
Este es el primer paso de las diligencias previas derivadas de la denuncia interpuesta en 2003 por el que fuera concejal de URAS, Antonio Murias, contra el entonces alcalde cangués por supuestas «irregularidades» urbanísticas. La demanda también se extiende al arquitecto Patricio Martínez.
El requerimiento de las acreditaciones de senador se debe a la condición de aforado del ex alcalde. Por ello, la acusación espera que una vez reconocida formalmente esta condición, el juez solicite de nuevo a la Cámara Alta la autorización para iniciar el procesamiento contra el ex regidor. No obstante, quedará en manos del juez archivar o dictar el auto de procesamiento contra los querellados.
La acusación considera que sería «escandaloso» que el Senado no concediera la autorización para iniciar el proceso, «ya que existen sospechas y prueba suficientes para imputar a Cuervo estos delitos». Además, recuerda que «también el Ministerio Fiscal, y a la vista de las pruebas periciales realizadas, reclama que siga adelante la querella por presento delito urbanístico».
Querella «documentada»
El ex concejal Antonio Murias, considera que la petición del Juzgado de Cangas del Narcea sobre la certificación de la condición de senador de José Manuel Cuervo, «demuestra que nuestra denuncia de posibles irregularidades urbanísticas estaba suficientemente documentada».
Aclara que éste es un proceso que lleva en litigio cinco años. «Por mi obligación de concejal y mi compromiso con los cangueses de hacerlo bien y denunciar los posibles chanchullos urbanísticos, nunca lo utilicé como arma política, sino con el único interés de que se haga justicia y se pusiera fin a las irregularidades urbanísticas», afirmó ayer a EL COMERCIO.
El informe pericial -de casi cien folios- en que se basa la acusación incluye una serie de actuaciones llevadas a cabo en Cangas del Narcea que podrían ser consideradas como «irregularidades».
Ese es el caso de un edificio construido en la avenida del Acebo construido por Inversiones El Acebo. Según el informe, el bloque «ocupa totalmente el espacio calificado en las Normas Subsidiarias como zona verde pública, que posteriormente pasó a denominarse zona libre vinculada a la edificación». En las conclusiones se dice también que «no era susceptible de edificación el suelo bajo rasante, de acuerdo con la normativa existente en el momento de la concesión de la licencia de obras». Además, señalan, «se obtuvieron aprovechamientos lucrativos» en el citado espacio por seis viviendas y diecisiete plazas de garaje, con una estimación presupuestaria de 421.039 euros.
Usos «lucrativos»
Otro de los edificios denunciados está situado en la avenida de Leitariegos y fue realizado por Promociones El Caleal. El informe pericial indica que los espacios situado entre los números 2 y 4 están calificados como «vías y espacio libre público» y, por tanto, «no se puede hacer de él ningún uso lucrativo». Apunta también que al amparo de la licencia municipal de obras, «una parte de los usos urbanísticos dados por ella, son incompatibles con la normativa existente en el momento de su concesión».
En el Barrio Nuevo se denuncian posibles «irregularidades» en los números 13, 15 y 17, levantados por Construcciones Adralés. En estas zonas «se han ocupado 28 metros cuadrados de terreno público con un valor estimado de de 60.311 euros», según los peritos. En este caso, según la acusación, se debería de desafectar el terreno público para su posterior venta a la empresa que llevó a cabo las obras.
Por último, y a petición del Ministerio Fiscal, se adjuntó al expediente el edificio construido, también por Adralés, en la calle Clarín. Un bloque «que fue parcialmente construido en terrenos de propiedad del Ayuntamiento de Cangas del Narcea en una superficie de 236 metros cuadrados». El informe pericial señala que pudo haber «un aprovechamiento lucrativo» en el bajo comercial y la zona de garajes, con un valor de 83.890 euros.
«Denuncia política»
El senador socialista por Asturias y ex alcalde de Cangas del Narcea, José Manuel Cuervo, afirmó ayer que la querella criminal contra él presentada hace cinco años por el portavoz de URAS por posibles irregularidades urbanísticas «tiene unas connotaciones estrictamente políticas».
Según el anterior regidor, este proceso se ha ido dilatando porque la acusación «ha venido recusando de forma reiterada a los técnicos que eran llamados como peritos. Los recusaban porque les imputaban connotaciones de proximidad a mí por razones políticas». También recordó que el PP de Cangas también trató de personarse en la causa, «pero el juez no lo admitió».
Cuervo explica que la petición del juzgado para que se acredite su condición de miembro de esta cámara «es un trámite formal».





