Y es que en su discurso de casi dos horas dejó un reguero de rapapolvos contra algunos de los letrados por «emplear argucias y mala fe».
De uno que protestó contra los registros, las grabaciones policiales y hasta la falta de control judicial de la operación, Perals resumió que su obra «bien se podía titular en busca del derecho fundamental violado». Si a éste le reprochó por exceso, a otro «casi habría que darle las gracias, porque en un folio con sólo cinco líneas y letra a gran tamaño, denuncia la violación de cuatro derechos, de una manera muy concreta, pero sin argumentarlo». El fiscal recordó que «lo bueno, así, si breve dos veces bueno».
También aportó su visión del mundo. Una de las acusadas, J. P. F. lo está por blanquear dinero. Su delito fue poner algunos bienes de su tío a su nombre. La defensa trató de explicar que, entre gitanos, ella no podía negarse a una petición así de su tío. «No se puede alegar la pertenencia a una etnia o género femenino para decir que tenía menos libertad», sostiene el fiscal.
Recordó que en un momento dado los agentes identificaron a un cabecilla de la red. «Y a continuación, el negocio, el show, la droga, debe continuar», apostilló antes de detallar cómo otro de los acusados habría tomado el relevo al frente de la red.
«En este juicio siempre pasa algo», comentaba con sorna uno de los letrados, a la entrada de la sala en la Audiencia Provincial. A la salida, mostró menos ganas de debate.





