
LA TRAMA
LA TRAMA
El juez condenó a la mujer, Iryna L., de origen ucraniano, de 32 años de edad, a la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión por un delito de estafa. Su pareja sentimental, Luis Armando S. G., de 30 años, deberá cumplir una pena de cuatro años y seis meses de cárcel por el mismo delito. Según el fallo judicial, los dos acusados son condenados por un delito de «continuado de estafa, ya que formaban parte de un plan preconcebido para engañar a los proveedores de las empresas de fruta». Según el juez, «se aprovechaban de la distancia y de que comercializaban con mercancía perecedera».
Los acusados cambiaban de sociedad una vez que «quemaban la anterior por falta de pagos». De esta forma, daban de baja una sociedad a la vez que daban de alta otra con distinto nombre pero para el mismo destino. Tenían las sedes sociales en Gijón y Oviedo.
La pareja deberá abonar 80.000 euros en concepto de indemnización para la empresa Cesce Seguros, que pagó previamente los prejuicios económicos a varias empresas de fruta perjudicadas. La investigación arrancó en febrero de 2006 a partir de una denuncia presentada en la Guardia Civil de Posada de Llanera por un supuesto delito de estafa consistente en el impago de un pedido de fruta. La 'operación fruta' se desarrolló los meses posteriores hasta el 12 de setiembre de 2006, día en el que la Benemérita inició las detenciones de personas presuntamente responsables de la estafa. Además de la pareja, fueron arrestados R. A. L., de 52 años, y B. R. G. G., de 32.
La actividad ilícita declarada era el sector de la compra-venta de frutas y hortalizas. Una vez constituidas las sociedades efectuaban pedidos de mercancía a otras empresas del sector en España, vía fax o teléfono, principalmente del Sur de España. En un primer momento hacían frente a los primeros pagos, granjeándose así la confianza de los proveedores. Luego, no abonaban los pedidos que realizaban. Las sociedades creadas para tales fines es de 16 desde el año 1999. Una vez que la mercancía llegaba a Asturias se ponían en contacto con el transportista y se le indicaba el lugar de descarga.
Se pagaba al transportista y se se vendía a minoristas de la comunidad. Las empresas proveedoras perjudicadas superan las 80 en el país: Zaragoza, Almería, Málaga, Lérida, Murcia, La Rioja, Valencia, Alicante, Granada, Sevilla, Madrid, Huesca, Castellón, Cádiz, Badajoz y Barcelona).





