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Arrestan a un vecino y al presidente de una comunidad por piratear la señal de televisión
Manipularon el descodificador para dar servicio a 64 viviendas de un edificio de Moreda

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Arrestan a un vecino y al presidente de una comunidad por piratear la señal de televisión
CANALES DE PAGO. Operación policial contra el pirateo de señala llevada a cabo en octubre en Madrid en 17 ciudades. / EFE
Intentaron piratear un descodificador de canales de televisión de pago para dar servicio a todo el vecindario y acabaron detenidos. Agentes del Cuerpo Nacional de Vecinos arrestaron al presidente de una comunidad de vecinos de un edificio de Moreda y a uno de los inquilinos imputados por delitos contra la propiedad intelectual y fraude en las telecomunicaciones. La infracción fue detectada por la compañía suministradora desde su central de Madrid y desde esa comunidad autónoma viajaron varios agentes de la Policía Judicial para detener a los presuntos infractores.

Se les acusa de «permitir distribuir de manera no autorizada algunos canales codificados emitidos por una plataforma digital de televisión de pago». El descodificador de la señal fue supuestamente contratado por el presidente de la comunidad y el otro arrestado para visionar películas de estreno y partidos de fútbol. Posteriormente, piratearon la señal y dieron servicio «ilícito» a las 64 viviendas que conformaban el edificio.

Tras recibir un escrito de denuncia de la empresa distribuidora, se comprobó que el contrato que asumían los clientes se recogía de forma expresa la utilización del material exclusivamente en su domicilio, para uso familiar o persona y sin ánimo de lucro, según explican fuentes de la Policía.

Los agentes, tras efectuar una revisión en los equipos amplificadores de televisión de esa comunidad, constataron que los aparatos descodificadores se conectaban a un euroconector y, así, los correspondientes moduladores que transformaban la señal permitían el visionado de los canales por la totalidad de los vecinos del inmueble.

La Policía apunta que «este tipo de prácticas no sólo incumplen la normativa vigente y el contrato con la empresa distribuidora, sino que se incurre en un delito que conlleva sanción penal».

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