Buena parte de la opinión pública se pregunta si es justo que quienes, resulta probado, se enriquecieron a través de la estafa y causaron un evidente quebranto a miles de personas, a la administración municipal o al Estado paguen su delito simplemente con una pena de prisión. La realidad es que gracias a la reducción de penas por buen comportamiento carcelario los condenados por este tipo de delitos vuelven a la calle mucho antes de que se cumpla la pena impuesta, aunque no hayan resarcido de las pérdidas a los afectados y nunca llegue a encontrarse el destino del dinero estafado.
Es evidente que en los delitos de estafa no resulta válido el sistema represor tradicional del Estado. La experiencia demuestra que la Administración de Justicia carece de medios para detectar el destino de los fondos desaparecidos. En buena parte de los grandes casos de estafa, la Justicia sólo tiene el recurso de imponer una pena de prisión a los condenados, que, una vez cumplida, es suficiente para saldar la deuda que tiene con la sociedad y con todos y cada uno de los afectados. No hay que olvidar que en muchos casos la estafa provoca verdaderos dramas personales que dejan en el camino muchos sueños de una merecida vida mejor.
La restitución de lo robado o estafado debería imponerse como una obligación para quienes, pasado un tiempo y cumplida su pena en la cárcel, se encuentran de nuevo en condiciones de cometer semejantes irregularidades y gozan de una situación económica envidiable para muchos de los defraudados. No puede transmitirse la sensación de que llevar a cabo un delito de estas características puede ser una apuesta muy rentable a cambio de unos años en la sombra.





