
Se les acusa de «permitir distribuir de manera no autorizada algunos canales codificados emitidos por una plataforma digital de televisión de pago». El descodificador de la señal fue supuestamente contratado por el presidente de la comunidad y el otro arrestado para visionar películas de estreno y partidos de fútbol. Posteriormente, piratearon la señal y dieron servicio «ilícito» a las 64 viviendas que conformaban el edificio.
Tras recibir un escrito de denuncia de la empresa distribuidora, se comprobó que el contrato que asumían los clientes se recogía de forma expresa la utilización del material exclusivamente en su domicilio, para uso familiar o persona y sin ánimo de lucro, según explican fuentes de la Policía.
Los agentes, tras efectuar una revisión en los equipos amplificadores de televisión de esa comunidad, constataron que los aparatos descodificadores se conectaban a un euroconector y, así, los correspondientes moduladores que transformaban la señal permitían el visionado de los canales por la totalidad de los vecinos del inmueble.
La Policía apunta que «este tipo de prácticas no sólo incumplen la normativa vigente y el contrato con la empresa distribuidora, sino que se incurre en un delito que conlleva sanción penal».





