Oriente
El Ayuntamiento de Llanes comienza el miércoles la corrección de su PGOU un año después de su anulación
El equipo de Gobierno destinará un 30% del suelo construido a la creación de viviendas protegidas Aseguran que el nuevo plan velará por el «desarrollo sostenido y sostenible» y cumplirá «los criterios medioambientales exigidos por la legislación»
01.05.08 -
URBANIZACIONES. Una parte de la villa en la que se están edificando decenas de viviendas actualmente. / SUSANA SAN MARTÍN
LA ANULACIÓN
Más de un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulara el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes (el 11 de abril de 2007) comienzan a moverse en el Ayuntamiento los hilos para «la revisión y adaptación» del texto. Tratarán de que el renovado plan «se ajuste a los criterios medioambientales exigidos por la legislación comunitaria». El PGOU fue anulado en los tribunales en su momento por «una directa vulneración de la legalidad urbanística». Y, entre otras cosas, por no exponer a información pública la modificación de una serie de puntos que debían pasar ese proceso por la importancia del cambio que suponían.
El próximo miércoles la corporación municipal llevará a un pleno ordinario, con el otro grupo con participación en el Ayuntamiento, el PP, el inicio de este proceso que devolverá a Llanes una normalidad urbanística que, según se adujo durante este tiempo, nunca se vio alterada a pesar de que sobre su planeamiento pese una resolución judicial.
El Ayuntamiento pretende adecuar la norma, que ya existe y que sólo se reformará, «a los nuevos sistemas normativos estatal y autonómico». Y para ello el gobierno municipal socialista quiere «ofrecer respuestas» a toda la población y, sobre todo, al sector de la construcción que, por otra parte, «tendrán su participación efectiva en el proceso» de corrección «sin perjuicio de las actuaciones legales realizadas hasta el momento para lograr la mayor seguridad jurídica respecto del planeamiento municipal».
Sin embargo, a pesar de su participación en este proceso de corrección, deberán partir de la base con la que el Consistorio quiere dotar al nuevo plan urbano: «conseguir un desarrollo sostenible y sostenido que prepare al concejo para el futuro». Y, además, cumplir la ley comunitaria medioambiental así como «reservar un 30% de las actuaciones urbanísticas para vivienda protegida».
«Inseguridad jurídica»
Sin embargo, los constructores, los 70 socios que forman parte de la Asociación de Empresarios de la Construcción del Oriente de Asturias (ASECOA) que en su momento sí hablaron de «inseguridad jurídica» consideraron unos meses después de la anulación del plan llanisco la necesidad de «tramitar un nuevo plan». Es decir, redactar una norma urbana desde el principio en lugar de revisar y adaptar la ya existente. La justificación que los constructores daban por entonces a su intención era la posibilidad, que aún existe, de que «el Supremo confirme la sentencia» que el Ayuntamiento y el Principado recurrieron días después de la anulación del PGOU.
Sin embargo, y tal y como la alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo, anunciaba el pasado mes de marzo, serán los propios técnicos municipales quienes se encarguen de revisar el plan general para adaptarlo al nuevo reglamento urbanístico del Principado y a la Ley del Suelo estatal. Remodelarán así un texto que fue redactado en su momento por la empresa Dolmen y que, ahora, se adaptará tras una «revisión del planeamiento en base a lograr una comprensión global del concejo para atender a las nuevas situaciones y realidades sociales, económicas, demográficas, ambientales y territoriales».
El 11 de abril del pasado año caía una losa pesada sobre el gobierno socialista llanisco y con ella parecía caer a la par la credibilidad urbanística del concejo. El día en el que se anuló el plan general parecía que el municipio se paralizaba, que la construcción en Llanes había llegado a su fin. Hoy, un año después, parece que todo continúa a su ritmo y esa anulación, que aún permanece recurrida, no ha trastocado demasiado los planes urbanísticos. Éstos, al igual que en el resto del país, se resienten tan sólo por la temida crisis del sector.
El próximo miércoles la corporación municipal llevará a un pleno ordinario, con el otro grupo con participación en el Ayuntamiento, el PP, el inicio de este proceso que devolverá a Llanes una normalidad urbanística que, según se adujo durante este tiempo, nunca se vio alterada a pesar de que sobre su planeamiento pese una resolución judicial.
El Ayuntamiento pretende adecuar la norma, que ya existe y que sólo se reformará, «a los nuevos sistemas normativos estatal y autonómico». Y para ello el gobierno municipal socialista quiere «ofrecer respuestas» a toda la población y, sobre todo, al sector de la construcción que, por otra parte, «tendrán su participación efectiva en el proceso» de corrección «sin perjuicio de las actuaciones legales realizadas hasta el momento para lograr la mayor seguridad jurídica respecto del planeamiento municipal».
Sin embargo, a pesar de su participación en este proceso de corrección, deberán partir de la base con la que el Consistorio quiere dotar al nuevo plan urbano: «conseguir un desarrollo sostenible y sostenido que prepare al concejo para el futuro». Y, además, cumplir la ley comunitaria medioambiental así como «reservar un 30% de las actuaciones urbanísticas para vivienda protegida».
«Inseguridad jurídica»
Sin embargo, los constructores, los 70 socios que forman parte de la Asociación de Empresarios de la Construcción del Oriente de Asturias (ASECOA) que en su momento sí hablaron de «inseguridad jurídica» consideraron unos meses después de la anulación del plan llanisco la necesidad de «tramitar un nuevo plan». Es decir, redactar una norma urbana desde el principio en lugar de revisar y adaptar la ya existente. La justificación que los constructores daban por entonces a su intención era la posibilidad, que aún existe, de que «el Supremo confirme la sentencia» que el Ayuntamiento y el Principado recurrieron días después de la anulación del PGOU.
Sin embargo, y tal y como la alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo, anunciaba el pasado mes de marzo, serán los propios técnicos municipales quienes se encarguen de revisar el plan general para adaptarlo al nuevo reglamento urbanístico del Principado y a la Ley del Suelo estatal. Remodelarán así un texto que fue redactado en su momento por la empresa Dolmen y que, ahora, se adaptará tras una «revisión del planeamiento en base a lograr una comprensión global del concejo para atender a las nuevas situaciones y realidades sociales, económicas, demográficas, ambientales y territoriales».
El 11 de abril del pasado año caía una losa pesada sobre el gobierno socialista llanisco y con ella parecía caer a la par la credibilidad urbanística del concejo. El día en el que se anuló el plan general parecía que el municipio se paralizaba, que la construcción en Llanes había llegado a su fin. Hoy, un año después, parece que todo continúa a su ritmo y esa anulación, que aún permanece recurrida, no ha trastocado demasiado los planes urbanísticos. Éstos, al igual que en el resto del país, se resienten tan sólo por la temida crisis del sector.
