ECONOMÍA
La competencia de EE UU, con sus bajos precios, paraliza la producción de biodiésel en El Musel
Belinchón frena las obras de su planta hasta que «se aclare la situación del sector» y Duro opta por dedicar la suya sólo para almacenar en la primera fase
28.04.08 -
El biodiésel procedente de Estados Unidos se ha convertido en un serio peligro para las productoras españolas y también para las asturianas, que se están viendo obligadas a frenar sus planes para producir biodiésel en El Musel. En 2007, las importaciones de biodiésel estadounidense superaron las 150.000 toneladas y coparon el 50% del mercado español. El motivo para esta avalancha es el atractivo precio que ofrece por sus ventajas fiscales.
En su país de origen recibe abundantes subvenciones y, al llegar a España, se acoge también a incentivos, como el vigente tipo cero en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, establecido para promover los biocarburantes y que supone 0,278 euros por litro. Si se suman ambos beneficios, el precio de venta por tonelada 100 euros inferior al de las fábricas españolas.
Así lo asegura la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), que agrupa a 39 empresas de toda España. Afirma que «la situación ya está afectando gravemente a muchas de las 22 plantas de biodiésel operativas en España, ya que se están viendo obligadas a reducir o a detener su actividad. Si no se toman medidas urgentes, buena parte de la industria nacional se verá irremediablemente abocada al cierre», añade.
En Asturias, el grupo Nátura -controlado en un 54,87% por la familia Jiménez Belinchón- ha paralizado, de momento, las obras de la que fue presentada como «la mayor planta de biodiésel del mundo». Una portavoz de la compañía indica que «las obras no se han cancelado, pero están momentáneamente paradas hasta que se aclare o solucione la situación del sector y su financiación».
Nátura puso la primera piedra de la factoría el 18 de setiembre de 2007. En la presentación, adelantó que la planta iba a tener una superficie de 28.000 metros cuadrados en los muelles de La Osa y que comenzaría su actividad en febrero de 2009, cuando finalizara la primera fase de la obra. Y en junio de ese año, cuando ya hubieran concluido todos los trabajos, la factoría alcanzaría el 100% de su producción; esto es, 500.000 toneladas anuales, unos 600 millones de litros. El proyecto supone una inversión de 80 millones. Siete meses después, la empresa está pendiente de las sombras sobre el sector.
También Duro Felguera -que construirá una planta de biodiésel en el puerto gijonés con una inversión de 50 millones- está expectante. Aunque seguirá adelante con la factoría -está en trámites administrativos-, la dedicará, en una primera fase, a almacenar el biocombustibles que produzcan otras empresas y su posterior comercialización.
Modificar la legislación
Con estas circunstancias, la APPA pide al Gobierno que modifique la actual legislación fiscal para evitar que los biocarburantes importados con subvención en origen se beneficien al llegar a España de la aplicación del tipo cero en el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Asimismo, reclama que se desarrolle reglamentariamente la obligación de consumo obligatorio de biocarburantes. El Gobierno ha fijado para 2008 un consumo del 1,9% en relación al gasóleo y las gasolina; un 2,4% para 2009 y un 5,83% en 2010.
Según los productores, están preparados para asumir «perfectamente» este reto y el de la Unión Europea, que quiere que los biocombustibles supongan en 2020 el 10% de los carburantes para el transporte en todos los países de la UE. Sin embargo, afirman, que «si no se pone fin a este 'dumping' fiscal, se daría la aberrante situación de que el establecimiento de esta obligación sólo serviría para realimentar la competencia desleal de las importaciones». Y «este derrumbe», añaden, «sepultará los más de 200 millones de euros invertidos».
Precisamente, el viernes pasado, la Asociación Europea de Biodiésel, a la que pertenece APPA, presentó en Bruselas una demanda para frenar las importaciones subvencionadas por Estados Unidos. En su informe, la organización europea presenta «pruebas de cómo gracias a dichas subvenciones, el biodiésel norteamericano se puede vender en la UE con un margen de dumping de casi el 30%». En 2007, añade, «entró un millón de toneladas de biodiésel norteamericano en la UE y, si no se adoptan medidas arancelarias compensatorias, esa cantidad aumentará en un 30%», advierte la asociación.
Otra de las denuncias del sector de los biocarburantes es que «son las grandes petroleras españolas las principales importadoras del biodiésel norteamericano». «Los mismos operadores que hasta la fecha han frenado el desarrollo y la visibilidad comercial del biodiésel en sus gasolineras, aprovechando el control oligopolístico que ejercen en la distribución de carburantes, se están lucrando de esta situación, sin trasladar a los consumidores el ahorro extra que ello les reporta», añade. Además, dice, este proceder «va en detrimento de la política española de fomento de la producción de biocarburantes».
ermendez@elcomerciodigital.com
En su país de origen recibe abundantes subvenciones y, al llegar a España, se acoge también a incentivos, como el vigente tipo cero en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, establecido para promover los biocarburantes y que supone 0,278 euros por litro. Si se suman ambos beneficios, el precio de venta por tonelada 100 euros inferior al de las fábricas españolas.
Así lo asegura la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), que agrupa a 39 empresas de toda España. Afirma que «la situación ya está afectando gravemente a muchas de las 22 plantas de biodiésel operativas en España, ya que se están viendo obligadas a reducir o a detener su actividad. Si no se toman medidas urgentes, buena parte de la industria nacional se verá irremediablemente abocada al cierre», añade.
En Asturias, el grupo Nátura -controlado en un 54,87% por la familia Jiménez Belinchón- ha paralizado, de momento, las obras de la que fue presentada como «la mayor planta de biodiésel del mundo». Una portavoz de la compañía indica que «las obras no se han cancelado, pero están momentáneamente paradas hasta que se aclare o solucione la situación del sector y su financiación».
Nátura puso la primera piedra de la factoría el 18 de setiembre de 2007. En la presentación, adelantó que la planta iba a tener una superficie de 28.000 metros cuadrados en los muelles de La Osa y que comenzaría su actividad en febrero de 2009, cuando finalizara la primera fase de la obra. Y en junio de ese año, cuando ya hubieran concluido todos los trabajos, la factoría alcanzaría el 100% de su producción; esto es, 500.000 toneladas anuales, unos 600 millones de litros. El proyecto supone una inversión de 80 millones. Siete meses después, la empresa está pendiente de las sombras sobre el sector.
También Duro Felguera -que construirá una planta de biodiésel en el puerto gijonés con una inversión de 50 millones- está expectante. Aunque seguirá adelante con la factoría -está en trámites administrativos-, la dedicará, en una primera fase, a almacenar el biocombustibles que produzcan otras empresas y su posterior comercialización.
Modificar la legislación
Con estas circunstancias, la APPA pide al Gobierno que modifique la actual legislación fiscal para evitar que los biocarburantes importados con subvención en origen se beneficien al llegar a España de la aplicación del tipo cero en el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Asimismo, reclama que se desarrolle reglamentariamente la obligación de consumo obligatorio de biocarburantes. El Gobierno ha fijado para 2008 un consumo del 1,9% en relación al gasóleo y las gasolina; un 2,4% para 2009 y un 5,83% en 2010.
Según los productores, están preparados para asumir «perfectamente» este reto y el de la Unión Europea, que quiere que los biocombustibles supongan en 2020 el 10% de los carburantes para el transporte en todos los países de la UE. Sin embargo, afirman, que «si no se pone fin a este 'dumping' fiscal, se daría la aberrante situación de que el establecimiento de esta obligación sólo serviría para realimentar la competencia desleal de las importaciones». Y «este derrumbe», añaden, «sepultará los más de 200 millones de euros invertidos».
Precisamente, el viernes pasado, la Asociación Europea de Biodiésel, a la que pertenece APPA, presentó en Bruselas una demanda para frenar las importaciones subvencionadas por Estados Unidos. En su informe, la organización europea presenta «pruebas de cómo gracias a dichas subvenciones, el biodiésel norteamericano se puede vender en la UE con un margen de dumping de casi el 30%». En 2007, añade, «entró un millón de toneladas de biodiésel norteamericano en la UE y, si no se adoptan medidas arancelarias compensatorias, esa cantidad aumentará en un 30%», advierte la asociación.
Otra de las denuncias del sector de los biocarburantes es que «son las grandes petroleras españolas las principales importadoras del biodiésel norteamericano». «Los mismos operadores que hasta la fecha han frenado el desarrollo y la visibilidad comercial del biodiésel en sus gasolineras, aprovechando el control oligopolístico que ejercen en la distribución de carburantes, se están lucrando de esta situación, sin trasladar a los consumidores el ahorro extra que ello les reporta», añade. Además, dice, este proceder «va en detrimento de la política española de fomento de la producción de biocarburantes».
ermendez@elcomerciodigital.com
