
Garzón argumenta que es preciso tomar esta drástica medida cautelar ante la gravedad de los delitos de terrorismo de que se le acusa, ante la reiteración de los hechos delictivos, y por la posibilidad de que utilice su puesto privilegiado de alcaldesa para destruir elementos de prueba. De hecho, el magistrado aprovechó las cinco horas que Galparsoro pasó en un calabozo de la Audiencia para ordenar a la Policía el registro del Ayuntamiento de Mondragón, de donde se llevaron las actas y resoluciones de todos los plenos celebrados desde la suspensión de actividades, que van a constituirse en pruebas contra la alcaldesa.
El magistrado también utiliza el auto de prisión para lanzar un aviso a todos los cargos públicos del País Vasco y Navarra elegidos bajo las siglas de ANV. Les advierte de que el auto de suspensión de actividades les prohíbe actuar bajo la denominación de ANV o cualquier otra que la sustituya. En caso contrario, se arriesgan a seguir el mismo camino que Galparsoro.
Garzón acusa a Galparsoro de dos cosas concretas. En primer lugar, de haber realizado «una actividad intensa» para relanzar la estrategia impulsada en 2008 por ETA y Batasuna de burla de las ilegalizaciones, que tuvo su expresión más clara en la campaña de abstención y boicot a las elecciones de marzo pasado, una vez quedaron excluidas las listas de ANV. En este sentido, indica que Galparsoro acató «de forma mimética» las órdenes de ETA. En segundo lugar, alega el magistrado, incumplió «de forma abierta, expresa y notoria» la suspensión de actividades.
El auto señala que el juez analiza además si debe citar también como imputados a la alcaldesa de Hernani y al alcalde de Igorre, ambos de ANV, que el 23 de abril, comparecieron junto a Galparsoro en uno de los actos que violaron la suspensión de actividades.





