
Y ayer la alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, anunciaba que tras conversaciones con el consejero al respecto de esta protesta, José Luis Iglesias Riopedre se había comprometido a reunirse con los padres afectados en el propio centro para tratar de explicarles «cuál es la legislación» mediante la cual los niños deben abandonar el colegio para acceder al instituto y cursar así el ciclo correspondiente a una edad determinada.
La protesta de 60 padres contra la consejería de Educación se hizo pública el pasado martes. Los mismos que han visto cómo sus hijos durante este año han hecho el primer ciclo de secundaria en Posada y pretenden que eso continúe así para no tener que desplazarse hasta el IES de Llanes.
Por las obras
Pero, ¿por qué cursaron un tiempo 1º y 2º de la ESO en Posada? Según la alcaldesa esta situación se produjo porque el IES estuvo en obras «y nosotros llegamos a un acuerdo con la Consejería para que eso se diera así». Sin embargo, había una condición: cuando las obras finalizasen los alumnos que terminaran primaria debían continuar sus estudios obligatorios en un centro de secundaria. Es decir, los que concluyan su ciclo en Posada deben continuarlo en Llanes. Así las cosas «el Ayuntamiento poco tiene que decir al respecto», aseguraba la alcaldesa. Y sin embargo, «nos hemos puesto en contacto con la consejería y nos han dicho que habrá una reunión en el propio centro». Pero eso no significa que el Principado, a pesar de las firmas, vaya a mover ficha a favor de los 30 niños que, en setiembre, tendrán que desplazarse a continuar sus estudios al instituto de Llanes.
«Entiendo la petición de los padres pero si fueran mis hijos me gustaría que recibieran una educación en un centro preparado», explicó Álvarez Campillo. Pero, lejos de la posición personal, «ni la Consejería puede cambiar la ley», espetó. Y continuó: «si eso se consintiera en Llanes un grupo de personas que quiera estudiar Empresariales en Oviedo podría pedirnos hacer el primer curso de carrera en el Instituto», ejemplificaba la regidora. Y eso «es impensable». Además, «los centros educativos restantes podrían solicitar lo mismo».
Así las cosas la legislación vigente parece no estar a favor de la reinvindicación de estos alumnos ni de estos padres que no quieren que sus hijos de entre doce y catorce años «tengan que madrugar una barbaridad e incluso levantarse antes de las siete de la mañana» o «tener una jornada intensiva y llegar a comer a las tres de la tarde» o, incluso, «relacionarse con gente mucho mayor que ellos».





