La idea, lanzada el lunes por Eva Sánchez, directora del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, en sede parlamentaria, fue calificada ayer por la Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias (AIRA) como «una ocurrencia sin fundamento».
«No se pueden hacer experimentos en asuntos tan delicados como éste. La atención a los menores inmigrantes no acompañados debe estar a cargo de profesionales, en instalaciones adecuadas para esta labor, con una dotación de medios materiales y humanos adecuada y la Administración no puede pretender descargar su responsabilidad con propuestas peregrinas, que denotan además un desconocimiento de la situación de las familias inmigrantes que residen en Asturias», afirmó Berta Montoya, presidenta de la asociación.
Montoya señaló además que «muchas familias inmigrantes tienen problemas lógicos derivados de los cambios en todos los órdenes que supone irse a vivir a un nuevo país» y que «hay situaciones muy difíciles derivadas de los largos horarios de trabajo de los padres, que dificultan la presencia, el control y la participación de padre y madre en la educación de los hijos, por lo que es imposible que puedan asumir la responsabilidad de tener otro niño o adolescente en casa».
Para AIRA, precisó la portavoz de los inmigrantes en la región, «el Gobierno del Principado debe hacer caso a las reivindicaciones de los trabajadores que atienden a estos niños, que llevan mucho tiempo solicitando medios para poder realizar en condiciones un trabajo tan importante y delicado como éste». Y en el mismo sentido se pronunció Prince Kennedy, portavoz regional de la Comunidad de Africanos Residentes en España (CARE), quien precisó que «los inmigrantes viven a veces en condiciones muy duras y difícilmente se podrán hacer cargo de esos menores».
No ha sido la única crítica al Instituto de Atención Social a la Infancia tras la comparecencia de su directora en la Junta General del Principado. Coque Yustas, presidente de la Asociación de Familias Adoptantes en Rusia (Asfaru), acusó a la Consejería de Bienestar Social de «estar obstaculizando la adopción por libre de menores procedentes de este país, uno de los que mejor funcionan desde el incremento de los requisitos en China».
Según Yustas, varias familias asturianas «han sido animadas por técnicos de la consejería a emprender los trámites del proceso con la ayuda de una entidad mediadora de la adopción y no con el letrado experto en adopciones que ellos han elegido». Se da la circunstancia de que Asturias es una de las pocas comunidades que no cuentan con ninguna entidad colaboradora de adopción internacional (ECAI), por lo que las familias adoptantes deben acudir a intermediarios de otras regiones.





