
Rabanal hizo estas previsiones con motivo de la comparecencia ante la Comisión de Economía, como respuesta a las preguntas del grupo popular. Durante la misma, «rechazó» la existencia de retrasos en los trámites, al amparo de la legislación vigente. Y recordó que el pasado día 18 la sociedad que desarrolla el proyecto presentó en el Ayuntamiento de Carreño el documento de prioridades, que incluye la revisión del planeamiento para desarrollar un Plan de Reforma Interior (PERI) en el suelo afectado.
En otro momento, el consejero defendió la solvencia de las empresas que integran la sociedad Perlora Ciudad de Vacaciones, S.A., de las que dijo «me ofrecen toda la solvencia económica». Unos argumentos que no convencieron a los conservadores que observan con desconfianza la viabilidad de un proyecto que presenta «muchas dudas», como puso de relieve el diputado Agustín Cuervas Mons.
En su intervención, se hizo eco de las noticias recogidas en los medios de comunicación en las que «aparece un extraño anuncio de unos posibles acreedores de uno de los adjudicatarios», y que acusan a la UTE de no constituir la sociedad anónima en el plazo fijado. Más tarde, Cuervas Mons, dijo no entender que en el pliego de condiciones el proyecto deba adecuarse a las condiciones urbanísticas de la parcela. Luego el Principado «reconoce» la existencia de retrasos que fueron «imputados» al Ayuntamiento de Carreño por la situación del PGOU.
Y añadió que, dos días más tarde, se constituyó la sociedad con la advertencia expresa de que si alguna abandona el proyecto, el resto de los socios deberán continuar con el mismo. Fue entonces cuando se presentó la documentación urbanística en el propio Ayuntamiento.
Incumplimientos
Con todo, el diputado popular recordó que todos estos retrasos se permitieron sin aplicar sanción alguna por el incumplimiento de los plazos establecidos en el pliego de condiciones.
El consejero de Economía y Asuntos Europeos, calificó de «irrelevantes» las preguntas del diputado del PP, a la vez que aseguró que no le preocupaba la solvencia de cada uno de los participantes, porque «no vamos a entrar en la vida laboral de un socio» que no tiene nada que ver con el proyecto. La línea a seguir será la de mantener los criterios iniciales de solvencia en el sector.
Por su parte, el diputado de IU-BA-LV, Jesús Iglesias, planteó sus dudas sobre las modificaciones urbanísticas que, a su juicio, pueden cambiar la realidad del proyecto. Por esta razón, entiende que la cuestión debería haberse contemplado inicialmente para adaptarla a las condiciones del pliego de condiciones para la adjudicación del proyecto. Y se preguntó qué puede suceder si ahora Carreño rechaza la modificación urbanística que se propone. Iglesias concluyó pidiendo que el proyecto sea respetuoso con el medio ambiente. JAIME RABANAL
AGUSTÍN CUERVAS MONS





