
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y a preguntas de los periodistas, Solbes se refirió a las negociaciones para lograr un nuevo modelo de financiación autonómica y reconoció que el Ejecutivo «en este asunto no se puede permitir los cien días» y no evitó aludir a «ciertos compromisos derivados del Estatuto de Cataluña».
Se refirió el vicepresidente económico al trabajo realizado en la anterior legislatura y a los cambios en el Ministerio de Hacienda, así como a «contactos discretos» con algunas comunidades autónomas «para ir definiendo las posiciones que, básicamente, conocemos».
Solbes reconoció que algunas autonomías «se conformarían con una modificación del sistema actual, poniéndolo al día a través de un cálculo actualizado de la población y que el Estado pague las diferencias a aquellos territorios que tienen menos».
Otra tesis -continuó- cree que hay que ir a un Fondo de Suficiencia menor, como consecuencia de una mayor participación en los ingresos del Estado y, «lógicamente, también pretende que el Estado pague la cantidad adicional».
El vicepresidente añadió que en este segundo supuesto «hay muchas variables» sobre lo que se consideran servicios básicos a prestar de forma equilibrada en todo el territorio. Dijo también que el Estado, «que entiende muy bien estas posiciones», también piensa que la evolución de la financiación autonómica ha aumentado mucho más que la del Estado.
Por ello, «nuestra posición» es que en la distribución de la financiación autonómica «podemos hacer un esfuerzo financiero, pero necesariamente será muy limitado en las condiciones actuales».
Preguntado por el acuerdo entre Cataluña y la Comunidad Valenciana para llevar adelante un determinado modelo, Solbes comentó que «entra dentro de lo normal» que ambas hablen de financiación y coincidan en algunas cosas.
El vicepresidente sí se mostró partidario de una modificación de la LOFCA, que considera «necesaria si hay nuevas cesiones de tributos», algo, que en su opinión, «tiene que haber». Sobre el asunto, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega comentó que el objetivo del Gobierno es «impulsar un cambio del modelo de financiación de acuerdo con todas las comunidades autónomas», en el seno, primero, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y después, «con el mayor nivel de consenso», en el ámbito parlamentario.





