La de ayer fue una jornada tranquila en comparación con el ajetreo del lunes. «Estamos estudiando lo que vamos a hacer. En cualquier caso, la denuncia se presentará», aclaró José Bordiú.
Por su parte, Alfredo Uría, aseguró que «ya no tiene sentido volver a la parcela pues esto se resolverá donde tiene que resolverse. Vamos a defender nuestros derechos. Serán los jueces los que nos den la razón o nos la quiten».
Uría fue detenido por la Policía Local al negarse ha retirar su vehículo de la finca que le pertenece a él y a sus familiares, a la altura del número 88 de la calle Magnus Blikstad. No era la primera vez que la familia ocupaba el lugar, pero sí la primera que los agentes les obligaban a retirarse de allí. Por la mañana, algunos de los herederos habían vallado la zona, para sorpresa del Ayuntamiento. Uría, quien por consejo de su abogado se negó a prestar declaración en comisaría, señaló que «la Policía me trató de forma correcta, salvo alguno que actuó con total prepotencia».
Ayer, el concejal José María Pérez defendió la actuación policial y aseguró que los agentes «repetirán cualquier medida que evite trastornos innecesarios al tráfico tanto de vehículos como de personas en la ciudad».
Los herederos de Josefa Díaz rechazaron la oferta de 500.000 euros realizada por el Consistorio gijonés para adquirir la parcela, por lo que el Ayuntamiento comenzó a tramitar el expediente de expropiación para hacerse con la titularidad de los terrenos.






