Oriente
De la Cera se ofrece a intervenir en Venezuela en apoyo a la madre del niño retenido
El Consejo de Comunidades Asturianas actuará de mediador con la embajada y las autoridades del país americano «Hay muchos descendientes de emigrantes que viven casuísticas similares», reconoce el presidente de la institución
21.04.08 -
FOTO DE FAMILIA. María Antonia Fernández con sus dos hijos antes de que el mayor, Enrique, comenzara a vivir con su padre. / E. C.
El caso del menor retenido en Venezuela por su padre sigue generando reacciones entre los diferentes estamentos e instituciones. El Consejo de Comunidades Asturianas se pronunció sobre este asunto para ofrecerse como intermediario entre la madre, Antonia Fernández, y el país venezolano, con el objeto de solucionar cuanto antes este conflicto en el que se ve implicado un niño de trece años.
El presidente de esta institución, Manuel Fernández de la Cera, se mostró «solidarizado» con la familia asturiana y manifestó su intención de ejercer de negociador con la Embajada de España en Venezuela y las autoridades del país americano. Además, ofreció «asistencia personal a la familia» en el centro asturiano de Caracas, del que dijo que era uno de los centros del Principado «más importantes que existen».
De la Cera es consciente de que la resolución del conflicto «está fuera de nuestro alcance», pero aseguró que desde el Consejo de Comunidades Asturianas «existe buena voluntad de influir en las autoridades de aquel país. La familia tiene todo nuestro apoyo y les ayudaremos en lo que podamos». Quien fuera también consejero de Cultura admitió incluso que este tipo de desavenencias familiares no son aisladas, porque «muchos descendientes de emigrantes viven casuísticas similares. Obtienen la nacionalidad del país de destino y luego están obligados a acatar las normas de aquel lugar, que no siempre son iguales a las del país de origen».
El caso de Antonia Fernández es peculiar. La propia justicia venezolana otorgó en 1999 a esta emigrante asturiana la guarda y custodia de su hijo Enrique Edo Fernández tras divorciarse de su primer marido, el venezolano Enrique Edo Espinosa. Sin embargo, mientras el menor disfrutaba de un permiso vacacional con su padre en junio de 2006, éste decidió unilateralmente que el niño no regresaría a Asturias, donde se acababa de asentar su ex mujer junto a su actual marido y el hijo de ambos.
Convenio de La Haya
La madre del menor inició entonces un proceso para forzar el regreso de Enrique a través del Ministerio de Justicia de España y en conformidad con el Convenio de La Haya. La justicia venezolana le dio la razón inicialmente y ordenó la repatriación inmediata del niño pero, antes de su vuelta a casa, el padre consiguió paralizar el proceso interponiendo un recurso de amparo. Desde entonces, los trámites están paralizados y el niño vive con su padre en Caracas sin que la progenitora -quien tiene la guarda y custodia- le haya visto en los dos últimos años.
Y no es el único proceso judicial abierto por la familia asturiana. En septiembre de 2007, Antonia Fernández presentó ante el Juzgado de Instrucción de Llanes una denuncia por lo penal contra su marido por un presunto delito de sustracción de menores que se admitió a trámite en España, pero que fuera de las fronteras parece haber quedado olvidada.
Después de que su historia saliera publicada el pasado viernes en EL COMERCIO, Antonia Fernández no ha parado de recibir llamadas de apoyo. La primera sería la de la alcaldesa de Llanes, quien se ponía en contacto directo con la familia para mostrar su solidaridad y comprometerse a entregar la documentación del caso al delegado de Gobierno en funciones, Antonio Trevín, y hacérsela llegar al Gobierno del Principado.
También el Ministerio de Justicia en España movía ficha estos días y formulaba una nueva instancia ante las autoridades venezolanas en la que reclamaba agilidad en el proceso de repatriación del menor, y se recuerda que el caso debería haberse resuelto hace tiempo, debido a que se trata de una sustracción internacional de menores que, en condiciones normales, tendría que haberse solucionado de forma urgente.
Ahora es el Consejo de Comunidades Asturianas el que extiende su mano a la familia de Antonia Fernández y se ofrece de intermediario con las autoridades venezolanas para solucionar el conflicto. El ejecutivo de Vicente Álvarez Areces, por ahora, ha mantenido absoluto silencio ante este asunto.
El presidente de esta institución, Manuel Fernández de la Cera, se mostró «solidarizado» con la familia asturiana y manifestó su intención de ejercer de negociador con la Embajada de España en Venezuela y las autoridades del país americano. Además, ofreció «asistencia personal a la familia» en el centro asturiano de Caracas, del que dijo que era uno de los centros del Principado «más importantes que existen».
De la Cera es consciente de que la resolución del conflicto «está fuera de nuestro alcance», pero aseguró que desde el Consejo de Comunidades Asturianas «existe buena voluntad de influir en las autoridades de aquel país. La familia tiene todo nuestro apoyo y les ayudaremos en lo que podamos». Quien fuera también consejero de Cultura admitió incluso que este tipo de desavenencias familiares no son aisladas, porque «muchos descendientes de emigrantes viven casuísticas similares. Obtienen la nacionalidad del país de destino y luego están obligados a acatar las normas de aquel lugar, que no siempre son iguales a las del país de origen».
El caso de Antonia Fernández es peculiar. La propia justicia venezolana otorgó en 1999 a esta emigrante asturiana la guarda y custodia de su hijo Enrique Edo Fernández tras divorciarse de su primer marido, el venezolano Enrique Edo Espinosa. Sin embargo, mientras el menor disfrutaba de un permiso vacacional con su padre en junio de 2006, éste decidió unilateralmente que el niño no regresaría a Asturias, donde se acababa de asentar su ex mujer junto a su actual marido y el hijo de ambos.
Convenio de La Haya
La madre del menor inició entonces un proceso para forzar el regreso de Enrique a través del Ministerio de Justicia de España y en conformidad con el Convenio de La Haya. La justicia venezolana le dio la razón inicialmente y ordenó la repatriación inmediata del niño pero, antes de su vuelta a casa, el padre consiguió paralizar el proceso interponiendo un recurso de amparo. Desde entonces, los trámites están paralizados y el niño vive con su padre en Caracas sin que la progenitora -quien tiene la guarda y custodia- le haya visto en los dos últimos años.
Y no es el único proceso judicial abierto por la familia asturiana. En septiembre de 2007, Antonia Fernández presentó ante el Juzgado de Instrucción de Llanes una denuncia por lo penal contra su marido por un presunto delito de sustracción de menores que se admitió a trámite en España, pero que fuera de las fronteras parece haber quedado olvidada.
Después de que su historia saliera publicada el pasado viernes en EL COMERCIO, Antonia Fernández no ha parado de recibir llamadas de apoyo. La primera sería la de la alcaldesa de Llanes, quien se ponía en contacto directo con la familia para mostrar su solidaridad y comprometerse a entregar la documentación del caso al delegado de Gobierno en funciones, Antonio Trevín, y hacérsela llegar al Gobierno del Principado.
También el Ministerio de Justicia en España movía ficha estos días y formulaba una nueva instancia ante las autoridades venezolanas en la que reclamaba agilidad en el proceso de repatriación del menor, y se recuerda que el caso debería haberse resuelto hace tiempo, debido a que se trata de una sustracción internacional de menores que, en condiciones normales, tendría que haberse solucionado de forma urgente.
Ahora es el Consejo de Comunidades Asturianas el que extiende su mano a la familia de Antonia Fernández y se ofrece de intermediario con las autoridades venezolanas para solucionar el conflicto. El ejecutivo de Vicente Álvarez Areces, por ahora, ha mantenido absoluto silencio ante este asunto.
