El Comercio Digital

LOS contactos iniciados por el PSOE y el PP para tratar de renovar la composición del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional deben servir no sólo para lograr un acuerdo cada vez más urgente sobre ese objetivo, sino para sentar la bases de una reforma consensuada que perfeccione la Administración de Justicia. Ambos partidos están obligados a procurar un consenso ante la envergadura de las tareas pendientes, que pasan por resolver la parálisis en que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces tras 17 meses en funciones, encauzar la pendencia generada por la huelga de funcionarios y corregir las serias deficiencias detectadas en el quehacer de los juzgados. La inoportuna irrupción de Mariano Fernández Bermejo, dando por hecho que el Consejo «no ha funcionado» como herramienta constitucional para garantizar la separación de poderes, obliga al Gobierno a aclarar si asume ese cuestionamiento de la utilidad del órgano y, de no ser así, a avenirse a las previsiones legales. El respeto al mandato constitucional de independencia compete antes que a nadie a los propios jueces. No obstante, ninguna fórmula para renovar el Consejo será efectiva mientras los partidos no renuncien a usar la Justicia en su beneficio. Ese propósito resultaría más factible si todos los vocales se sometieran a una evaluación rigurosa de sus capacidades, lo que ayudaría a legitimar unos nombramientos lastrados por el corporativismo de las asociaciones y las componendas partidarias. El entendimiento que demuestren socialistas y populares en este asunto permitirá calibrar su disposición a recuperar los compromisos del fracasado Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. En este sentido, los errores desvelados en las últimas semanas demuestran la necesidad tanto de reforzar el servicio de Inspección del Consejo como de impulsar la modernización de la Oficina Judicial, con funcionarios sujetos a una formación continuada y dotados de los medios informáticos adecuados para asegurar la ejecución de las sentencias y prevenir descoordinaciones. Junto a ello, la apuesta por la meritocracia en la carrera, la mayor especialización de los jueces y la reducción de la interinidad mejoraría la respuesta de los juzgados ante las demandas de la sociedad. Un objetivo este último que precisa un amplio acuerdo legislativo cuando se trate de modificar leyes para combatir con garantías los nuevos delitos.