GIJÓN
Algo más que un refugio
Un grupo de sindicalistas colombianos amenazados de muerte por paramilitares inicia una residencia de seis meses en pisos de acogida
22.04.08 -
RECEPCIÓN. Jesús Montes y Ana García, de Soldepaz, con la delegación colombiana. / P. CITOULA
Se levantan a diario de la cama pensando que puede ser el último día de sus vidas. Han visto la muerte de cerca y la han eludido por pura suerte. Ahora tienen por delante un periodo de tranquilidad, una tregua de seis meses sin sobresaltos ni nervios a flor de piel. Son los sindicalistas colombianos amenazados por grupos paramilitares de su país que acaban de instalarse en Gijón, en pisos de acogida de La Calzada y El Natahoyo, para poder estar a salvo por un periodo de seis meses.
Los testimonios de cómo transcurren sus existencias en su país pueden tocar la fibra hasta del corazón más insensible. Acusados de colaborar con la guerrilla y considerados como elementos subversivos por el Gobierno de Álvaro Uribe por su defensa de los derechos humanos, su cara está en una diana cada vez que salen a la calle. «Han permitido que vivamos 180 días más», agradeció ayer en el salón de recepciones del Ayuntamiento Antonio Gertds, dirigente de un sindicato sanitario que ha sufrido ya tres atentados y acude a todas partes con escolta privada. Junto a él han viajado Fernando Ramírez (sindicalista minero), Ciro Becerra (estudiante universitario), David Contreras (empleado del sector financiero) y Diego Mejía (estudiante universitario).
Forman parte de la decimotercera delegación de un programa humanitario que ya ha alojado de forma temporal en Asturias a 49 sindicalistas amenazados de muerte en Colombia. Uno de ellos, Luciano Romero, fue brutalmente asesinado a su regreso. El Principado tutela la manutención y el viaje, mientras que el Ayuntamiento pone los pisos de acogida.
En una reunión con el concejal de Cooperación Internacional, Jesús Montes, los sindicalistas atribuyeron a grupos paramilitares el asesinato de 19 activistas de organizaciones de trabajadores que se han registrado durante los primeros tres meses del año en distintas ciudades colombianas. Además, denunciaron que sus compañeros fueron apuñalados en sus domicilios en una modalidad no habitual para que se confundiera con actos de delincuencia común.
«De esta manera se soslaya la responsabilidad del Gobierno colombiano en el genocidio sindical, un asunto que ha paralizado la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos durante el mandato de Uribe», expuso Javier Orozco, coordinador colombiano del programa humanitario.
Los testimonios de cómo transcurren sus existencias en su país pueden tocar la fibra hasta del corazón más insensible. Acusados de colaborar con la guerrilla y considerados como elementos subversivos por el Gobierno de Álvaro Uribe por su defensa de los derechos humanos, su cara está en una diana cada vez que salen a la calle. «Han permitido que vivamos 180 días más», agradeció ayer en el salón de recepciones del Ayuntamiento Antonio Gertds, dirigente de un sindicato sanitario que ha sufrido ya tres atentados y acude a todas partes con escolta privada. Junto a él han viajado Fernando Ramírez (sindicalista minero), Ciro Becerra (estudiante universitario), David Contreras (empleado del sector financiero) y Diego Mejía (estudiante universitario).
Forman parte de la decimotercera delegación de un programa humanitario que ya ha alojado de forma temporal en Asturias a 49 sindicalistas amenazados de muerte en Colombia. Uno de ellos, Luciano Romero, fue brutalmente asesinado a su regreso. El Principado tutela la manutención y el viaje, mientras que el Ayuntamiento pone los pisos de acogida.
En una reunión con el concejal de Cooperación Internacional, Jesús Montes, los sindicalistas atribuyeron a grupos paramilitares el asesinato de 19 activistas de organizaciones de trabajadores que se han registrado durante los primeros tres meses del año en distintas ciudades colombianas. Además, denunciaron que sus compañeros fueron apuñalados en sus domicilios en una modalidad no habitual para que se confundiera con actos de delincuencia común.
«De esta manera se soslaya la responsabilidad del Gobierno colombiano en el genocidio sindical, un asunto que ha paralizado la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos durante el mandato de Uribe», expuso Javier Orozco, coordinador colombiano del programa humanitario.
