El respeto sin cortapisas a la libertad de expresión forma parte de la naturaleza esencial de las sociedades democráticas, de tal modo que la represión contra los periodistas ha de constituir un baremo irrenunciable para calibrar el grado de compromiso de los gobernantes con los derechos humanos. Así, la denuncia sobre las detenciones en China -calificada por la Asociación Mundial de Periódicos como «el mayor carcelero de periodistas del mundo»- y sus trabas a la filtración de datos veraces sobre el alcance de las revueltas en Tíbet prueban la resistencia de las autoridades de Pekín a avanzar en la democratización del país, incluso cuando está sometido al escrutinio general por la celebración de los Juegos Olímpicos.
Pero el especial celo con que el Gobierno chino está limitando la circulación de información a través de internet demuestra que la Red, con su infinita capacidad para perforar en tiempo real las barreras contra la comunicación, se ha convertido en un poderoso enemigo para quienes pretenden acallar la libertad periodística. Que ETA permanezca en esa lista de predadores recuerda que las inquietudes cotidianas que afronta una profesión sometida a evaluación continua, obligada a adaptarse a las nuevas demandas sociales y tecnológicas y necesitada de reafirmar su independencia quedan relegadas cuando persiste la inaceptable persecución terrorista contra miembros de la Prensa que informan en una sociedad plenamente democrática.





