
García siempre ha actuado como voz crítica desde que el Ministerio de Defensa privatizó las fábricas de armas en 2001. Sus denuncias salen en la prensa prácticamente todas las semanas desde que Santa Bárbara planteó el pasado verano un plan de futuro que, en lo referente a las factorías asturianas, plantea deshacerse de los terrenos de La Vega, la fusión de esta planta con la de Trubia, el traslado de parte de la producción a La Coruña y el recorte de plantilla de104 trabajadores.
Tras una primera ronda de reuniones con la dirección y CC OO a finales de 2007, UGT se mantuvo como sindicato más crítico, en especial su responsable en La Vega. «Lo que he dicho, dicho está; y desde luego que no me invento las cosas, yo no soy más que el portavoz de lo que dicen los trabajadores», insistió.
Lo ocurrido en la reunión del martes (la dirección leyó un comunicado pidiendo la rectificación, le amenazó con emprender acciones legales y suspendió las negociaciones) no cambia su postura. En las últimas horas, asegura haber recibido el apoyo de todos sus compañeros y, lo que juzga casi más importante, el respaldo de su federación. «Mis frases pueden ser más o menos afortunadas, pero eso no quita que la gestión de Santa Bárbara y la actual situación no sea complicada», apuntó.
Ahora quiere reconducir la situación. Insiste en que «la empresa tendrá que rebobinar» para encontrar soluciones, y en que el Ministerio de Defensa, el principal cliente de las fábricas, debe de mediar el proceso. «Vamos a seguir exigiendo que participe, y que lo haga también el Gobierno regional, que está desaparecido», declara.
Precisamente el inicio de los contactos con otras administraciones que dice haber comenzado ya fue otro de los motivos en los que se apoyó Santa Bárbara para plantear esta «jugada de despiste» y frenar el debate sobre el futuro de las fábricas de armas.





