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El PP alerta de que la crisis hará aumentar el número de peticiones del salario social
29.04.08 -

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El PP alerta de que la crisis hará aumentar el número de peticiones del salario social
La diputada del PP en la Junta General del Principado Inmaculada González afirmó ayer que «la crisis económica» que se pronostica para los próximos meses en el ámbito nacional e internacional provocará un incremento de los posibles beneficiarios del salario social básico en Asturias. González reiteró sus críticas a la Consejería de Bienestar Social por no haber elaborado un Plan de Inclusión Social, lo que le impide contar con un diagnóstico «completo» de los ciudadanos susceptibles de recibir esa prestación.

La parlamentaria popular realizó esas afirmaciones después de que la consejería respondiese a una solicitud de información, en la que pedía la relación completa de beneficiarios del salario social en 2007, los ayuntamientos donde están empadronados, la distribución por sexo y edad, la cuantía de la prestación y la fecha de inicio de la percepción, así como su situación familiar.

La respuesta de Bienestar Social no incluye algunos de los datos demandados por la diputado al no estar recogidos en la aplicación informática que desarrolla la aplicación de esta prestación, lo que refleja, a su juicio, el «desbarajuste de datos» de la consejería.

González lamentó, no obstante, que su denuncia sobre el salario social pueda hacerse extensiva a otras áreas de Bienestar Social como Infancia. Asimismo, recordó que el plan de exclusión social sigue sin redactarse desde el año 2003. «En octubre nos aseguraron que se hacía enseguida, no sabemos lo que entienden en la consejería por enseguida», añadió.

La información remitida por ese departamento constata que en 2007 se presentaron 7.579 solicitudes, de las que 2.298 eran nuevas, y se autorizaron 6.399, lo que supone un incremento de 2.800 respecto al ejercicio anterior, que generaron un gasto de 18,8 millones de euros.

Para la también diputada del PP Elma Alonso estos datos no permiten conocer cuántos beneficiarios se han incorporado al mercado laboral ni si se están tomando medidas para evitar que esta prestación «se cronifique».

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