GIJÓN
La Policía detiene a uno de los herederos de Magnus Blikstad tras un corte de tráfico de cinco horas
Alfredo Uría cruzó su coche para impedir la retirada de las vallas que cerraban el paso por la calle
PROTESTA. Los herederos de la parcela instalan, a las 11 horas, vallas con carteles que anuncian su venta e impiden la circulación. / SEVILLA
Tres horas. Ese fue el tiempo que permaneció detenido Alfredo Uría, uno de los herederos de la parcela de Magnus Blikstad, por la Policía Local ayer por la tarde. Fue denunciado por resistencia a la autoridad, ya que no había accedido a retirar su vehículo de la finca que le pertenece. No era la primera vez que él y su familia cortaban el tráfico de esa manera. Sin embargo, en esta ocasión los ánimos estaban caldeados en el Consistorio desde por la mañana. De ahí este «acto de fuerza», en palabras de Alfredo Uría, o «acto delictivo», según su abogado, José Bordiú Cienfuegos-Jovellanos, quien anunció una denuncia por el «abuso policial» al juzgado de instrucción.
Todo comenzó ayer a primerísima hora de la mañana. Desde las 7.30 horas, cuatro herederos y el abogado de la familia habían estado colocando palés en las plazas de aparcamiento situadas dentro de los límites de su finca a medida que los propietarios de los vehículos abandonaban el lugar. Se trataba de Francisco del Barrio, los hermanos Juan Miguel y Elisardo Arturo Uría Gallinal, Alfredo Uría, y el representante, José Bordiu Cienfuegos-Jovellanos.
No fue hasta las 10.55 de la mañana cuando llegó una furgoneta con el material necesario para vallar la zona. Veinte minutos después, ya habían cercado buena parte del solar. Eso sí, dejando el paso libre a los peatones que transitaban por la acera y permitiendo la entrada a quienes accedían al taller mecánico y al portal que están situados frente a la parcela. Un notario apareció pocos minutos después, a las 11.30, para tomar unas fotografías y levantar un acta notarial.
En el Ayuntamiento la noticia fue recibida con «sorpresa». El concejal de Hacienda y Coordinación Administrativa, Santiago Martínez Argüelles, explicaba que «no tienen licencia para realizar ese vallado. La licencia había sido solicitada y fue denegada por este Ayuntamiento. Exigiremos por tanto el cese de esa actividad y el retorno al uso que viene siendo habitual desde hace más de 50 años». Por su parte, el abogado de la familia señaló que «hace 15 días que presentamos la solicitud y todavía no nos ha llegado ninguna notificación denegándola. Naturalmente, recuriremos la resolución que haya. La recuriremos por vía administrativa y, si es necesario, por vía contenciosa. No sé qué razones pueden oponer al cierre de la parcela».
Con grúas
Por la mañana, la Policía había solicitado a los herederos que les mostraran la licencia correspondiente. Al no poder facilitársela, se vieron obligados a identificarse. No fue hasta por la tarde cuando los agentes, acompañados por operarios de Emulsa, procedieron a retirar todo el vallado. Ni cortos ni perezosos, los familiares ocuparon la parcela con sus vehículos, como habían hecho en ocasiones anteriores. Sólo que en esta ocasión, la Policía no acudió a dirigir el tráfico, sino a disolver la actuación. «Los agentes llegaron y se llevaron a Alfredo, que no opuso resistencia ninguna. La grúa se llevó su vehículo y también el mío, sin esperar a que la Policía me devolviera mis documentos del coche», explicaba José Bordiú. «Más que ilegal, esto es delictivo. Vamos a presentar una denuncia, no sólo por abuso de poder», añadió.
Por su parte, Uría se negó a prestar declaración ante la Policía, ya que tiene derecho a hacerlo en un juzgado. Uría aseguró que este asunto «se resolverá donde se tiene que resolver. Defenderemos nuestros derechos».
Todo comenzó ayer a primerísima hora de la mañana. Desde las 7.30 horas, cuatro herederos y el abogado de la familia habían estado colocando palés en las plazas de aparcamiento situadas dentro de los límites de su finca a medida que los propietarios de los vehículos abandonaban el lugar. Se trataba de Francisco del Barrio, los hermanos Juan Miguel y Elisardo Arturo Uría Gallinal, Alfredo Uría, y el representante, José Bordiu Cienfuegos-Jovellanos.
No fue hasta las 10.55 de la mañana cuando llegó una furgoneta con el material necesario para vallar la zona. Veinte minutos después, ya habían cercado buena parte del solar. Eso sí, dejando el paso libre a los peatones que transitaban por la acera y permitiendo la entrada a quienes accedían al taller mecánico y al portal que están situados frente a la parcela. Un notario apareció pocos minutos después, a las 11.30, para tomar unas fotografías y levantar un acta notarial.
En el Ayuntamiento la noticia fue recibida con «sorpresa». El concejal de Hacienda y Coordinación Administrativa, Santiago Martínez Argüelles, explicaba que «no tienen licencia para realizar ese vallado. La licencia había sido solicitada y fue denegada por este Ayuntamiento. Exigiremos por tanto el cese de esa actividad y el retorno al uso que viene siendo habitual desde hace más de 50 años». Por su parte, el abogado de la familia señaló que «hace 15 días que presentamos la solicitud y todavía no nos ha llegado ninguna notificación denegándola. Naturalmente, recuriremos la resolución que haya. La recuriremos por vía administrativa y, si es necesario, por vía contenciosa. No sé qué razones pueden oponer al cierre de la parcela».
Con grúas
Por la mañana, la Policía había solicitado a los herederos que les mostraran la licencia correspondiente. Al no poder facilitársela, se vieron obligados a identificarse. No fue hasta por la tarde cuando los agentes, acompañados por operarios de Emulsa, procedieron a retirar todo el vallado. Ni cortos ni perezosos, los familiares ocuparon la parcela con sus vehículos, como habían hecho en ocasiones anteriores. Sólo que en esta ocasión, la Policía no acudió a dirigir el tráfico, sino a disolver la actuación. «Los agentes llegaron y se llevaron a Alfredo, que no opuso resistencia ninguna. La grúa se llevó su vehículo y también el mío, sin esperar a que la Policía me devolviera mis documentos del coche», explicaba José Bordiú. «Más que ilegal, esto es delictivo. Vamos a presentar una denuncia, no sólo por abuso de poder», añadió.
Por su parte, Uría se negó a prestar declaración ante la Policía, ya que tiene derecho a hacerlo en un juzgado. Uría aseguró que este asunto «se resolverá donde se tiene que resolver. Defenderemos nuestros derechos».
