
Un juzgado madrileño les ha citado, junto a otras 15 personas más -entre ellos, una decena de directivos de la citada entidad financiera-, para responder como posibles autores o partícipes de cuatro presuntos delitos: administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa al socio del derecho de información y cohecho.
Los hechos a aclarar se refieren a la compra, el 16 de marzo de 1999, del 45,3% de las acciones de Aguas de Fuensanta (de la que Rodrigo Rato y su hermano Ramón eran los principales accionistas) por parte de Banesto, operación que costó cerca de seis millones de euros y que se produjo en pleno proceso de desinversiones industriales en el banco. Según la querella presentada por dos accionistas minoritarios del Santander, los abogados Antonio Panea Yeste y Francisco Franco Otegui, dicha suma resulta «desorbitada» para una sociedad que, según ellos, estaba en «quiebra técnica», por lo que el verdadero objetivo de la transacción sería, en su opinión, «ganarse el favor» del propio Rato, entonces ministro de Economía con el Gobierno del PP.
Admitida a trámite
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió a trámite dicha querella en enero de 2006, pero hasta ahora no había resuelto entrar a fondo en el tema. Durante ese tiempo, y como primeras diligencias, el magistrado requirió varios informes periciales y pruebas documentales, entre ellas las auditorias realizadas a Aguas de Fuensanta en los ejercicios de 1998 y 1999. Asimismo, se informó sobre el estatus jurídico de Rato de cara a su citación, ya que en aquel momento disfrutaba de una aforamiento (protección) especial como jefe del FMI.
Con el Santander
Cuando se produjo la venta de la compañía, Banesto ya estaba integrado en el Santander (que lo compró tras ser intervenido por el Banco de España en diciembre de 1993), y era dirigido por Alfredo Sáenz, también imputado y ahora vicepresidente y consejero delegado de la entidad cántabra.
Los querellantes sostienen que tanto Alfredo Sáenz como sus consejeros autorizaron una operación «perniciosa» para los intereses de los accionistas del banco, ya que -según el precio abonado- se valoró en casi 12,3 millones de euros una sociedad (Fuensanta) con una deuda de 9,4 millones al cierre de 1998, frente a unos fondos propios de 'sólo' 6,9 millones, y que además tenía pendiente con Banesto un crédito de 3 millones.





