Dicho dictamen señala que el CESE, debido a que la persistente práctica de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDRN) requiere una respuesta total, basada en un instrumento reglamentario eficaz, de aplicación global en toda la cadena de abastecimiento, desde la captura hasta la venta, aprueba las medidas propuestas, ya que refuerzan el papel de la Comunidad como Estado de pabellón, Estado de puerto, Estado de comercialización y Estado del beneficiario.
Asimismo, el Comité entiende que el éxito de esta propuesta de Reglamento se basa fundamentalmente en el empeño de los Estados miembros en combatir la pesca ilegal, en la colaboración entre los Estados miembros y en la cooperación internacional y en un trabajo continuado y constante para su cumplimiento.
El CESE estima que la puesta en marcha de todas las medidas de control e inspección propuestas por la Comisión Europea va a suponer un fuerte incremento presupuestario, burocrático y de infraestructuras administrativas de control para los Estados miembros.





