Asturias
Vigil pide una reforma del sistema nacional de salud para equiparar a las autonomías
Advierte de que la actual configuración de la red pública origina desigualdades perjudiciales para las comunidades con menores recursos económicos
05.05.08 -
DIDÁCTICO. Juan Luis Rodríguez-Vigil se explica en los estudios de Canal 10. / SEVILLA
El nuevo libro del ex presidente del Principado, Juan Luis Rodríguez-Vigil, de cuya publicación dio cuenta este diario el pasado sábado, está destinado a fomentar una profunda reflexión sobre la organización estatal y autonómica de la sanidad española. Vigil aboga por «sustituir lo que pública y notoriamente no funciona», en referencia al «Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuya configuración se ha convertido en un lastre y en un peligro para el futuro y para la integridad del actual conjunto sanitario español».
A lo largo de su libro, y desde diversas perspectivas analíticas, Vigil advierte de que es preciso «conseguir con urgencia un grado aceptable de cohesión en el sistema sanitario público», toda vez que dicha coherencia sería «la principal garantía para las zonas de España con menos recursos y también para las personas más débiles económica y socialmente de que su protección sanitaria será equitativa, e igual en calidad a la del resto del país».
Para ello, el ex presidente autonómico y actual miembro del Consejo Consultivo del Principado estima conveniente que el Consejo Interterritorial, en primer lugar, no tome sus decisiones por unanimidad, sino mediante pactos y, en segundo lugar, que «disponga de capacidad ejecutiva bastante para convertir en realidad acuerdos adoptados en todos los territorios del Estado».
Esta propuesta obligaría a afrontar una reforma de la entidad jurídica del actual Consejo Interterritorial. Recuerda Vigil que en la «literatura jurídica existe un amplio repertorio de fórmulas que pueden servir de guía» para la reforma de esta institución supraautonómica, de forma que «su actuación se oriente casi en exclusiva al cumplimiento de la ley, al margen de criterios coyunturales de oportunidad política o de interés partidista».
Entre otras opciones, Vigil propone ejemplos que están en activo, como el caso de «Canadá, donde la conferencia de presidentes de las provincias canadienses creó en 2003 el Consejo de Salud de Canadá, que garantiza la transparencia del sistema sanitario y, a la par, una información fiable y promoviendo su responsabilidad y cohesión».
En el caso español, Vigil aboga por crear un «organismo independiente» que pueda «rendir cuentas anualmente al Senado y en el que la representación de las comunidades autónomas sea plena y efectiva», lo que no implicaría, en su opinión, «vuelta alguna al centralismo, sino que simplemente permite ofrecer a los ciudadanos garantías de que los acuerdos que son necesarios en cada caso se adoptan sin demora».
Sin llegar a apostar por revertir la cesión de las competencias, Vigil sí recuerda que dicha descentralización ha conllevado importantísimos incrementos del gasto en personal y farmacéuticos, entre otros capítulos.
A lo largo de su libro, y desde diversas perspectivas analíticas, Vigil advierte de que es preciso «conseguir con urgencia un grado aceptable de cohesión en el sistema sanitario público», toda vez que dicha coherencia sería «la principal garantía para las zonas de España con menos recursos y también para las personas más débiles económica y socialmente de que su protección sanitaria será equitativa, e igual en calidad a la del resto del país».
Para ello, el ex presidente autonómico y actual miembro del Consejo Consultivo del Principado estima conveniente que el Consejo Interterritorial, en primer lugar, no tome sus decisiones por unanimidad, sino mediante pactos y, en segundo lugar, que «disponga de capacidad ejecutiva bastante para convertir en realidad acuerdos adoptados en todos los territorios del Estado».
Esta propuesta obligaría a afrontar una reforma de la entidad jurídica del actual Consejo Interterritorial. Recuerda Vigil que en la «literatura jurídica existe un amplio repertorio de fórmulas que pueden servir de guía» para la reforma de esta institución supraautonómica, de forma que «su actuación se oriente casi en exclusiva al cumplimiento de la ley, al margen de criterios coyunturales de oportunidad política o de interés partidista».
Entre otras opciones, Vigil propone ejemplos que están en activo, como el caso de «Canadá, donde la conferencia de presidentes de las provincias canadienses creó en 2003 el Consejo de Salud de Canadá, que garantiza la transparencia del sistema sanitario y, a la par, una información fiable y promoviendo su responsabilidad y cohesión».
En el caso español, Vigil aboga por crear un «organismo independiente» que pueda «rendir cuentas anualmente al Senado y en el que la representación de las comunidades autónomas sea plena y efectiva», lo que no implicaría, en su opinión, «vuelta alguna al centralismo, sino que simplemente permite ofrecer a los ciudadanos garantías de que los acuerdos que son necesarios en cada caso se adoptan sin demora».
Sin llegar a apostar por revertir la cesión de las competencias, Vigil sí recuerda que dicha descentralización ha conllevado importantísimos incrementos del gasto en personal y farmacéuticos, entre otros capítulos.
