Fuentes de la Fiscalía han explicado que en dicho acuerdo de conformidad «cada procedimiento tendrá su sentencia y que no será posible sustituir o suspender la prisión por multa», además de que cada ex edil tendrá que personalizar su caso porque cada uno tiene una situación concreta. Además, el pacto sólo está sujeto a los procedimientos urbanísticos por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades como cohecho, malversación y cobros ilegales, entre otros. Cada ex edil tendrá una pena por cada uno de los delitos y dichas condenas oscilarán de seis meses a un año de prisión y diez años de inhabilitación.





