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Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes defiende la cooficialidad del asturiano en la reforma del Estatuto de Autonomía. Un reconocimiento que, en ningún caso, aseguran, significa «obligatoriedad o imposición». La coalición, que se ha convertido a lo largo de los últimos años en el único valedor de la llingua dentro del Parlamento, considera que el Estatuto es una de las últimas posibilidades parar garantizar la supervivencia del asturiano. Una reflexión que, en ningún caso, es compartida por el PSOE y el PP. Mientras los socialistas consideran suficiente las iniciativas puestas en marcha a lo largo de las últimas legislaturas, como la Ley de Promoción y Usos -aprobada por el Gobierno de coalición-, los populares piensan que es viable avanzar en el reconocimiento del asturiano -«para adaptarlo a los cambios sociales»-, pero nunca accederán a un mecanismo que lo convierta en cooficial. El PP defiende que la utilización de la llingua sea «un derecho» y no, matiza, «un deber». Es precisamente este argumento el que quiere desmontar IU-BA-LV. La coalición sostiene que el mensaje que intentan trasladar los dos grandes partidos está alejado de la realidad. «La cooficialidad, digan lo que digan, no representa una imposición», critican desde la coalición, que lamenta la actitud que mantienen el resto de grupos del arco parlamentario que, en su opinión, «se niegan incluso a analizar la viabilidad de este reconocimiento».

La aspiración de IU-BA-LV es que el Estatuto recoja un reconocimiento del asturiano como una lengua propia de la comunidad. Esta declaración de cooficialidad exigiría, posteriormente, un desarrollo legislativo donde se concretaría tanto el ámbito de territorialidad como sus criterios de aplicación en la Administración o en la enseñanza.

El informe emitido por el Consejo Consultivo recuerda que este es el único procedimiento válido en el caso de que los partidos acordasen el reconocimiento de la cooficialidad. Advierte de que el Estatuto sólo sirve como marco general de la declaración pero, en ningún caso, puede servir para un desarrollo que podría cuestionar los principios constitucionales.

Referencias

En el documento de la ponencia que manejan los tres grupos parlamentarios que están participando en la redacción de la reforma, han sido incluidas las referencias al resto de estatutos modificados a lo largo de la pasada legislatura.

Tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana contemplan en sus textos como lenguas propias el catalán y el valenciano, respectivamente. «El idioma valenciano es el oficial, al igual que el castellano», matiza el texto aprobado por el Gobierno de Francisco Camps con el respaldo de los socialistas valencianos.

Un caso similar es el de Cataluña, con la salvedad, de que se preconiza en la redacción el uso de la lengua autóctona por encima del castellano.

Lejos de estas propuestas, PP y PSOE podrían estar más cerca de las redacciones que han elegido Aragón o Castilla y León, donde no hay ningún compromiso de reconocimiento más allá de dejar constancia de la existencia de «modalidades lingüísticas». El Estatuto aragonés, impulsado por el Gobierno socialista de Marcelino Iglesias, recoge que «las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural». No obstante, este texto deja abierta la puerta a la aprobación de una ley por parte de las Cortes que sirva para delimitar «las zonas de uso predominante y modalidades propias, regular el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes, promover la protección (...)».

Esta idea no está lejos de la propuesta que lanza IU-BA-LV. La coalición, según han confirmado fuentes de la misma, expresa su disposición a abordar un diálogo en torno a aplicar un posterior desarrollo normativo del asturiano.

«Nuestra posición es abierta y estamos dispuestos a alcanzar fórmulas que generen consensos», aseguran desde IU-BA-LV, que invita al PP y al PSOE a poner cimientos sólidos que faciliten un entendimiento en un asunto que, históricamente, ha generado discrepancias.

«Reconocer una lengua y que cada uno que quiera pueda utilizarla libremente no significa imposición», insisten desde la coalición, que no oculta que una de las aspiraciones que mantiene es que el Estatuto sea el inicio de un camino que permitiría a los ciudadanos dirigirse a la Administración en asturiano.

«Superar una situación como la actual, donde se niega una realidad no tiene que significar el extremo contrario», ahondan desde IU-BA-LV sobre el «falso», según ellos, conflicto generado en torno a la obligatoriedad.