OPINIÓN ARTICULOS
El paisaje ante la disyuntiva ético-estética
27.04.08 -
DIVERSOS hechos recientes invitan a alguna reflexión y a desempolvar antiguos, que no, viejos, comportamientos y determinadas posturas ante lo que se nos antoja con perfiles de incuestionable belleza. Encontramos, por un lado, las importantes aportaciones de José Luis Aller sobre los primeros años del montañismo en Gijón que han servido para cubrir las lagunas y omisiones observadas en otras publicaciones respecto a la historia del montañismo en Asturias y, además, para refrescar la memoria sobre los móviles y estímulos de las primeras generaciones que se aventuraron en acceder a lo desconocido, desde impulsos rociados de la contemplación y disfrute del paisaje a partir de criterios estéticos. Con el tiempo, estas sensaciones han evolucionado hacia la búsqueda de la conquista, del dominio o de lograr efemérides, sustituyendo el eje de atención, anteriormente focalizado en elementos sólidamente estético-paisajísticos, por una perspectiva básicamente antropocéntrica en la que el objeto cambiaba de dirección. Posteriormente, en un intento de superar determinadas sensibilidades bucólicas y de interrelacionar -eso sí, un tanto confusamente- los aspectos económicos, sociales y medioambientales, los enfoques primigenios han sido sustituidos, perdiéndose, en consecuencia, en muchas ocasiones, la necesaria conexión entre todos los elementos, para los cuales la educación se erige en un referente básico e incuestionable. La consideración y la admiración del paisaje, como tal, han sido, lamentablemente, orilladas, con excesiva contundencia en muchas ocasiones. En la actualidad, se mira mucho, pero se ve menos. Hay más opciones, pero la racionalidad y la inteligencia se utilizan, proporcionalmente, poco.
La prioridad otorgada frecuentemente, en casi todos los órdenes, a la explotación, sin más, del patrimonio natural ha propiciado una esquilmación y mutación de tal calibre que ha degradado el entorno en evidentes contradicciones entre supuestas consideraciones prioritarias de índole cultural y el respeto al medio natural. Por citar otro ejemplo reciente que ha tenido eco afortunadamente en la sensibilización de buena parte de la población, está el conflicto ocasionado por la incompatibilidad decisoria y gestora en relación con el 'texu' de Abamia, especie incluida en el 'Catálogo regional de especies amenazadas de la flora del Principado de Asturias', dentro de la categoría de «plantas de interés especial», y, por tanto, merecedora de una atención particular por su valor científico, ecológico y cultural, junto a su indiscutible singularidad.
Este caso ha vuelto a recordar que la ética no puede disociarse del paisaje y, en consecuencia, de la propia estética, porque suele haber una clara interrelación bidireccional Si bien la manifestación estética se erige en una consecuencia de la necesidad de expresar y transmitir sentimientos, el refuerzo de estos últimos se fortalece a partir de la vinculación con la dimensión ética. Y viceversa. Por otro lado, recordemos que el Consejo de Europa aprobaba en Florencia, en octubre de 2000, el Convenio Europeo del Paisaje. España, que lo había firmado en aquel acto, hasta transcurridos siete años no expedía el instrumento de ratificación, por lo que, una vez tramitado el correspondiente depósito, entraba en vigor para nuestro país el 1 de marzo de este año. Es decir, cuatro años después de su entrada en vigor de forma general. Aquí, hasta ahora, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, con responsabilidades claves para la aplicación del convenio, han respondido desigualmente para la formalización y aplicación del compromiso signado y algunas respuestas específicas se han expresado a través de iniciativas legislativas ya aprobadas (Comunidad Autónoma de Valencia y la Generalidat de Cataluña) o en curso de tramitación parlamentaria (Galicia y Baleares).
En contraste y con anterioridad, desde diferentes foros se lanzaban marcos de referencia, como la 'Estrategia territorial europea', aprobada en Potsdam en 1999, los 'Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo', expuestos en Hannover al año siguiente, o las regulaciones y actuaciones sobre estas materias en Suiza, Francia y Alemania, cuyo modelo, asentado en una ley federal, combina y entrelaza la gestión del paisaje con la conservación de la naturaleza. Precisamente, una de las principales aportaciones de este convenio reside en encajar dentro de lo que se entiende por 'paisaje' a toda acción e interacción de factores no sólo naturales sino también antropogénicos al considerar, además, dentro de la «ordenación paisajística», las acciones que presenten un carácter prospectivo, particularmente acentuado con la intención de mejorar, restaurar o crear paisajes. Se trata, por consiguiente, de su aplicación no sólo a las áreas naturales, sino también a las de caracterización urbana y periurbana; de tal manera que se dirige tanto a las zonas terrestres, como a las aguas marítimas y continentales.
En definitiva, su objetivo se centra en la protección, gestión y ordenación de los paisajes. Los paisajes se reconocen jurídicamente como elementos fundamentales del entorno humano, ya que reflejan la diversidad del patrimonio común desde la doble vertiente: cultural y natural. Estamos, en consecuencia, ante dos pilares claves para la actuación: por un lado, al dar carta de naturaleza a la participación pública, mediante los procedimientos adecuados, para intervenir en la formulación de las políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje, y consolidar un contexto que va de la mano del Convenio de Aarhus; y, en segundo lugar, al subrayar la integración del paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en las políticas culturales, medioambientales, agrícolas y sociales, así como en todas aquellas que tengan un impacto directo o indirecto sobre el paisaje. Esto es, se perfila un enfoque transversal y no fragmentario ni excluyente.
Recuérdese que, con anterioridad a la adopción de determinadas medidas y planes -encima, muchos, vinculados básicamente a la especulación- se debería abordar la identificación previa de los paisajes en todo el territorio, así como el análisis de sus características y de las fuerzas y presiones que los transforman, conforme se insiste en dicho convenio. Esta consideración viene al caso, especialmente, por los temores ante una cercana destrucción irreversible del resto del panorama visual que todavía se puede disfrutar desde El Infanzón hasta la explanada marítima gijonesa, por el desenfreno de la construcción depredadora en las áreas próximas al caso urbano, e invita a pensar seriamente sobre las consecuencias.
Los impactos ambientales afectan a múltiples elementos interrelacionados. No sólo estamos frente a depredaciones que afectan a la flora y fauna y al entramado biocenótico, la estética constituye un elemento indiscutiblemente asociado al paisaje y no valen alternativas unidireccionales. La energía eólica, por ejemplo, que por su condición de energía renovable presenta indudables ventajas frente a otras fuentes contaminantes y dependientes, debe abordarse con precauciones respecto a la elección de las ubicaciones y a la eficiencia esperada, entre otras razones, por la destrucción de la armonía y de la calidad del paisaje, así como por las influencias negativas en los marcos biotópicos de implicación biótica, que suelen ser infravaloradas en demasiadas ocasiones.
Las considerables lagunas existentes actualmente en orden a la formulación de una auténtica 'Política en materia de paisajes' se extienden a todas las administraciones públicas competentes al no adoptarse medidas concretas con vistas a la protección, gestión y ordenación del paisaje. No se olvide que el paisaje, en el sentido resaltado por el Convenio Europeo del Paisaje, se ha de identificar, en cualquier parte del territorio, con la percepción de la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos; de forma que el objetivo clave a asumir por las autoridades públicas competentes, en cuanto a la calidad, deberá contar con las aspiraciones de los habitantes en lo concerniente a las características paisajísticas del entorno. Para ello, resulta indisociable la confluencia de una base educacional, diáfana y, por supuesto, específica, de la población con las estrategias adoptables para dar cumplimiento a los acuerdos asumidos internacionalmente.
Sin sensibilización de la sociedad sobre el valor de los paisajes, de su papel y de las implicaciones de su transformación, difícilmente se podrá avanzar, en medio de la zafiedad imperante, para la recuperación de ciertas percepciones y su armonización con retos nuevos y no necesariamente contrapuestos.
La prioridad otorgada frecuentemente, en casi todos los órdenes, a la explotación, sin más, del patrimonio natural ha propiciado una esquilmación y mutación de tal calibre que ha degradado el entorno en evidentes contradicciones entre supuestas consideraciones prioritarias de índole cultural y el respeto al medio natural. Por citar otro ejemplo reciente que ha tenido eco afortunadamente en la sensibilización de buena parte de la población, está el conflicto ocasionado por la incompatibilidad decisoria y gestora en relación con el 'texu' de Abamia, especie incluida en el 'Catálogo regional de especies amenazadas de la flora del Principado de Asturias', dentro de la categoría de «plantas de interés especial», y, por tanto, merecedora de una atención particular por su valor científico, ecológico y cultural, junto a su indiscutible singularidad.
Este caso ha vuelto a recordar que la ética no puede disociarse del paisaje y, en consecuencia, de la propia estética, porque suele haber una clara interrelación bidireccional Si bien la manifestación estética se erige en una consecuencia de la necesidad de expresar y transmitir sentimientos, el refuerzo de estos últimos se fortalece a partir de la vinculación con la dimensión ética. Y viceversa. Por otro lado, recordemos que el Consejo de Europa aprobaba en Florencia, en octubre de 2000, el Convenio Europeo del Paisaje. España, que lo había firmado en aquel acto, hasta transcurridos siete años no expedía el instrumento de ratificación, por lo que, una vez tramitado el correspondiente depósito, entraba en vigor para nuestro país el 1 de marzo de este año. Es decir, cuatro años después de su entrada en vigor de forma general. Aquí, hasta ahora, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, con responsabilidades claves para la aplicación del convenio, han respondido desigualmente para la formalización y aplicación del compromiso signado y algunas respuestas específicas se han expresado a través de iniciativas legislativas ya aprobadas (Comunidad Autónoma de Valencia y la Generalidat de Cataluña) o en curso de tramitación parlamentaria (Galicia y Baleares).
En contraste y con anterioridad, desde diferentes foros se lanzaban marcos de referencia, como la 'Estrategia territorial europea', aprobada en Potsdam en 1999, los 'Principios directores para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo', expuestos en Hannover al año siguiente, o las regulaciones y actuaciones sobre estas materias en Suiza, Francia y Alemania, cuyo modelo, asentado en una ley federal, combina y entrelaza la gestión del paisaje con la conservación de la naturaleza. Precisamente, una de las principales aportaciones de este convenio reside en encajar dentro de lo que se entiende por 'paisaje' a toda acción e interacción de factores no sólo naturales sino también antropogénicos al considerar, además, dentro de la «ordenación paisajística», las acciones que presenten un carácter prospectivo, particularmente acentuado con la intención de mejorar, restaurar o crear paisajes. Se trata, por consiguiente, de su aplicación no sólo a las áreas naturales, sino también a las de caracterización urbana y periurbana; de tal manera que se dirige tanto a las zonas terrestres, como a las aguas marítimas y continentales.
En definitiva, su objetivo se centra en la protección, gestión y ordenación de los paisajes. Los paisajes se reconocen jurídicamente como elementos fundamentales del entorno humano, ya que reflejan la diversidad del patrimonio común desde la doble vertiente: cultural y natural. Estamos, en consecuencia, ante dos pilares claves para la actuación: por un lado, al dar carta de naturaleza a la participación pública, mediante los procedimientos adecuados, para intervenir en la formulación de las políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje, y consolidar un contexto que va de la mano del Convenio de Aarhus; y, en segundo lugar, al subrayar la integración del paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en las políticas culturales, medioambientales, agrícolas y sociales, así como en todas aquellas que tengan un impacto directo o indirecto sobre el paisaje. Esto es, se perfila un enfoque transversal y no fragmentario ni excluyente.
Recuérdese que, con anterioridad a la adopción de determinadas medidas y planes -encima, muchos, vinculados básicamente a la especulación- se debería abordar la identificación previa de los paisajes en todo el territorio, así como el análisis de sus características y de las fuerzas y presiones que los transforman, conforme se insiste en dicho convenio. Esta consideración viene al caso, especialmente, por los temores ante una cercana destrucción irreversible del resto del panorama visual que todavía se puede disfrutar desde El Infanzón hasta la explanada marítima gijonesa, por el desenfreno de la construcción depredadora en las áreas próximas al caso urbano, e invita a pensar seriamente sobre las consecuencias.
Los impactos ambientales afectan a múltiples elementos interrelacionados. No sólo estamos frente a depredaciones que afectan a la flora y fauna y al entramado biocenótico, la estética constituye un elemento indiscutiblemente asociado al paisaje y no valen alternativas unidireccionales. La energía eólica, por ejemplo, que por su condición de energía renovable presenta indudables ventajas frente a otras fuentes contaminantes y dependientes, debe abordarse con precauciones respecto a la elección de las ubicaciones y a la eficiencia esperada, entre otras razones, por la destrucción de la armonía y de la calidad del paisaje, así como por las influencias negativas en los marcos biotópicos de implicación biótica, que suelen ser infravaloradas en demasiadas ocasiones.
Las considerables lagunas existentes actualmente en orden a la formulación de una auténtica 'Política en materia de paisajes' se extienden a todas las administraciones públicas competentes al no adoptarse medidas concretas con vistas a la protección, gestión y ordenación del paisaje. No se olvide que el paisaje, en el sentido resaltado por el Convenio Europeo del Paisaje, se ha de identificar, en cualquier parte del territorio, con la percepción de la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos; de forma que el objetivo clave a asumir por las autoridades públicas competentes, en cuanto a la calidad, deberá contar con las aspiraciones de los habitantes en lo concerniente a las características paisajísticas del entorno. Para ello, resulta indisociable la confluencia de una base educacional, diáfana y, por supuesto, específica, de la población con las estrategias adoptables para dar cumplimiento a los acuerdos asumidos internacionalmente.
Sin sensibilización de la sociedad sobre el valor de los paisajes, de su papel y de las implicaciones de su transformación, difícilmente se podrá avanzar, en medio de la zafiedad imperante, para la recuperación de ciertas percepciones y su armonización con retos nuevos y no necesariamente contrapuestos.
