
Entre otros aspectos que Vigil analiza en profundidad, destaca el capítulo que le dedica a los MIR, como «paradigma fiel de la impotencia coordinadora» entre las diversas comunidades en la planificación de recursos humanos, que tilda de «fracaso monumental». El autor advierte de que España sufre grandes escaseces de médicos especialistas, pero que, a la par, «el proceso de formación (...) es especialmente singular y muy largo -unos 12 años-, lo que determina que los excesos o carencias que se produzcan resultan imposibles de corregir a corto plazo».
Esto, de por sí preocupante, se ve agravado por «la ausencia de coordinación» entre las comunidades, especialmente si se tiene en cuenta que «la política sanitaria de éstas se ha movido en el plano de las aspiraciones, buscando el logro de ideales intangibles, como son los identitarios, dejando de lado la búsqueda de soluciones adecuadas y razonables a problemas concretos y a cubrir las necesidades previsibles».
Como exponente de esa crítica, Vigil advierte de las diferencias dotacionales entre las diversas comunidades. Así, recuerda que la mejor dotada en pediatras tiene 160 facultativos por cada 100.000 niños, en tanto que la peor apenas llega a 36. En médicos de familia, las cifras son de 123 por cada 100.000 habitantes en el mejor caso, y algo más de la cuarta parte, 47 médicos, en el peor. Son sólo dos casos, pero ilustran «los efectos de la falta de planificación».
Si se precisa más coordinación entre territorios, también es necesaria entre los servicios sanitarios y las universidades. Vigil recuerda que «si el número de plazas MIR en 2006 fue de 5.897, el número de alumnos salidos de las facultades de Medicina españolas quedó limitado a unos 4.000 licenciados», lo que «pone de relieve la total quiebra de la planificación de los recursos humanos en el Sistema Nacional», lo que «está creando ya graves problemas asistenciales».
Vigil propone como «urgente» una «corrección y ampliación inmediata de los numerus clausus», para el problema puntual de falta de licenciados, y, de forma más general, «una política de cohesión territorial y de planificación en materia de personal, la cual debería realizarse a través del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud», pero siempre «a salvo del régimen de unanimidad que rige hoy en el Consejo Interterritorial», para que los acuerdos sean posibles al margen de la coyuntura política puntual. JUAN LUIS RODRÍGUEZ-VIGIL





