
Pero en Asturias, en ese momento, el Gobierno no tenía ninguna gana de negociar un nuevo presupuesto. Había elecciones generales en marzo y, además, el primer año de legislatura interesa ahorrar. Por ello, buscó una prórroga «innovadora» y permanente que le diera aire y pocas limitaciones. Incluso siesa situación se prolongaba varios años. Una prórroga tan innovadora que desvirtúa su sentido legal.
En vez de prorrogar «automáticamente los créditos iniciales», y con ello las políticas del Presupuesto anterior, o algo que se le pareciera bastante, convirtió la prórroga en un presupuesto casi nuevo, adaptado a sus prioridades políticas actuales, que no son las mismas que en 2007, respetando sólo el límite cuantitativo global del Presupuesto anterior. Y decidió incluir en esa «prórroga» fondos para los proyectos criticados por la oposición, como las subvenciones electoralistas y los llamados «chiringuitos de Areces», y dejar fuera partidas respaldadas por la concertación, o políticas sociales, educativas o municipales, que sería más fácil sacar adelante después en la Junta con créditos extraordinarios.
Además, para que nadie criticara la arbitrariedad de la supuesta «prórroga», ocultó su estado numérico, pese a las repetidas peticiones de la Junta. Y sólo en abril, cuando ya no podía aguantar más, envió una copia a los grupos parlamentarios y lo colgó en la web del Principado (el día 23), pero sin llegar a publicarlo en ningún boletín oficial.
Por todo eso, el llamado 'Presupuesto prorrogado para 2008' es muy diferente, concepto a concepto, al de 2007. Por capítulos de gasto, las variaciones también son llamativas: bajan las inversiones un 12% y crecen los gastos corrientes un 4%. Y, rompiendo el criterio de prórrogas anteriores como la de 1999, se incluyen entre los ingresos 80 millones de euros de emisión de deuda pública (de los 128 previstos en el Presupuesto de 2007), algo que requeriría ser autorizado por una ley. Con ello, el importe total del presupuesto prorrogado alcanza los 3.838 millones de euros, un 1,5% menos que el de 2007, debido sobre todo a la diferencia en la emisión de deuda.
En teoría, los criterios del Gobierno para prorrogar, o no, los distintos conceptos de gasto y sus importes se definieron en un decreto. Son criterios que modifican bastante lo previsto en la ley. Pero, además, en la práctica, se prorrogaron créditos y se fijaron importes que ni siquiera responden a esos criterios. Así por ejemplo, el Gobierno prorrogó partidas de gastos que no existían en 2007 y que no formaban parte de ningún expediente plurianual, como las destinadas a políticas nuevas para fomentar la natalidad ('cheques bebé'), con 4 millones de euros y las subvenciones para compra de ordenadores, con 7 millones.
En educación, se congelaron los gastos de los colegios e institutos públicos, comedores y transporte escolar, pero subieron un 5% los gastos de los centros concertados. Se aumentaron los créditos para personal docente un 10% y se redujeron las inversiones en los colegios e institutos públicos a la mitad. Las transferencias corrientes a la Universidad crecieron un 3%, y las de inversión un 20%.
En infraestructuras disminuyeron los créditos para saneamientos un 60%, pero se mantuvieron los de carreteras. En sanidad, aumentó la transferencia al Sespa un 5,6%. El salario social mantuvo la misma cifra de crédito de 2007, aunque subió a cuenta el importe individual de la ayuda, algo incoherente.
El presupuesto corriente de la TPA, prioridad del presidente, creció en la «prórroga» un 24%. El de Recrea, otra empresa favorita de Areces, pasó, por arte de magia, de 1,27 millones de euros en 2007 a 5,27. Y, mientras tanto, las inversiones de cooperación con los ayuntamientos cayeron casi a la mitad: de 27 a 17 millones de euros.
En resumen, un Presupuesto prorrogado, muy diferente al de 2007, con vocación de permanencia y secreto durante varios meses. Un presupuesto que los ciudadanos, los ayuntamientos y el Estado no conocen de forma oficial porque no ha sido publicado. Si se mantuviese ese criterio y hubiera prórroga varios años, pasaríamos la legislatura sin ver en el BOPA el Presupuesto de la Administración regional, algo insólito.
Un presupuesto también de dudosa legalidad porque los criterios de prórroga fuerzan la ley, que exige prorrogar «automáticamente los créditos iniciales»; porque incluye emisión de deuda pública; porque se prorrogan gastos de forma arbitraria e incluso partidas que no existían en 2007, y porque no ha sido publicado en boletín oficial, algo preceptivo para la eficacia de las normas.
Y un presupuesto carente de apoyo político suficiente. La negociación parcial, apresurada y poco sistemática con empresarios y sindicatos, no es el mejor camino para dar legitimidad democrática y calidad a un presupuesto. Puede ser un trámite de consulta o mejora y una escenificación. Pero no es suficiente y, además, en su ejecución, se convierte en un ejercicio de prestidigitación por parte del Gobierno.
Pero si no cambian mucho las cosas, hay prórroga para rato. Y si ningún juez respetuoso con la división de poderes lo evita, con esta forma secreta y eterna de prorrogar el presupuesto, enriquecida con algún crédito extraordinario de vez en cuando para financiar supuestas medidas de 'concertación', y con la guinda de algún caro regalo a los empresarios y al propio Gobierno, como la redundante autovía Avilés-Llanera (que se inaugurará esta legislatura, pero la tendrán que pagar nuestros hijos, la necesiten o no), el Gobierno regional en minoría podrá sobrevivir con comodidad toda la legislatura. Aunque nunca se aprueben unos Presupuestos en la Junta General.





