Oviedo
Droga entre togas y pantuflas
La operación 'Pirrichi', que desarticuló la considerada como la «mayor red de cocaína y heroína de Asturias», acaba en un macrojuicio familiar lleno de anécdotas y versiones peregrinas
EXPLICACIONES. Las que ofrece una letrada a dos imputados. / MARIO ROJAS
Dios, ETA y hasta Al Qaeda han desfilado durante las últimas cuatro semanas por la Audiencia Provincial. Allí, en el palacio de Llamaquique, la Justicia digiere la operación 'Pirrichi', que acabó con 29 acusados por distribuir cocaína y heroína en Asturias y León. La intervención se vendió como «la desarticulación de la mayor banda» de narcotraficantes que operaban en la región. El fiscal especial Antidroga llegó a solicitar condenas que suman 173 años de prisión. Pero la gravedad de los hechos y el debate jurídico tropieza con el festival de anécdotas que abogados e imputados vienen protagonizando ante el magistrado presidente Manuel Avello.
Todo empieza, cada mañana, poco antes del inicio de la sesión. Acusados y familiares, en su totalidad de etnia gitana, lucen joyas, bebés y ancianos, una situación envuelta en saludos y buen humor. Los lazos familiares acercan la estampa más a una comunión, que a un juicio por narcotráfico.
Dentro de la sala, el primero en romper el protocolo fue Antonio J. B., alias Mario. Le acusan de ser uno de los cabecillas. En su casa, además de tres coches, joyas y electrodomésticos de lujo, la Policía encontró una pistola y un DNI falso con el que llevaba años escondiendo su identidad. Concretamente, desde 1998, cuando mató a una persona en Leganés. Los pinchazos telefónicos le cazaron pidiendo y vendiendo «chicas», palabra tras la que el fiscal observa una contraseña para encargar heroína. «Es un error, yo a lo que me dedico es a la venta de coches y a la prostitución, de ahí mis ingresos», esgrime. «En la vida he traficado con droga, por mi condición de politoxicómano, soy una víctima, no un beneficiado», justificó 'Mario'.
La pista del dinero es la que llevó a muchos al poblado banquillo de los acusados. El fiscal pregunta, requiere, intenta desgranar cómo muchos han podido ir por ahí comprando coches y casas si, se supone, viven de trabajos poco lucrativos. Pero las apariencias engañan, vienen a responder los imputados. «Es verdad que me dedico a la venta ambulante de perfumes y otras cosas, en los mercadillos, pero es que hasta hace unos años, con ello se podía sacar fácil 3.000 o 4.000 euros limpios», informa Herminia H. G.
De ser cierto lo que dicen, toda la culpa del caso la tendrían el fiscal y la Policía. Su mala visión de las cosas les equivoca. A José Antonio J. J. por ejemplo le encontraron en su casa una balanza de precisión y una pistola. En el bolsillo, unas anotaciones de tipo contable en las que se reflejaban cantidades de 'CO'. La acusación cree que se refieren a cocaína. Él dice que «vendía cedés, y 'CO' es una serie de ellos, la de Bisbal». Lo de la báscula es una fatalidad: asegura que se la dejó días antes de la redada un compañero de mercadillo, para pesar unas piezas de oro. «Soy el primer sorprendido de que tengan restos de droga» manifestó José Antonio.
No es el único al que le pasa. A José Borja H. los agentes le encontraron, en un mueble del salón, una pistola de la que no tiene permiso. «¿Qué tiene que ver que el piso sea mío para que el arma lo sea también?», espetó. Después aportó una versión entre Dios y la drogadicción: el revólver «debe ser de mi hijo, que entra y sale de la cárcel por problemas de drogas». Él quedaría fuera de pecado porque «soy ministro de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, y mi religión me impide tocar armas».
La línea argumental que lleva a ETA y Al Qaeda pasa por el medio kilo de ácido bórico hallado en casa de Mario V. Pardo, alias 'Tío Agustín', señor de 68 años, con 14 hijos y 62 nietos. Su letrado recordó los equívocos que ha dado una sustancia cuya presencia en el piso de un etarra y en la célula islamista que perpetró el atentado del 11-M sirvió a algunos para sostener que los terroristas vascos podrían tener conexiones con Al Qaeda.
El fiscal mantiene que el 'Tío Agustín' usaba ese polvo blanco para mezclarlo con cocaína adulterada «porque su brillo le da apariencia de buena calidad». El abogado, Ricardo Leal, rechaza tal hipótesis: «Mi patrocinado lo empleaba para combatir su fuerte olor a pies».
Disputa legal
Pero entre coartadas y excusas, que en alguna sesión han sido interrumpidas por los ronquidos de algún familiar, abogados y fiscal libran un debate que fijará después hasta dónde llegan los derechos de todos. Así ocurre con la joven Joana Pisa, cuyo delito es haber puesto a su nombre el coche de un tío suyo acusado de narcotráfico. Para el fiscal, eso es blanqueo de dinero, porque la muchacha sabía que el dinero venía de la droga. La defensa aduce que dentro del mundo gitano, la mujer «le debe un respeto a su tío y no puede negarse a hacer lo que le pida». «Ser mujer y gitana no supone que tenga menos libertad de elección», replicó José Perals.
Los letrados también han hecho un frente para reclamar al juez que desautorice las escuchas telefónicas porque, según sostienen, «la verdad es importante, pero no a cualquier precio». Denuncian que los pinchazos se hicieron saltándose trámites legales.
Todo acusado tiene derecho a guardar silencio, a no contestar al fiscal. Acogiéndose a ello, varios se negaron a responder ante José Perals, quien ya ha pedido que el juez «valore» esos silencios.
A todo eso deberá ahora responder el juez, si se escapa de la premonición con que se despidió el letrado Ricardo Leal: «En estos macrojuicios, al final, los árboles no dejan ver el bosque».
Todo empieza, cada mañana, poco antes del inicio de la sesión. Acusados y familiares, en su totalidad de etnia gitana, lucen joyas, bebés y ancianos, una situación envuelta en saludos y buen humor. Los lazos familiares acercan la estampa más a una comunión, que a un juicio por narcotráfico.
Dentro de la sala, el primero en romper el protocolo fue Antonio J. B., alias Mario. Le acusan de ser uno de los cabecillas. En su casa, además de tres coches, joyas y electrodomésticos de lujo, la Policía encontró una pistola y un DNI falso con el que llevaba años escondiendo su identidad. Concretamente, desde 1998, cuando mató a una persona en Leganés. Los pinchazos telefónicos le cazaron pidiendo y vendiendo «chicas», palabra tras la que el fiscal observa una contraseña para encargar heroína. «Es un error, yo a lo que me dedico es a la venta de coches y a la prostitución, de ahí mis ingresos», esgrime. «En la vida he traficado con droga, por mi condición de politoxicómano, soy una víctima, no un beneficiado», justificó 'Mario'.
La pista del dinero es la que llevó a muchos al poblado banquillo de los acusados. El fiscal pregunta, requiere, intenta desgranar cómo muchos han podido ir por ahí comprando coches y casas si, se supone, viven de trabajos poco lucrativos. Pero las apariencias engañan, vienen a responder los imputados. «Es verdad que me dedico a la venta ambulante de perfumes y otras cosas, en los mercadillos, pero es que hasta hace unos años, con ello se podía sacar fácil 3.000 o 4.000 euros limpios», informa Herminia H. G.
De ser cierto lo que dicen, toda la culpa del caso la tendrían el fiscal y la Policía. Su mala visión de las cosas les equivoca. A José Antonio J. J. por ejemplo le encontraron en su casa una balanza de precisión y una pistola. En el bolsillo, unas anotaciones de tipo contable en las que se reflejaban cantidades de 'CO'. La acusación cree que se refieren a cocaína. Él dice que «vendía cedés, y 'CO' es una serie de ellos, la de Bisbal». Lo de la báscula es una fatalidad: asegura que se la dejó días antes de la redada un compañero de mercadillo, para pesar unas piezas de oro. «Soy el primer sorprendido de que tengan restos de droga» manifestó José Antonio.
No es el único al que le pasa. A José Borja H. los agentes le encontraron, en un mueble del salón, una pistola de la que no tiene permiso. «¿Qué tiene que ver que el piso sea mío para que el arma lo sea también?», espetó. Después aportó una versión entre Dios y la drogadicción: el revólver «debe ser de mi hijo, que entra y sale de la cárcel por problemas de drogas». Él quedaría fuera de pecado porque «soy ministro de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, y mi religión me impide tocar armas».
La línea argumental que lleva a ETA y Al Qaeda pasa por el medio kilo de ácido bórico hallado en casa de Mario V. Pardo, alias 'Tío Agustín', señor de 68 años, con 14 hijos y 62 nietos. Su letrado recordó los equívocos que ha dado una sustancia cuya presencia en el piso de un etarra y en la célula islamista que perpetró el atentado del 11-M sirvió a algunos para sostener que los terroristas vascos podrían tener conexiones con Al Qaeda.
El fiscal mantiene que el 'Tío Agustín' usaba ese polvo blanco para mezclarlo con cocaína adulterada «porque su brillo le da apariencia de buena calidad». El abogado, Ricardo Leal, rechaza tal hipótesis: «Mi patrocinado lo empleaba para combatir su fuerte olor a pies».
Disputa legal
Pero entre coartadas y excusas, que en alguna sesión han sido interrumpidas por los ronquidos de algún familiar, abogados y fiscal libran un debate que fijará después hasta dónde llegan los derechos de todos. Así ocurre con la joven Joana Pisa, cuyo delito es haber puesto a su nombre el coche de un tío suyo acusado de narcotráfico. Para el fiscal, eso es blanqueo de dinero, porque la muchacha sabía que el dinero venía de la droga. La defensa aduce que dentro del mundo gitano, la mujer «le debe un respeto a su tío y no puede negarse a hacer lo que le pida». «Ser mujer y gitana no supone que tenga menos libertad de elección», replicó José Perals.
Los letrados también han hecho un frente para reclamar al juez que desautorice las escuchas telefónicas porque, según sostienen, «la verdad es importante, pero no a cualquier precio». Denuncian que los pinchazos se hicieron saltándose trámites legales.
Todo acusado tiene derecho a guardar silencio, a no contestar al fiscal. Acogiéndose a ello, varios se negaron a responder ante José Perals, quien ya ha pedido que el juez «valore» esos silencios.
A todo eso deberá ahora responder el juez, si se escapa de la premonición con que se despidió el letrado Ricardo Leal: «En estos macrojuicios, al final, los árboles no dejan ver el bosque».
