Asturias
55 solicitantes de ayudas a la dependencia fallecieron antes de recibir la prestación
El Principado niega los derechos a los herederos de quienes murieron sin llegar a firmar su plan individual de atención PP e IU señalan que la mitad de los 5.562 beneficiarios ya recibían asistencia pública antes de la aprobación de la ley Bienestar Social reconoce que 1.427 mayores aguardan por atención geriátrica Anuncia que abrirá este año 465 camas en geriátricos y 350 plazas en centros de día
06.05.08 -
LOS DATOS
55 asturianos que aspiraban a recibir un servicio o una prestación económica en el marco de la Ley de la Dependencia, que en Asturias entró en vigor el 23 de abril de 2007, han fallecido antes de que el Principado resolviera su caso. Los herederos de los afectados se han quedado sin la posibilidad de recibir la compensación a la que su familiar aspiraba, ya que la Consejería de Bienestar Social niega el carácter retroactivo de la norma a las personas que no hayan llegado a firmar el plan individual de atención (PIA), esto es, el documento en el que la Administración regional y el solicitante concretan los beneficios a los que tiene derecho.
Así lo explicó ayer el director general de Prestaciones y Servicios de Proximidad, Paulo González, durante una comparecencia en la Junta General del Principado a instancias de los grupos de la oposición, Partido Popular e Izquierda Unida. Fue la parlamentaria conservadora Inmaculada González quien le reprochó que los herederos de las personas dependientes «estén recibiendo como respuesta que, tras el fallecimiento de su familiar, no tienen derecho a nada, a pesar de que la ley dice, claramente, que el derecho es retroactivo a la fecha de solicitud». De hecho, el texto legal indica que «el reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración autonómica».
Sin embargo, Paulo González interpreta que el carácter retroactivo de esta norma, presentada como la medida asistencial más importante desde la implantación del sistema público de salud, «no llega hasta que el beneficiario firma su PIA, porque es ahí donde se especifica a qué recursos tiene derechos. No podemos considerar retroactivos los casos en los que aún no ha quedado claro si el beneficiario opta por una plaza en residencia o, por ejemplo, el pago al cuidador».
Sus palabras no fueron aceptadas ni por Inmaculada González ni por la portavoz de IU, Noemí Martín, quienes insistieron al director general de Prestaciones y Servicios de Proximidad en el carácter retroactivo de la ley y le reprocharon los retrasos «con los que el Principado está trabajando». «La ley habla de un plazo de tres meses entre la presentación de la solicitud y la conclusión del proceso y aquí se está tardando hasta un año», criticó la diputada del PP.
De hecho, la tardanza en la respuesta a los usuarios que, tal y como ya adelantó EL COMERCIO, ha llegado a superar los diez meses, fue el único error aceptado por el PSOE, cuya portavoz en el debate, Clara Costales, reconoció que «es un hecho que no se están cumpliendo los plazos».
Todos antes del verano
No obstante, Costales destacó el impulso «realizado en los últimos meses», en el ritmo de valoraciones y firma de resoluciones, «tras el fuerte incremento de personal». En esa línea, Paulo González recordó que el compromiso es «que todos los grandes dependientes de grado tres tengan su PIA antes del verano» y que, par ello, «hemos incorporado a casi 30 personas más, además del refuerzo de 25 asistentes sociales».
De nuevo sus palabras fueron acogidas con incredulidad por parte de los grupos de la oposición, que criticaron el hecho de que «en un año de entrada en vigor de la ley, las personas realmente beneficiadas sean las menos». Y es que, de los 5.562 actuales beneficiarios, sólo 1.500 son nuevos perceptores de un servicio y 1.236 de una percepción. «Para este viaje, no eran necesarias tantas alforjas», sentenció Inmaculada González.
Así lo explicó ayer el director general de Prestaciones y Servicios de Proximidad, Paulo González, durante una comparecencia en la Junta General del Principado a instancias de los grupos de la oposición, Partido Popular e Izquierda Unida. Fue la parlamentaria conservadora Inmaculada González quien le reprochó que los herederos de las personas dependientes «estén recibiendo como respuesta que, tras el fallecimiento de su familiar, no tienen derecho a nada, a pesar de que la ley dice, claramente, que el derecho es retroactivo a la fecha de solicitud». De hecho, el texto legal indica que «el reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración autonómica».
Sin embargo, Paulo González interpreta que el carácter retroactivo de esta norma, presentada como la medida asistencial más importante desde la implantación del sistema público de salud, «no llega hasta que el beneficiario firma su PIA, porque es ahí donde se especifica a qué recursos tiene derechos. No podemos considerar retroactivos los casos en los que aún no ha quedado claro si el beneficiario opta por una plaza en residencia o, por ejemplo, el pago al cuidador».
Sus palabras no fueron aceptadas ni por Inmaculada González ni por la portavoz de IU, Noemí Martín, quienes insistieron al director general de Prestaciones y Servicios de Proximidad en el carácter retroactivo de la ley y le reprocharon los retrasos «con los que el Principado está trabajando». «La ley habla de un plazo de tres meses entre la presentación de la solicitud y la conclusión del proceso y aquí se está tardando hasta un año», criticó la diputada del PP.
De hecho, la tardanza en la respuesta a los usuarios que, tal y como ya adelantó EL COMERCIO, ha llegado a superar los diez meses, fue el único error aceptado por el PSOE, cuya portavoz en el debate, Clara Costales, reconoció que «es un hecho que no se están cumpliendo los plazos».
Todos antes del verano
No obstante, Costales destacó el impulso «realizado en los últimos meses», en el ritmo de valoraciones y firma de resoluciones, «tras el fuerte incremento de personal». En esa línea, Paulo González recordó que el compromiso es «que todos los grandes dependientes de grado tres tengan su PIA antes del verano» y que, par ello, «hemos incorporado a casi 30 personas más, además del refuerzo de 25 asistentes sociales».
De nuevo sus palabras fueron acogidas con incredulidad por parte de los grupos de la oposición, que criticaron el hecho de que «en un año de entrada en vigor de la ley, las personas realmente beneficiadas sean las menos». Y es que, de los 5.562 actuales beneficiarios, sólo 1.500 son nuevos perceptores de un servicio y 1.236 de una percepción. «Para este viaje, no eran necesarias tantas alforjas», sentenció Inmaculada González.
