GIJÓN
Las navieras tendrán un año de plazo para crear la autopista del mar
Empezará a contar desde la firma del convenio, que incluirá los compromisos de las empresas y las ayudas La subvención a la línea entre El Musel y el puerto francés de Saint Nazaire no superará los 30 millones de euros
RO-RO. Tráfico marítimo de mercancía rodada en el puerto de El Musel, barco perteneciente a Vapores Suardíaz. / E. C.
Las bases que regulan el concurso promovido por los gobiernos de España y Francia para crear autopistas del mar subvencionadas entre ambos países establecen largos plazos tanto para resolver la convocatoria como para poner en servicio las nuevas líneas. No obstante, se trata, en todo caso, de plazos máximos, que pueden quedar muy recortados.
Las navieras adjudicatarias del concurso, por ejemplo, disponen de un año para iniciar las rutas desde que se firma el convenio en el que asume los compromisos adquiridos en la propuesta presentada a concurso y adquiere los derechos de ayuda que se establezcan.
Además, la convocatoria establece que las empresas candidatas a conseguir una subvención deberán mantener vigente su propuesta durante 500 días, de forma que los gobiernos de España y Francia disponen de todo ese tiempo, contado desde el final del plazo concedido para entregar las propuestas (el pasado 5 de noviembre) para resolver el concurso. Todo ello implica que, sin vulnerar la norma, pueden transcurrir aún dos años hasta que zarpe el primer barcos de las nuevas autopistas del mar.
Nada hace pensar, sin embargo, que dichos plazos se agotarán. Con la evaluación de las tres propuestas ya concluida y la decisión de aprobar dos de ellas (entre ellas la que afecta a El Musel) ya consensuada, el Gobierno español espera que Francia dé pronto su conformidad sobre los términos en que se hará público el acuerdo.
La conveniencia de no demorar mucho la convocatoria de otro concurso sobre autopistas del mar en la fachada mediterránea de ambos países y el deseo de concluir el proceso relativo al Arco Atlántico antes de iniciar el mediterráneo, pueden animar a Francia a no demorar excesivamente la resolución del concurso.
Estudio pormenorizado
Por otra parte, el medio año ya transcurrido desde que la comisión intergubernamental de España y Francia conoce las propuestas presentadas permite pensar que los dos proyectos preseleccionados están suficientemente estudiados y maduros como para que se haga innecesario todo un año para ponerlos en marcha.
La lectura de las bases que rigieron el concurso pone inequívocamente de manifiesto que ningún aspecto de los proyectos ha quedado sin ser sometido a análisis pormenorizado.
En esas condiciones, la valoración de la ya referida comisión intergubernamental puede considerarse definitiva, sin perjuicio de que, al igual que ocurre en la mayoría de los concursos, una comisión técnica efectúa la propuesta y los órganos competentes la sancionan.
Hasta ahora, aunque sigue sin ser oficial, pocos dudan ya que la comisión intergubernamental va a proponer a los gobiernos de España y Francia que apuesten por las autopistas del mar que tienen cabecera española en Gijón, por una parte, y Vigo, por otra. Conviene hacer hincapié en que son dos autopistas del mar diferentes para no alentar el error de que se establecerá una triangulación entre Saint Nazaire, Gijón y Vigo.
Convenio
En cuanto España y Francia ratifiquen la preselección de la comisión intergubernamental, y caben pocas dudas sobre que no habrá sorpresas al respecto, las navieras o grupos adjudicatarios estarán en disposición de firmar el convenio que establezca tanto los derechos como los deberes de cada parte.
Para firmar dicho convenio, los promotores de cada proyecto deberán constituir una empresa gestora específica y con el objetivo único de desarrollar las autopistas del mar subvencionada.
No se trata, en todo caso, de negociar los términos de un convenio tras la aprobación del proyecto, cosa que podría ser prolija y, además, pondría en peligro el acuerdo.
Las navieras que presentaron propuesta al concurso hispanofrancés para crear autopistas del mar subvencionadas tuvieron que explicar hasta los mínimos detalles los apoyos con los que cuentan, razonar las expectativas de tráfico que plantean y la viabilidad financiera de la empresa. También tuvieron que incluir un modelo de convenio con la subvención solicitada, que en ningún caso puede superar los 30 millones de euros para todo el periodo de duración del convenio, un mínimo de siete años.
Las navieras adjudicatarias del concurso, por ejemplo, disponen de un año para iniciar las rutas desde que se firma el convenio en el que asume los compromisos adquiridos en la propuesta presentada a concurso y adquiere los derechos de ayuda que se establezcan.
Además, la convocatoria establece que las empresas candidatas a conseguir una subvención deberán mantener vigente su propuesta durante 500 días, de forma que los gobiernos de España y Francia disponen de todo ese tiempo, contado desde el final del plazo concedido para entregar las propuestas (el pasado 5 de noviembre) para resolver el concurso. Todo ello implica que, sin vulnerar la norma, pueden transcurrir aún dos años hasta que zarpe el primer barcos de las nuevas autopistas del mar.
Nada hace pensar, sin embargo, que dichos plazos se agotarán. Con la evaluación de las tres propuestas ya concluida y la decisión de aprobar dos de ellas (entre ellas la que afecta a El Musel) ya consensuada, el Gobierno español espera que Francia dé pronto su conformidad sobre los términos en que se hará público el acuerdo.
La conveniencia de no demorar mucho la convocatoria de otro concurso sobre autopistas del mar en la fachada mediterránea de ambos países y el deseo de concluir el proceso relativo al Arco Atlántico antes de iniciar el mediterráneo, pueden animar a Francia a no demorar excesivamente la resolución del concurso.
Estudio pormenorizado
Por otra parte, el medio año ya transcurrido desde que la comisión intergubernamental de España y Francia conoce las propuestas presentadas permite pensar que los dos proyectos preseleccionados están suficientemente estudiados y maduros como para que se haga innecesario todo un año para ponerlos en marcha.
La lectura de las bases que rigieron el concurso pone inequívocamente de manifiesto que ningún aspecto de los proyectos ha quedado sin ser sometido a análisis pormenorizado.
En esas condiciones, la valoración de la ya referida comisión intergubernamental puede considerarse definitiva, sin perjuicio de que, al igual que ocurre en la mayoría de los concursos, una comisión técnica efectúa la propuesta y los órganos competentes la sancionan.
Hasta ahora, aunque sigue sin ser oficial, pocos dudan ya que la comisión intergubernamental va a proponer a los gobiernos de España y Francia que apuesten por las autopistas del mar que tienen cabecera española en Gijón, por una parte, y Vigo, por otra. Conviene hacer hincapié en que son dos autopistas del mar diferentes para no alentar el error de que se establecerá una triangulación entre Saint Nazaire, Gijón y Vigo.
Convenio
En cuanto España y Francia ratifiquen la preselección de la comisión intergubernamental, y caben pocas dudas sobre que no habrá sorpresas al respecto, las navieras o grupos adjudicatarios estarán en disposición de firmar el convenio que establezca tanto los derechos como los deberes de cada parte.
Para firmar dicho convenio, los promotores de cada proyecto deberán constituir una empresa gestora específica y con el objetivo único de desarrollar las autopistas del mar subvencionada.
No se trata, en todo caso, de negociar los términos de un convenio tras la aprobación del proyecto, cosa que podría ser prolija y, además, pondría en peligro el acuerdo.
Las navieras que presentaron propuesta al concurso hispanofrancés para crear autopistas del mar subvencionadas tuvieron que explicar hasta los mínimos detalles los apoyos con los que cuentan, razonar las expectativas de tráfico que plantean y la viabilidad financiera de la empresa. También tuvieron que incluir un modelo de convenio con la subvención solicitada, que en ningún caso puede superar los 30 millones de euros para todo el periodo de duración del convenio, un mínimo de siete años.
