Politica
La Junta aprueba la financiación del pacto social, pero PP e IU avisan de que vigilarán «al detalle» su ejecución
26.04.08 -
PP e IU cumplieron su palabra y no pusieron ninguna traba a la aprobación en la Junta del crédito extraordinario que financiará el pacto social, justificando su apoyo en la necesidad de invertir todos los fondos que sean necesarios para combatir la desaceleración económica, pero llenaron su discurso de duros reproches al papel jugado por el Gobierno regional. Tanto el portavoz popular, Joaquín Aréstegui, como el de la coalición, Jesús Iglesias, advirtieron al Ejecutivo de que vigilarán «al detalle» la ejecución de los 95,1 millones de euros aprobados ayer, con el objetivo de «evitar que se desvirtúe lo aquí pactado». El consejero de Economía, Jaime Rabanal, se centró por su parte en defender la importancia del crédito, «que contribuirá a mantener el pulso de la economía asturiana» ante la época de vacas flacas que se avecina.
Los datos del crédito responden íntegramente a lo pactado entre Gobierno, patronal y sindicatos. 95,1 millones de gasto total, una inversión inducida de más de 500 millones y prioridad para las políticas de cohesión social (30,2 millones), el suelo industrial (1 millón), la promoción económica (3,5 millones) y el apoyo a los emprendedores (3,9 millones). «Ayuda a impulsar la economía asturiana ante un escenario de desaceleración», precisó Rabanal, que considera que la partida económica aprobada por el Parlamento es «una herramienta de gran relevancia» para un contexto económico complicado.
Más que a explicar el crédito en si, Rabanal se centró en 'vender' las ventajas que supondrá para afrontar la desaceleración. A este respecto, destacó que la evolución de la construcción en Asturias ha sido más «equilibrada» que en otras regiones, algo que, unido a la «fortaleza» del conjunto de la economía, permitirá que el «ajuste» actual tenga menor impacto. En todo caso, dejó claro que «Asturias no es inmune» a los problemas y que será necesario abundar en más suplementos financieros para «minimizar los posibles efectos» de una situación complicada, «siempre desde el diálogo con el Parlamento y los agentes económicos y sociales» y, desde luego, garantizando el equilibrio presupuestario. «Habrá que aportar los recursos necesarios», apuntó.
El PP no se dejó ablandar por estos planteamientos y centró sus críticas en el proceder del Gobierno, «porque me queda la duda de que hayan intentado usar el pacto social como 'plan b' para aprobar el presupuesto que no pudieron sacar adelante en diciembre». El Ejecutivo actuó «con soberbia y algo de chulería», según criticó el portavoz popular, que lamentó que se haya recurrido «al chantaje» para lograr el apoyo de los grupos de la oposición. Además, advirtió de que en la negociación de próximos créditos de estas características, el Partido Popular será más duro e incrementará su nivel de exigencia con el Principado si éste quiere conseguir su apoyo.
«Recesión»
Aréstegui habló de «recesión» y no de desaceleración para justificar el apoyo popular al crédito, un argumento que también manejó Izquierda Unida. Iglesias puso en duda que las prioridades definidas en la partida económica sean las adecuadas -«no creo que el elevador de Covadonga o un circuito de coches lo sean»- y animó al Gobierno a cumplir con premura lo pactado con empresarios y sindicatos, «que ya se están quejando de retrasos». En defensa del proyecto salió el portavoz socialista, Álvaro Álvarez, que negó las acusaciones de presiones y acuerdos extraparlamentarios denunciadas por el PP. El pleno, por cierto, se volvió a saldar con sendas derrotas del grupo parlamentario socialista, al sumar sus votos el Partido Popular e IU en dos iniciativas sobre educación.
Los datos del crédito responden íntegramente a lo pactado entre Gobierno, patronal y sindicatos. 95,1 millones de gasto total, una inversión inducida de más de 500 millones y prioridad para las políticas de cohesión social (30,2 millones), el suelo industrial (1 millón), la promoción económica (3,5 millones) y el apoyo a los emprendedores (3,9 millones). «Ayuda a impulsar la economía asturiana ante un escenario de desaceleración», precisó Rabanal, que considera que la partida económica aprobada por el Parlamento es «una herramienta de gran relevancia» para un contexto económico complicado.
Más que a explicar el crédito en si, Rabanal se centró en 'vender' las ventajas que supondrá para afrontar la desaceleración. A este respecto, destacó que la evolución de la construcción en Asturias ha sido más «equilibrada» que en otras regiones, algo que, unido a la «fortaleza» del conjunto de la economía, permitirá que el «ajuste» actual tenga menor impacto. En todo caso, dejó claro que «Asturias no es inmune» a los problemas y que será necesario abundar en más suplementos financieros para «minimizar los posibles efectos» de una situación complicada, «siempre desde el diálogo con el Parlamento y los agentes económicos y sociales» y, desde luego, garantizando el equilibrio presupuestario. «Habrá que aportar los recursos necesarios», apuntó.
El PP no se dejó ablandar por estos planteamientos y centró sus críticas en el proceder del Gobierno, «porque me queda la duda de que hayan intentado usar el pacto social como 'plan b' para aprobar el presupuesto que no pudieron sacar adelante en diciembre». El Ejecutivo actuó «con soberbia y algo de chulería», según criticó el portavoz popular, que lamentó que se haya recurrido «al chantaje» para lograr el apoyo de los grupos de la oposición. Además, advirtió de que en la negociación de próximos créditos de estas características, el Partido Popular será más duro e incrementará su nivel de exigencia con el Principado si éste quiere conseguir su apoyo.
«Recesión»
Aréstegui habló de «recesión» y no de desaceleración para justificar el apoyo popular al crédito, un argumento que también manejó Izquierda Unida. Iglesias puso en duda que las prioridades definidas en la partida económica sean las adecuadas -«no creo que el elevador de Covadonga o un circuito de coches lo sean»- y animó al Gobierno a cumplir con premura lo pactado con empresarios y sindicatos, «que ya se están quejando de retrasos». En defensa del proyecto salió el portavoz socialista, Álvaro Álvarez, que negó las acusaciones de presiones y acuerdos extraparlamentarios denunciadas por el PP. El pleno, por cierto, se volvió a saldar con sendas derrotas del grupo parlamentario socialista, al sumar sus votos el Partido Popular e IU en dos iniciativas sobre educación.
