colegio u zonas al aire libre, que no son lugares sagrados y, sin embargo, puntualmente se pueden celebrar misas e, incluso, bodas y funerales».
El requisito imprescindible para ello es, no obstante, «pedir permiso al Arzobispado», condicionante que deberán realizar, a partir de ahora, las personas interesadas en casarse en la capilla de la Laboral. El permiso tendrá que concederlo, asimismo, el responsable del complejo cultural, «puesto que el Principado es el dueño de todo el edificio», afirmaron las mismas fuentes.
Lo que no quedó tan claro es qué mobiliario se encontrarán los futuros novios, pues el único aspecto pendiente de negociación para la firma del acuerdo es qué hacer con los bienes muebles del recinto, es decir, con el altar y los útiles religiosos. Desde el Arzobispado se propone absorber esos elementos «que podrían ser trasladados a otro templo, donde hagan falta», aunque todo quedará pendiente del acuerdo definitivo porque, según insiste el órgano eclesiástico, «el propietario es el Principado».
En caso de que los elementos religiosos desaparezcan de la capilla, misas, bodas y funerales podrán realizarse en la Laboral, «ya que, en otros lugares no sacralizados se utilizan altares portátiles y elementos móviles, que colocan para el acto en concreto y, después, se retiran». Todo se concretará en el convenio definitivo, que se firmará este mes.





