Asturias
Sólo 36 usuarios pagan el precio completo de su estancia en una residencia pública
06.05.08 -
COMPARECENCIA. Paulo González lee sus notas mientras interviene el gerente del ERA, Julio Bruno. / MARIO ROJAS
Sólo 36 asturianos de los 3.603 alojados en una plaza geriátrica pública pagan su precio total, fijado este año en 1.200 euros mensuales. Del resto, la inmensa mayoría, fijada en casi el 90%, sólo aporta entre 300 y 350 euros, cifra tomada del 75% de la cuantía de su pensión. Esos son algunos de los datos facilitados ayer ante la Junta General por Julio Bruno, gerente de Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA), el organismo que gestiona todas las residencias dependientes de Bienestar social en la región.
Bruno, que precedió a su compañero de equipo Paulo González en la comparecencia ante los grupos con representación parlamentaria, protagonizó la interpelación más densa y polémica, ya que fue acusado por el PP de «maquillar» los datos y por IU de «abrir la espita a la privatización» de los centros de mayores.
En el primer combate dialéctico, el gerente del ERA y la diputada conservadora Inmaculada González se enzarzaron sobre la existencia o no de lista de espera geriátrica. Según explicó Julio Bruno «hay 1.427 personas, entre válidos y asistidos, que solicitan una plaza geriátrica, pero no están en lista de espera, sino en situación de ordenación de la demanda». Este cambio de denominación fue criticado por González, quien le acusó de «confundir a los asturianos, porque la consejera de Bienestar Social se hartado de repetir que ya no hay lista de espera, porque la Ley de la Dependencia no lo permite, y ahora usted reconoce que hay 1.400 personas que aguardan un recurso».
Culpa a los ayuntamientos
Bruno culpó de esa situación a los servicios sociales municipales, que no informan adecuadamente a las personas «de que deben solicitar ser valoradas por la Ley de la Dependencia, en lugar de por la Ley del Anciano que regulaba, hasta ahora, el acceso al ERA».
De hecho, el gerente del ERA aseguró tener problemas con ayuntamientos como los de Oviedo, Teverga o Grado, a los que ya ha insistido «en la necesidad de que los trabajadores sociales informen a todos los interesados de que deben solicitar ser valorados como dependientes». No obstante, añadió que la demanda será atendida con la apertura, este año, de 465 nuevas plazas residenciales, así como 350 en centros de día.
Y si con el PP discutió sobre la realidad o no de la lista de espera, con IU el debate se centró en la privatización del centro residencial que se abrirá en breve en Sotrondio. Bruno utilizó el argumento de que la gestión indirecta de ese centro ya había sido acordada por la anterior consejera de Bienestar Social, Laura González, madre de la diputada de IU Noemí Martín. Ésta lo negó y exigió al gerente del ERA «valentía para admitir que es una decisión política que toman ustedes. No figura en el convenio firmado con Sedes (la empresa que hace la obra)». Bruno insistió en que la decisión «estaba tomada ya» y avanzó que «haremos lo mismo en Lastres».
Bruno, que precedió a su compañero de equipo Paulo González en la comparecencia ante los grupos con representación parlamentaria, protagonizó la interpelación más densa y polémica, ya que fue acusado por el PP de «maquillar» los datos y por IU de «abrir la espita a la privatización» de los centros de mayores.
En el primer combate dialéctico, el gerente del ERA y la diputada conservadora Inmaculada González se enzarzaron sobre la existencia o no de lista de espera geriátrica. Según explicó Julio Bruno «hay 1.427 personas, entre válidos y asistidos, que solicitan una plaza geriátrica, pero no están en lista de espera, sino en situación de ordenación de la demanda». Este cambio de denominación fue criticado por González, quien le acusó de «confundir a los asturianos, porque la consejera de Bienestar Social se hartado de repetir que ya no hay lista de espera, porque la Ley de la Dependencia no lo permite, y ahora usted reconoce que hay 1.400 personas que aguardan un recurso».
Culpa a los ayuntamientos
Bruno culpó de esa situación a los servicios sociales municipales, que no informan adecuadamente a las personas «de que deben solicitar ser valoradas por la Ley de la Dependencia, en lugar de por la Ley del Anciano que regulaba, hasta ahora, el acceso al ERA».
De hecho, el gerente del ERA aseguró tener problemas con ayuntamientos como los de Oviedo, Teverga o Grado, a los que ya ha insistido «en la necesidad de que los trabajadores sociales informen a todos los interesados de que deben solicitar ser valorados como dependientes». No obstante, añadió que la demanda será atendida con la apertura, este año, de 465 nuevas plazas residenciales, así como 350 en centros de día.
Y si con el PP discutió sobre la realidad o no de la lista de espera, con IU el debate se centró en la privatización del centro residencial que se abrirá en breve en Sotrondio. Bruno utilizó el argumento de que la gestión indirecta de ese centro ya había sido acordada por la anterior consejera de Bienestar Social, Laura González, madre de la diputada de IU Noemí Martín. Ésta lo negó y exigió al gerente del ERA «valentía para admitir que es una decisión política que toman ustedes. No figura en el convenio firmado con Sedes (la empresa que hace la obra)». Bruno insistió en que la decisión «estaba tomada ya» y avanzó que «haremos lo mismo en Lastres».
