Asturias
El Ministerio de Justicia insta a Venezuela a que ordene la entrega del niño retenido por su padre
El departamento de cooperación jurídica internacional envió ayer un escrito a la autoridad venezolana reclamando agilidad en los trámites El Ayuntamiento de Llanes pone a disposición de la familia los servicios jurídicos municipales
ESPERANZA. Antonia Fernández y su marido, Pedro Criado, observan cómo su hijo juega en el parque llanisco. / S. SAN MARTÍN
El Ministerio de Justicia movió ayer ficha en el caso de la mujer llanisca que reclama la devolución de su hijo, de 13 años, retenido por su ex marido en Venezuela. La subdirección general de cooperación jurídica internacional remitió un escrito al departamento homólogo que opera en el país venezolano para interesarse por este asunto, reiterando su petición de información sobre la solitud de sustracción internacional de menores que se tramita desde agosto de 2006 de conformidad con el convenio de La Haya.
El envío del escrito coincidió con la publicación en EL COMERCIO de la historia de Antonia Fernández, una madre angustiada por no ver a su hijo desde hace dos años pese a tener su custodia. El padre no permitió el retorno del niño al domicilio materno -emplazado actualmente en Llanes- después de un permiso de visita vacacional en Caracas del que disfrutó el pequeño en junio de 2006.
La historia no ha dejado a nadie indiferente porque incluye sentencias incumplidas, convenios internacionales ignorados y retrasos injustificados por parte de la autoridad venezolana que han hecho que el proceso se haya extendido en el tiempo durante dos años. Enrique José Edo Fernández tenía 11 años cuando se iniciaron los trámites y el próximo mes de diciembre cumplirá los 14.
Desde agosto de 2006
El Ministerio de Justicia de España trabaja en este caso desde agosto de 2006, cuando Antonia decidió interponer una solicitud para la devolución del menor según el convenio de La Haya, pero los avances desde entonces han sido más bien escasos. Esta asturiana, que vivió durante gran parte de su vida en Venezuela y Miami, consiguió en enero de 2007 la orden de repatriación inmediata a España de su hijo, pero meses después, y antes de que el niño emprendiera el viaje de vuelta a casa, la sentencia era declarada nula al entender que este país era «peligroso para el menor». Por este caso llegó a haber bajas en Venezuela ya que, incluso, el juez que inicialmente le había dado la razón a la madre -quien ostenta la custodia del menor- fue destituido «por corrupto».
Desde entonces, el Ministerio de Justicia tramita periódicamente instancias a Venezuela en las que recuerda la gravedad de la situación y pide agilidad en los trámites. Ayer mismo emitía al departamento de cooperación jurídica internacional una nueva carta a la que ha tenido acceso este diario y en la que se recuerda que «ha transcurrido mucho tiempo» desde la anulación de la sentencia. Y se añade: «La autoridad judicial de su país debería haber resuelto este caso hace tiempo, debido a que se trata de una sustracción internacional de menores» que, en condiciones normales, debería ejecutarse de forma urgente.
Desde la subdirección general de cooperación española se insistió también en la «necesidad de actuar con rapidez y celeridad» y se solicitó a las autoridades venezolanas «una explicación clara y detallada de las razones de su falta de contestación». No en vano, recuerdan, la de ayer no es la primera instancia que se envía a Venezuela, sino la cuarta desde la última notificación por parte del país sudamericano.
Apoyo local
El Ministerio de Justicia no fue el único estamento que ayer movió hilos en este sentido. Desde el Ayuntamiento de Llanes, la alcaldesa mostró todo su apoyo a la familia llanisca y puso a su disposición los servicios jurídicos municipales. Incluso, Dolores Álvarez Campillo se comprometió a iniciar contactos con el delegado de Gobierno en funciones, Antonio Trevín, y el Gobierno del Principado «para tratar de solucionar este caso cuanto antes».
La regidora es consciente de que el proceso legal «escapa de las manos» del Ayuntamiento y reconoció que se trata de «un tema complicado y delicado», pero confía en su resolución «a la mayor brevedad posible» porque, destacó, «el interés del menor debe prevalecer ante todo». Por este motivo, reiteró Álvarez Campillo, «todo lo que podamos hacer desde el Ayuntamiento se hará, y todos nuestros medios se pondrán a disposición de la familia».
No obstante, la alcaldesa de Llanes quiso aclarar que, pese a que Antonia Fernández trabaja desde hace seis meses en el departamento de Tesorería del Ayuntamiento, el equipo de gobierno desconocía su caso. «Nos hemos enterado por EL COMERCIO. Nunca antes nos había solicitado nuestro apoyo», aclaró.
Otros frentes
La decisión de hacer público su caso la tomó Antonia después de meses luchando en un escenario internacional que complica en gran medida cualquier avance. De hecho, esta mujer tiene varios frentes abiertos en la justicia. Además de la solicitud a través del Ministerio de Justicia, en setiembre de 2007 -dos meses antes de que le fuera comunicada la anulación de la sentencia y preocupada ya por los continuos retrasos en el proceso- interponía ante el Juzgado de Instrucción de Llanes una denuncia por lo penal contra el padre de su hijo por un presunto delito de sustracción de menores que fue admitida a trámite en España. Sin embargo, una vez fuera del país de origen, parece haber quedado en el olvido.
La situación para Antonia es crítica porque sabe que el tiempo corre en su contra. Es consciente de que cuanto más tiempo viva el menor con su padre mayores lazos de afectos creará con él y menos posibilidades tendrá de que el niño quiera regresar a España. «El crío sufre un claro síndrome de alienación parental porque el padre le deja hacer todo lo que quiere. Lleva una vida mucho más desorganizada que cuando estaba conmigo», asegura la madre.
amoriyon@elcomerciodigital.com
El envío del escrito coincidió con la publicación en EL COMERCIO de la historia de Antonia Fernández, una madre angustiada por no ver a su hijo desde hace dos años pese a tener su custodia. El padre no permitió el retorno del niño al domicilio materno -emplazado actualmente en Llanes- después de un permiso de visita vacacional en Caracas del que disfrutó el pequeño en junio de 2006.
La historia no ha dejado a nadie indiferente porque incluye sentencias incumplidas, convenios internacionales ignorados y retrasos injustificados por parte de la autoridad venezolana que han hecho que el proceso se haya extendido en el tiempo durante dos años. Enrique José Edo Fernández tenía 11 años cuando se iniciaron los trámites y el próximo mes de diciembre cumplirá los 14.
Desde agosto de 2006
El Ministerio de Justicia de España trabaja en este caso desde agosto de 2006, cuando Antonia decidió interponer una solicitud para la devolución del menor según el convenio de La Haya, pero los avances desde entonces han sido más bien escasos. Esta asturiana, que vivió durante gran parte de su vida en Venezuela y Miami, consiguió en enero de 2007 la orden de repatriación inmediata a España de su hijo, pero meses después, y antes de que el niño emprendiera el viaje de vuelta a casa, la sentencia era declarada nula al entender que este país era «peligroso para el menor». Por este caso llegó a haber bajas en Venezuela ya que, incluso, el juez que inicialmente le había dado la razón a la madre -quien ostenta la custodia del menor- fue destituido «por corrupto».
Desde entonces, el Ministerio de Justicia tramita periódicamente instancias a Venezuela en las que recuerda la gravedad de la situación y pide agilidad en los trámites. Ayer mismo emitía al departamento de cooperación jurídica internacional una nueva carta a la que ha tenido acceso este diario y en la que se recuerda que «ha transcurrido mucho tiempo» desde la anulación de la sentencia. Y se añade: «La autoridad judicial de su país debería haber resuelto este caso hace tiempo, debido a que se trata de una sustracción internacional de menores» que, en condiciones normales, debería ejecutarse de forma urgente.
Desde la subdirección general de cooperación española se insistió también en la «necesidad de actuar con rapidez y celeridad» y se solicitó a las autoridades venezolanas «una explicación clara y detallada de las razones de su falta de contestación». No en vano, recuerdan, la de ayer no es la primera instancia que se envía a Venezuela, sino la cuarta desde la última notificación por parte del país sudamericano.
Apoyo local
El Ministerio de Justicia no fue el único estamento que ayer movió hilos en este sentido. Desde el Ayuntamiento de Llanes, la alcaldesa mostró todo su apoyo a la familia llanisca y puso a su disposición los servicios jurídicos municipales. Incluso, Dolores Álvarez Campillo se comprometió a iniciar contactos con el delegado de Gobierno en funciones, Antonio Trevín, y el Gobierno del Principado «para tratar de solucionar este caso cuanto antes».
La regidora es consciente de que el proceso legal «escapa de las manos» del Ayuntamiento y reconoció que se trata de «un tema complicado y delicado», pero confía en su resolución «a la mayor brevedad posible» porque, destacó, «el interés del menor debe prevalecer ante todo». Por este motivo, reiteró Álvarez Campillo, «todo lo que podamos hacer desde el Ayuntamiento se hará, y todos nuestros medios se pondrán a disposición de la familia».
No obstante, la alcaldesa de Llanes quiso aclarar que, pese a que Antonia Fernández trabaja desde hace seis meses en el departamento de Tesorería del Ayuntamiento, el equipo de gobierno desconocía su caso. «Nos hemos enterado por EL COMERCIO. Nunca antes nos había solicitado nuestro apoyo», aclaró.
Otros frentes
La decisión de hacer público su caso la tomó Antonia después de meses luchando en un escenario internacional que complica en gran medida cualquier avance. De hecho, esta mujer tiene varios frentes abiertos en la justicia. Además de la solicitud a través del Ministerio de Justicia, en setiembre de 2007 -dos meses antes de que le fuera comunicada la anulación de la sentencia y preocupada ya por los continuos retrasos en el proceso- interponía ante el Juzgado de Instrucción de Llanes una denuncia por lo penal contra el padre de su hijo por un presunto delito de sustracción de menores que fue admitida a trámite en España. Sin embargo, una vez fuera del país de origen, parece haber quedado en el olvido.
La situación para Antonia es crítica porque sabe que el tiempo corre en su contra. Es consciente de que cuanto más tiempo viva el menor con su padre mayores lazos de afectos creará con él y menos posibilidades tendrá de que el niño quiera regresar a España. «El crío sufre un claro síndrome de alienación parental porque el padre le deja hacer todo lo que quiere. Lleva una vida mucho más desorganizada que cuando estaba conmigo», asegura la madre.
amoriyon@elcomerciodigital.com
