En un auto hecho público ayer, el juez José Hoya ordena que la guardia y custodia de la menor sea ejercida por los Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria hasta que se determine si la niña ha sido objeto de abusos sexuales.
El juez acuerda esta medida por el «riesgo evidente» que sufre la menor y por la «posición obstativa» de la madre, que tiene atribuida su guardia y custodia. También ordenó la supresión de cualquier contacto de la madre y su compañero con la niña hasta su evaluación por los Servicios Técnicos de Protección del Menor, que determinarán si ha sido objeto de abandonos anteriores y sobre la conveniencia de que siga teniendo relación con ellos.





