OPINIÓN CARTAS
A vueltas con la Semana Negra
06.05.08 -
Causa cierta extrañeza ver cómo desde la mayoría gubernamental del Ayuntamiento de Gijón (PSOE-IU) se deshacen en buscar complejas alternativas para eludir, una vez más, el acatar el espíritu de las sentencias judiciales sobre la ubicación de la Semana Negra. Ellos que tanto hablan de legalidad y Estado de derecho, que tanto apelaron a ese tema para sustentar su supuesta no implicación en el 'caso Cándido y Morala', no dudan ahora en colocar la Semana Negra a unas distancias de viviendas que no se corresponde con lo fijado en reiterada jurisprudencia sobre este asunto. Serán ahora los vecinos de Pando y Marqués de San Esteban los que, además de padecer obras de esas que nunca se acaban, esperarán cómo se les construyen torres de grandes dimensiones a su alrededor al ritmo de la 'muñeca Chochona' y del «dos por uno, dos por uno y me quedo sin ninguno».
También causa estupor la improvisación que sobre este tema tiene el equipo municipal. ¿Cómo es posible que si se sabe desde el año pasado, o más, que la ubicación no podrá ser en las inmediaciones de El Molinón, no han logrado buscar una alternativa de futuro que permita la celebración de la Semana Negra en un lugar adecuado que minimice los perjuicios a las personas y que impida que pueda dañarse un espacio como la playa de Poniente? ¿Será improvisación o será ambigüedad calculada? ¿Será una forma de hurtar a la ciudadanía de un auténtico debate sobre este tema? Cabe también preguntarnos por qué debería creer la ciudadanía de los barrios afectados ahora que esta ubicación será provisional y no definitiva, pues ninguno de los datos dados por nuestros próceres municipales y, sobre todo, la experiencia con su lealtad a la palabra dada hacen más que dudosas sus nuevas promesas.
¿Y esto para qué? La Semana Negra hace tiempo que ha dejado ser un evento literario para convertirse en una fiesta más del verano gijones, lo cual no es ni bueno ni malo en sí, pero ofende que se nos intente vender como la quintaesencia de la progresía lo que es, ni más ni menos, que una 'gran romeriona', eso sí, que se gestiona en la forma del 'pan y circo' del que hablaban los romanos. También ofende que el Ayuntamiento de Gijón haga tantos esfuerzos para salvar un evento que gestiona una entidad privada, autodenominada asociación cultural, con criterios claramente mercantiles, con suelo público gratuito y donde los amigos del poder gestionan fondos con bastante oscurantismo.
La Semana Negra es una forma más de privatizar y convertir en negocio para unos pocos el ocio gijones, pero, cuando hay problemas, ahí está el ayuntamiento para proteger a los amigos. No se le ve tan preocupado al Ayuntamiento de Gijón en evitar que se cierren los astilleros o la Mina La Camocha; a lo mejor, ahí los trabajadores no son tan amigos como otros. La Semana Negra, en el fondo y en la forma, es un negocio privado, que gestiona dinero público, donde las formas de contratación laboral y mercantil del neoliberalismo más salvaje están al orden del día.
¿Es eso lo que protege la mayoría gubernamental en Gijón? Mejor nos ocupábamos de evitar los accidentes laborales en el evento, de impedir que la Policía Local se dedique a la persecución indiscriminada de las personas del llamado 'top manta', de garantizar que quien allí trabaja tenga contrato, Seguridad Social, no trabaje más de ocho diarias, etcétera.
Ante estas opiniones que aquí vierto, alguien saldrá con la demagogia de que queremos cargarnos la Semana Negra; nos acusarán casi por ello de traidores a la 'patria playa', y es que Gijón y sus próceres se parecen bastante al PRI mexicano. Algunos defendemos que pueda mantenerse un evento lúdico-festivo como la Semana Negra, pero con gestión transparente, con control público de lo que se hace y cómo se hace en suelo municipal. Y, sobre todo, con control publico del dinero público. Queremos una fiesta con chiringuitos, pero no que la fiesta siga siendo un chiringuito. Creemos en un replanteamiento, a fondo, de las formas y de los objetivos de este evento. Y, cómo no, queremos que se busque una espacio o se construya uno para la ubicación de este tipo de eventos, donde se perjudique lo menos posible al vecindario colindante y que sea accesible para cualquier tipo de asociación o entidad, no sólo para las que dicen que aman a los jefes de turno. Y también una Semana Negra donde se respeten los derechos de los trabajadores nativos y emigrantes. Somos muchos los que creemos que ello es posible y que no hay ningún obstáculo, ni legal ni social, que lo impida. Si no se hace es por otro tipo de planteamientos políticos no suficientemente explicados a la ciudadanía gijonesa.
También causa estupor la improvisación que sobre este tema tiene el equipo municipal. ¿Cómo es posible que si se sabe desde el año pasado, o más, que la ubicación no podrá ser en las inmediaciones de El Molinón, no han logrado buscar una alternativa de futuro que permita la celebración de la Semana Negra en un lugar adecuado que minimice los perjuicios a las personas y que impida que pueda dañarse un espacio como la playa de Poniente? ¿Será improvisación o será ambigüedad calculada? ¿Será una forma de hurtar a la ciudadanía de un auténtico debate sobre este tema? Cabe también preguntarnos por qué debería creer la ciudadanía de los barrios afectados ahora que esta ubicación será provisional y no definitiva, pues ninguno de los datos dados por nuestros próceres municipales y, sobre todo, la experiencia con su lealtad a la palabra dada hacen más que dudosas sus nuevas promesas.
¿Y esto para qué? La Semana Negra hace tiempo que ha dejado ser un evento literario para convertirse en una fiesta más del verano gijones, lo cual no es ni bueno ni malo en sí, pero ofende que se nos intente vender como la quintaesencia de la progresía lo que es, ni más ni menos, que una 'gran romeriona', eso sí, que se gestiona en la forma del 'pan y circo' del que hablaban los romanos. También ofende que el Ayuntamiento de Gijón haga tantos esfuerzos para salvar un evento que gestiona una entidad privada, autodenominada asociación cultural, con criterios claramente mercantiles, con suelo público gratuito y donde los amigos del poder gestionan fondos con bastante oscurantismo.
La Semana Negra es una forma más de privatizar y convertir en negocio para unos pocos el ocio gijones, pero, cuando hay problemas, ahí está el ayuntamiento para proteger a los amigos. No se le ve tan preocupado al Ayuntamiento de Gijón en evitar que se cierren los astilleros o la Mina La Camocha; a lo mejor, ahí los trabajadores no son tan amigos como otros. La Semana Negra, en el fondo y en la forma, es un negocio privado, que gestiona dinero público, donde las formas de contratación laboral y mercantil del neoliberalismo más salvaje están al orden del día.
¿Es eso lo que protege la mayoría gubernamental en Gijón? Mejor nos ocupábamos de evitar los accidentes laborales en el evento, de impedir que la Policía Local se dedique a la persecución indiscriminada de las personas del llamado 'top manta', de garantizar que quien allí trabaja tenga contrato, Seguridad Social, no trabaje más de ocho diarias, etcétera.
Ante estas opiniones que aquí vierto, alguien saldrá con la demagogia de que queremos cargarnos la Semana Negra; nos acusarán casi por ello de traidores a la 'patria playa', y es que Gijón y sus próceres se parecen bastante al PRI mexicano. Algunos defendemos que pueda mantenerse un evento lúdico-festivo como la Semana Negra, pero con gestión transparente, con control público de lo que se hace y cómo se hace en suelo municipal. Y, sobre todo, con control publico del dinero público. Queremos una fiesta con chiringuitos, pero no que la fiesta siga siendo un chiringuito. Creemos en un replanteamiento, a fondo, de las formas y de los objetivos de este evento. Y, cómo no, queremos que se busque una espacio o se construya uno para la ubicación de este tipo de eventos, donde se perjudique lo menos posible al vecindario colindante y que sea accesible para cualquier tipo de asociación o entidad, no sólo para las que dicen que aman a los jefes de turno. Y también una Semana Negra donde se respeten los derechos de los trabajadores nativos y emigrantes. Somos muchos los que creemos que ello es posible y que no hay ningún obstáculo, ni legal ni social, que lo impida. Si no se hace es por otro tipo de planteamientos políticos no suficientemente explicados a la ciudadanía gijonesa.
